El deslizamiento de tierra de Lomas del Rubí podría convertirse en una nueva tragedia en Tijuana, en detrimento de la integridad de alrededor de 280 familias y su patrimonio tanto en Lomas del Rubí como en el fraccionamiento Valle del Pedregal.
Pese a que los gobiernos municipal y estatal tienen años sabiendo que el deslizamiento sigue activo y continúan los escurrimientos de agua que contribuyen a la inestabilidad del terreno, no existe fecha para llevar a cabo un estudio geológico que defina obras de remediación para estabilizar la ladera, y menos para hacer dichas obras.
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Tampoco hay fecha para que el Cabildo apruebe la Declaratoria de Riesgo de la zona, con la que podría delimitarse algún área no apta para ser habitada, en una omisión y negligencia por parte de las autoridades.
Desde febrero de 2018, la masa de tierra y escombros de las 167 viviendas colapsadas en Lomas del Rubí ha avanzado al Oeste, derrumbando totalmente una casa y causando daños estructurales a otra en el fraccionamiento Valle del Pedregal, ubicado en la parte baja de la ladera, sobre el Bulevar Cuauhtémoc Sur.
Aunque hay discrepancia en cuanto a la cantidad de metros que se ha deslizado la masa de tierra, ya que según el Colegio de Ingenieros Civiles han sido 40 metros y Grupo Melo argumenta 200 metros, en los primeros nueve meses de 2023, el deslizamiento avanzó aproximadamente tres metros según Protección Civil municipal, que ya etiquetó 13 viviendas en Rojo (alto riesgo) en la privada Rocío.
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En una de las dos casas habitadas residen Alexis García y su familia. Relata que cuando empezaron las lluvias fuertes, hace siete meses, la tierra destruyó completamente la primera casa de la privada y dejó afectaciones visibles a la segunda. La masa de tierra cerró el paso vehicular, por lo que sólo es posible acceder caminando, por un estrecho espacio en la acera.
Su vivienda aún no presenta daños estructurales. Cuenta con electricidad y agua, pero no tiene internet. “Aunque Protección Civil nos dijo que no era apto vivir aquí por el riesgo que hay, no hay dónde moverse, entonces, aquí estamos nosotros”, compartió a ZETA.
Raúl Rivera, presidente de la Asociación del fraccionamiento Valle del Pedregal (que sólo contempla la primera sección totalmente habitada de 163 casas), expresa la preocupación de los residentes que “simplemente ven esa montaña moviéndose, moviéndose” y cada vez más cerca de sus casas. En su opinión, el deslizamiento de tierra de Lomas del Rubí “puede convertirse en una de las tragedias más anunciadas” por la omisión de las autoridades.
Mariana Morales, representante de los damnificados de 2018, advierte que están en riesgo 120 familias que habitan en las calles Liberal Patria y Libertad de Expresión en Lomas del Rubí. “Desde entonces solicitamos obras de mitigación para estabilizar, retener y salvaguardar la zona, dado que no queríamos que se afectara más el lugar”, pero éstas nunca se llevaron a cabo, sigue moviéndose la tierra y colapsando viviendas.
Los damnificados pidieron al Gobierno del Estado realizar un estudio geológico integral con el fin de establecer la causa que originó el deslizamiento y fincar responsabilidades, con la idea de que la empresa Comercializadora Edifícate, SA de CV (conocida como Grupo Melo) ocasionó el siniestro, así como para establecer medidas de mitigación para que no siga afectando más casas.
En diciembre de 2020, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez asignó un contrato por 3 millones 507 mil pesos a EPGC, S de RL de CV para elaborar dicho estudio, pero cinco meses después, en mayo de 2021, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) terminó anticipadamente el contrato, aduciendo que la Secretaría de Hacienda no había transferido los anticipos a la empresa, pese a recibir las facturas.
La disposición para que el gobierno pague el estudio cambió en la actual administración, ya que a decir de Catalino Zavala Márquez, secretario general de Gobierno del Estado, el estudio se hará como parte de la denuncia que presentaron los damnificados contra Grupo Melo en la Fiscalía General del Estado (FGE) y se obligue al pago a los presuntos responsables. No obstante, reconoció que la carpeta de investigación “está en todos los procesos de integración” y no ha sido judicializada.
