Baja California ha estado en la discursiva nacional. Y no precisamente porque, como suele suceder, ocupe los primeros sitios en las estadísticas de la violencia, la inseguridad y la actividad de los cárteles de la droga en el país, sino porque tres actores políticos decidieron entrarle a la polémica en un ambiente político-electoral que se relaciona (y se asemeja) a un comportamiento criminal.
Lo más controvertido es que en Baja California, mientras la oposición permanece en silencio, sin confrontar a los gobiernos emanados de Morena, y sin liderazgos que enfrenten a quienes hoy administran Estado y Ayuntamientos, son tres miembros de la alianza oficial, la que gobierna, quienes se enfrentan en dimes y diretes.
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Efectivamente, de los dichos no pasan a los hechos, o a las denuncias, pero en el camino se tiran con todo… hasta con narcomantas.
Tiene meses ya, que el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez utiliza incluso la tribuna de la Cámara de Senadores para atacar verbalmente a su sucesora, la gobernadora Marina Ávila Olmeda, a quien por cierto todos a su alrededor dejan sola, pues en su defensa no ha salido ni el secretario de Gobierno, Catalino Zavala; ni el secretario de seguridad, Leopoldo Aguilar; ni el coordinador de gabinete, Alfredo Álvarez; mucho menos su esposo, Carlos Torres, cuando en gobiernos anteriores, lo de menos era que el secretario de Gobierno le parara las broncas al gobernador (o lo defendiera, según el caso).
Bonilla dice, sin pruebas, que el gobierno de Baja California, de Morena, tiene nexos con los cárteles de la droga, y se convierte en tema nacional al hacerse notar que ambos actores, el señalador y la señalada, provienen del oficialismo.
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La gobernadora Ávila, aun cuando ha presentado varias denuncias contra el ex mandatario estatal, algunas por violencia política de género, públicamente había tomado el tema a la ligera, cantándole a Bonilla aquella canción del Grupo Firme cuyo estribillo, a todo pecho, dice “Yaaaaaa supérame”, justificando la puntada con una relación tóxica en el ámbito político.
Sin embargo, esta semana, la gobernadora se hermanó con quien no ha sido ni de su círculo ni su aliada política: la alcaldesa de Tijuana, quien vendría a ser el tercer personaje, Montserrat Caballero Ramírez, para al unísono declarar que las unía la misoginia, en relación a que ambas son blanco de las constantes críticas del ex gobernador que fue morenista y hoy coordina al Partido del Trabajo en el Estado.
La polémica que ha generado la alcaldesa de Tijuana alcanzó esta semana a los grupos de narcocorridos. A propósito de las amenazas que han sido dejadas en distintas mantas, presuntamente firmadas por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, para que agrupaciones como Peso Pluma o Fuerza Regida no se presenten en la ciudad, so pena de perder la vida, Caballero Ramírez justificó, asegurando primero, aunque reculando después, que tales cantantes tenían nexos con el cártel de Sinaloa, e hizo un llamado a una investigación por lavado de dinero, dado que, dijo, había sido enterada de la poca venta de boletos que tuvieron, previo a las amenazas públicas.
Esta misma semana, el ambiente político y criminal se unieron con otras amenazas públicas. Una manta contra un regidor de Tijuana y otra señalando de actos de corrupción al secretario general del ayuntamiento de Tijuana, el ex kikista y ex panista, Miguel Ángel Bujanda. Además, fueron localizadas otras advertencias contra elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.
Defendiendo a su secretario del Ayuntamiento, la alcaldesa Caballero, que por alguna razón le tomó aprecio y confianza a quien fue señalado de actos de corrupción en la última administración estatal del PAN en BC, señaló al ex gobernador Jaime Bonilla de estar detrás de la manta con el mensaje amenazante contra Bujanda. Es decir, la edil pasó de defender y ponderar “al ingeniero Bonilla”, su padrino político, a señalarlo de un comportamiento criminal contra uno de los suyos, y, por lo tanto, contra ella.
Ahora sí que, en tales condiciones, ni hace falta una oposición crítica (que no existe), pues entre quienes fueron propuestos por Morena para los cargos que ocuparon, se están atacando unos a otros. Lo grave es que están utilizando, o por lo menos haciendo mención, de los cárteles de la droga presentes en Baja California, para señalar supuestas complicidades o actitudes gansteriles.
Este enrarecido ambiente y comportamiento criminal entre quienes, desde el Senado, el Gobierno del Estado o la Alcaldía de Tijuana, deben velar por los intereses de los bajacalifornianos, es francamente deleznable. No aporta en nada al ejercicio del gobierno; y sí genera polémica y distracción sobre los problemas que aquejan a la entidad, y ante los cuales los actores políticos no han tenido ni la capacidad ni la estrategia para combatirlos de manera efectiva.
Los altos índices de criminalidad en Baja California, en Tijuana, siguen creciendo al tiempo que Gobernadora, Senador y Alcaldesa pierden tiempo, esfuerzo y recurso en atacarse unos a otros sin pruebas, sólo con dichos; mientras la realidad del abandono institucional los supera en ámbitos del crecimiento urbano que no se ve, de la estabilidad social que no se aprecia, o de la tranquilidad que no se vive en ninguno de los siete municipios.
La política de gobierno en Baja California está siendo reducida a comportamientos criminales, señalamientos públicos y acusaciones sin fundamentos legales, que lejos de contribuir al desarrollo de la entidad, la sumen en el retroceso del ejercicio público, y la explotación de la narrativa de la complicidad criminal, en un intento por evadir responsabilidades, omisiones, y enfocar los reflectores públicos hacia quien está en la misma trinchera político electoral… mientras, la sociedad bajacaliforniana sigue presa de la inseguridad, la violencia y la falta de oportunidades.
