Entre todas las corporaciones policíacas en Baja California, de acuerdo al secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, General Leopoldo Aguilar Durán, habrá poco más de 8 mil 200 elementos. Aunque esta semana son dos menos.
El 13 de octubre, en Tijuana, asesinos acabaron con la vida de quien fuera director de la Policía en esta ciudad y, hasta antes de su deceso, lo era en la corporación de San Quintín: Mario Martínez, agente por demás apreciado dentro y fuera de la Policía, a quien tomaron con la guardia baja, desprevenido, concentrado en una llamada telefónica que decidió atender en la soledad de su automóvil en lugar de hacerlo en la casa de sus hijos, la cual había visitado para una celebración.
Ese día, el jefe policíaco llegó de San Quintín, solo, en un auto carente de blindaje o seguridad especial. Confiado, como muchas personas, se sentó en el asiento de su carro para hablar tranquilamente con su pareja. En ello estaba cuando dos asesinos pasaron por un lado, dieron una vuelta y uno de ellos descendió para asestarle los mortales disparos.
Nada se sabe de los criminales. Con precisión milimétrica, fueron alertados de cuando el jefe salió, llegaron rápido y con la misma celeridad lo mataron y huyeron. Ningún operativo especial posterior dio con su captura. Tampoco, como suelen hacer los criminales, abandonaron el auto en el que cometieron el ilícito. Aún lo conservan, como también las armas con que acometieron contra Martínez y que, a la luz de los análisis, no han sido utilizadas en otros homicidios o actos delictivos.
Seis días después, también en Tijuana, Dalia Suzeth Espinoza López, agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, salió tranquilamente de su hogar en el fraccionamiento Las Abejas. Con desparpajo y confianza, llevaba de la mano a su niña. La subió en el asiento trasero de su carro y procedió a sentarse en el lado del conductor. Todavía no arrancaba la marcha del vehículo cuando por la parte trasera, un auto cerró el paso a la reversa, un hombre bajó del mismo y disparó sobre la oficial. La mató en el acto.
Dos policías menos en Baja California en un lapso de cinco días. Sin embargo, los ataques a agentes no parecen ser un tema de alarma, de atención o de compromiso para los gobernantes, particularmente para Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El día que mataron al jefe policíaco de San Quintín, tuvo dos actos sociales de entretenimiento, aprovechando su estatus de mandataria estatal, acudió airosa a un juego de beisbol y a un concierto, ambos celebrados en Mexicali. Lo que no tuvo fue algún acto oficial o posicionamiento público para, en su calidad de gobernante líder en el Estado y responsable directa de la seguridad, a través de la secretaría que ella restauró en su administración, enviar un mensaje para los policías y los gobernados. Comprometerse a coordinar esfuerzos o dar el pésame, al tiempo de asumir la responsabilidad de dar con los asesinos. Nada.
En el municipio de San Quintín, tampoco. Pese a haber sido creado en un gobierno morenista, el de Jaime Bonilla, y ser tema político para la arenga presidencial del Presidente Andrés Manuel López Obrador, o incluso para la misma Ávila Olmeda que ahí inició la campaña que la llevaría al Gobierno del Estado, no hubo ni una comunicación oficial más allá de los partes policíacos.
Lejano de la Capital del Estado, San Quintín es un municipio que nació pobre, que crece con conflictos laborales y actos de corrupción por quienes integran el Concejo Fundacional, cuyas transas y excesos fueron expuestas recientemente en el Congreso del Estado, pero sigue funcionando con total impunidad. Allá el jefe de la Policía, Mario Martínez, asesinado el 13 de octubre de 2023, había encontrado aliados y adversarios, entre ellos su número dos, el mismo que le impusieron desde el Concejo y hoy ocupa su lugar.
Ante la impunidad de la que en Baja California como en resto del país, gozan los integrantes de los cárteles de las drogas, se sabe que para mostrar poderío corrompen policías que participen de sus actos criminales, les provean información, les cuiden las espaldas en las investigaciones, los custodien en las huidas y les protejan en enfrentamientos y traslados de drogas y otros ilícitos.
A los policías los matan por una de dos razones: no colaboran con la criminalidad organizada, o porque cedieron al brazo corruptor del narcotráfico y eligieron un bando al cual servir más allá de a la ciudadanía.
Para mantener el estándar de las Naciones Unidas, de contar con 1.94 policías por cada mil habitantes, a Baja California le hacen falta unos 3 mil 200 agentes más, pero de la Academia de Policía egresan muy pocos. Primero, por falta de recurso para mantenerlos en preparación y posteriormente en nómina; segundo, porque muchos de ellos no pasan los filtros de acceso; y tercero, porque se da prioridad a otras corporaciones o instituciones antes que generar policías para los siete municipios de BC y la Secretaría de Seguridad.
En este desolado contexto de seguridad para los bajacalifornianos, también se cuentan aquellos policías que han aprendido a burlar el sistema para sobrevivir dentro de la corporación sin trabajar para la misma: las incapacidades médicas. De los 8 mil 292 elementos policíacos en Baja California, 997 están incapacitados. Incluso en Tijuana y otros municipios se ha detectado a los médicos que desde Issstecali o Servicios Médicos, proveen de incapacidades a agentes sanos, sólo para no cumplir con su trabajo, porque son investigados o porque sirven a algún cártel.
En lo que va de las administraciones de Morena, el bienio de Jaime Bonilla y los dos años de Marina Ávila, 72 policías han sido asesinados en todo el Estado y de todas las corporaciones. En muy pocos casos se da con los asesinos, y en menos casos se investiga a los policías involucrados en actividades extraoficiales e ilícitas.
Es evidente que los Exámenes de Control y Confianza ya no son ni suficientes ni seguros para identificar a los malos elementos y erradicarlos. Una de las líneas de investigación en el asesinato del jefe Martínez radica, precisamente, en parte de la corporación que titulaba en San Quintín.
Muy lamentable la situación que atraviesa la entidad, con corporaciones policíacas vulnerables al crimen organizado, sea por complicidad o por cumplir con su deber, y autoridades insensibles, faltas de compromiso y carentes de un liderazgo para combatir a los delincuentes y fortalecer las policías.
Dos agentes menos en una entidad federativa a la que le faltan más de 3 mil 200 policías es un asunto grave, delicado, que debe ser atendido de fondo por el gobierno.