Respecto a quién será responsable si se registra una afectación mayor en la próxima temporada de lluvias, “primero esperamos que no suceda; segundo, se está protegiendo el tema de la integridad de las propias familias; y tercero, no se puede frenar este deslizamiento, está activo y no es un tema de ingeniería para poder contenerlo”, dijo Zavala.
Visión que contrasta con la opinión del Colegio de Ingenieros de Tijuana, el asesor en geotecnia del Ayuntamiento, Javier Franco, y el propio Grupo Melo, quienes concuerdan en que un estudio integral puede definir obras para estabilizar la zona.
La discrepancia radica en quién debe pagar el estudio integral y las obras de remediación. Para Grupo Melo es claro que esos costos deben ser absorbidos por el gobierno, ya que el Estado permitió la invasión de los taludes del fraccionamiento Valle del Rubí, y posteriormente coadyuvó a regularizar esas invasiones en lo que fue Lomas del Rubí, sin dotarlas de agua y drenaje, permitiendo que esas aguas fueran vertidas en la ladera. Aunado a que no vigiló que las construcciones se hicieran conforme a las necesidades del suelo.
Para el Colegio de Ingenieros Civiles, así como para las autoridades estatales y municipales quien debe pagar es Grupo Melo, al considerar que fue responsable de un mal corte de talud que desestabilizó la zona.
INACCIÓN DE LA AUTORIDAD: UNOS Y OTROS SE DESENTIENDEN
Cuestionado respecto a la humedad que presentan alrededor de cuatro viviendas en la privada Rocío y el escurrimiento de agua hacia el fraccionamiento Valle del Pedregal, Víctor Daniel Amador Barragán, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), reconoció que el drenaje está sepultado en la ladera de la colina, por lo que no hay manera de acceder y no se pueden hacer obras.
“Ahí procedería es esperar a que salga la Declaratoria de Riesgo por deslizamiento del Instituto Metropolitano de Planeación para que establezca cuáles son las zonas que deben estar habitadas y cuáles no, y de esa manera modificar los usos de suelo, pero ahorita el asunto es que es una zona activa, hay deslizamientos y en estricto sentido no deberían estar habitadas o no deberían tener servicio, sin embargo, la gente sigue en la zona”.
Por su parte, Juan Enrique Bautista Corona, secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, afirmó que el Instituto Metropolitano de Planeación (Implan) está trabajando en la Declaratoria de Riesgo y “este año tiene que salir”.
RESOLUCIÓN DEL TEJA PERMITE MODIFICAR PRIVADA
El 7 de julio de 2023, el Juzgado Cuarto del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) resolvió a favor de Comercializadora Edifícate, SA de CV, dejando sin efecto, parcialmente, la suspensión que en 2018 había impuesto el Ayuntamiento para que no siguiera construyéndose el fraccionamiento Valle del Pedregal.
La resolución del TEJA ratifica la sentencia interlocutoria emitida el 18 de marzo de 2020 en la que se determina que se levanta la suspensión “única y exclusivamente” para las privadas Rocío y Lluvia, “bajo el argumento de que la fracción del terreno en que se ubican las edificaciones de dicha privada no se encuentran inmersas dentro del área afectada”.
Situación que ya cambió, debido a que Protección Civil etiquetó 13 casas en Rojo y dos inmuebles con daños estructurales por el deslizamiento. Sin embargo, a decir de Raúl Melo Reyna e Ignacio Melo Cabañas, director general y director de operaciones de Grupo Melo, respectivamente, la empresa está dispuesta a hacer obras de remediación en esas privadas para evitar que se sigan afectando cerca de 35 casas ya construidas que estarían comercializándose por 4 millones de pesos cada una.
Para que el Ayuntamiento autorice tales trabajos, Grupo Melo agendó una reunión con la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez mediante el diputado de Morena, Ramón Vázquez (quien habita en Valle del Pedregal), pero fueron atendidos por Elí Topete Robles, director general del Gobierno, en lo que consideraron una reunión “fallida”, toda vez que “no nos dio una solución, nos dijo que nos llamaban esa tarde, que lo iban a tocar en una mesa de trabajo interno”.
Topete Robles reconoció que la reunión se llevó a cabo, pero aseguró que mientras no se resuelva el proceso judicial presentado por Grupo Melo para que se nulifique la resolución definitiva de la DAU 358/2019 (del 17 de julio de 2019), en la que se sanciona al desarrollador, con base en el dictamen técnico A.E.-A.T.D. 402/2018, el Ayuntamiento “no puede hacer nada”, aunado a que el gobierno municipal no había sido notificado de la sentencia del TEJA, relativa al juicio de nulidad 2796/2019 S.A, al 26 de septiembre pasado. “Yo le dije que lo íbamos a atender, que no era un tema sencillo, porque también está de por medio gente afectada”, indicó Topete Robles.
Sigifredo Mejía Rivera, abogado de Grupo Melo, dijo que por la gran carga de trabajo del TEJA la sentencia fue notificada por boletín, de ahí que el Ayuntamiento argumente no haber recibido la notificación en sus oficinas.
El litigante aclaró que esta resolución del TEJA, que data de julio de 2023, no determina el fondo del asunto sobre quién es el responsable del deslizamiento, ya que Grupo Melo está combatiendo la resolución definitiva de la DAU (358/2019) y todavía no hay fallo, aunque ya se cerró la instrucción al ofrecerse todas las pruebas.
Explicó que en 2018 el Ayuntamiento resolvió suspender definitivamente los trabajos en Valle del Pedregal, solución que fue impugnada en 2019 por la empresa y obtuvo una suspensión provisional y una definitiva (2020) contra la determinación del gobierno municipal. El Ayuntamiento se inconformó e impugnó, y esa queja fue la que el TEJA resolvió a favor de Grupo Melo en julio del año en curso.
A decir de Mejía Rivera, el Ayuntamiento no puede argumentar que deben esperar el fallo del fondo del asunto para acatar la suspensión otorgada a Grupo Melo para trabajar en las privadas Rocío y Lluvia, ya que la Ley otorga las suspensiones para restituir total o parcialmente a los actores mientras sigue su curso el juicio principal.
En ese sentido, “la empresa ya tenía un menoscabo económico y jurídico, porque tiene la necesidad de regularizar algunas viviendas que ya comercializó, algunos permisos de índole administrativo, tenía algunas cargas financieras derivado de unos créditos que solicitó y se empieza a crear un daño para la empresa el que le imposibilite avanzar en una zona que estaba fuera del área colapsada”.
A decir de los Melo, la afectación económica por el deslizamiento y la suspensión del Ayuntamiento asciende a 200 millones de pesos.
ESTUDIOS EN DISPUTA
El dictamen que originó la resolución definitiva de la DAU señala que los rasgos geológicos y deslizamientos antiguos en la zona fueron registrados en el Dictamen de Uso de Suelo con conocimiento pleno de Comercializadora Edifícate, SA de CV antes de iniciar a construir, ya que el desarrollador “retiró gran cantidad de material que compensaba el equilibrio límite de la ladera” sin respetar el procedimiento constructivo, “no llevándose a cabo conforme a las recomendaciones hechas en el Estudio Geotécnico de GEOCIM (Guía de Especificaciones para Movimiento de Tierra), donde los trabajos de corte y estabilización de ladera deberían haberse realizado de abajo hacia arriba, donde se corta y se estabiliza; sin embargo, se realizaron de arriba hacia abajo y sin supervisión de obra geotécnica y geológica.
Para refutar los señalamientos del dictamen de la DAU, Grupo Melo presentó diversos documentos a ZETA, entre los que se encuentra un estudio, el cual refiere “no existe correlación geométrica, geológica y geomorfológica directa entre los hundimientos y desplazamientos observados en la colonia Liberal Lomas del Rubí con el corte efectuado en Valle del Pedregal.
“El asentamiento y deslizamiento observado es de demasiada extensión y profundidad con respecto al corte efectuado al pie del talud” y que el deslizamiento se “magnificó” debido a que existían escarpados significativos que fueron rellenados con suelos y materiales heterogéneos, colocados “seguramente” de manera artesanal.
El estudio -signado por especialistas de cuatro empresas (3GEO, GEOCIM, Geocon Incorporated y Grupo Iteico Euroamericano)- señala que “las condiciones geológicas, topográficas, estratigráficas y de drenaje que propiciaron la falla en Lomas del Rubí prevalecen en estado latente en la zona colindante hacia el Oeste y Suroeste, lo cual puede provocar futuros eventos con características similares”.
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