Además de los “hechos” que Jaime Martínez Veloz tiene previsto denunciar ante la Fiscalía General de la República en su afán de que llevar a la justicia al ex gobernador Jaime Bonilla Valdez y de los que da cuenta en su libro de crónicas sobre el senador en funciones, el político perredista pretende denunciarlo por “reconocer que su gobierno era socio de los cárteles”.
Así lo hizo saber este martes 3 de octubre en sesión de la Asociación Nacional de Periodistas (ANPAC) celebrada en Tijuana y en la que participó como expositor
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El ex candidato de la alianza PAN-PRI-PRD a una diputación federal se refirió a los señalamientos que Bonilla Valdez hizo de la administración estatal, encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda, el 20 de septiembre en el Congreso de la Unión, donde dijo que “el gobierno de Baja California dejó de ser socio de cárteles para convertirse en uno” en cuyo caso compite con “los que ya todos conocemos”.
En opinión de Martínez Veloz con semejantes aseveraciones el tijuanense se incriminó por sí mismo.
“El señor Bonilla todos los días nos da la oportunidad de que él públicamente reconozca y haga oficial mucha información que está aquí”, expuso el también ex candidato del PRD a una diputación, en referencia al libro “El Impostor. Crónicas de un infiltrado del FBI”, y precisó: “Las acusaciones que él hace al actual gobierno deberá presentarlas ante las autoridades correspondientes para demostrar que eso que está acusando es cierto. Pero lo cierto es que en su propia declaración ante el Congreso de la Unión reconoce que su gobierno era socio de los cárteles”.
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De manera que “esa declaración de Jaime Bonilla la haremos llegar a la Fiscalía General de la República y solicitar que lo hagan comparecer para que él aclare en qué consistía esa sociedad. O sea, en esa declaración hace un reconocimiento público de las versiones quizá a veces sesgadas, de las leyendas urbanas o de muchos testimonios incluso de ex trabajadores de él, como la propia Lourdes Maldonado (asesinada en enero de 2022, luego de haber ganado un juicio laboral al ex gobernador de Baja California)”, refirió Martínez Veloz.
Sostuvo que de acuerdo con esos testimonios, Bonilla Valdez ofreció protección a los cárteles y les pidió “dinero prestado para adquirir propiedades, una de ellas en la Tercera y H de Chula Vista (California, EE.UU)”.
El autor de “El Impostor” también expuso que desempeñándose en el Distrito de Agua de Otay, Bonilla aprovechó que tenía “la posibilidad de definir y autorizar la nómina y los pagos que (en la dependencia) realizan a terceros”, lo que dio lugar a verse “enfrentado en Estados Unidos a una serie de acusaciones de corrupción”, circunstancia ante la cual fue “reclutado por el FBI (Buró Federal de Investigaciones), con el propósito de grabar a funcionarios”.
Recriminó que el hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, haya accedido a que “un informante del FBI” emanara de Morena como gobernador de Baja California.
“Este libro decidí sacarlo con 11 temas debidamente documentados, donde están las pruebas de los ilícitos que ha cometido. ¿Son los únicos? No. Pero evidentemente queríamos y creímos que era necesario sacar a la luz pública muchos trabajos (periodísticos) que se habían realizado en forma parcial, en forma importante, pero que ya editados en un contexto tienen mucho más peso político y jurídico. Este libro pensamos presentarlo ante la Fiscalía General de la República, ante la fiscalía del estado junto con otros hechos que han venido siendo del conocimiento público”, indicó.
“Este documento debidamente soportado por la documentación oficial correspondiente formará parte de los argumentos que nosotros presentemos ante las fiscalías nacionales y locales”, agregó.
Además de la versión alusiva a Bonilla Valdez como “infiltrado del FBI”, el libro refiere que la administración encabezada por el tijuanense se beneficiaría con “moches” y que desde ese gobierno se incurrió en extorsión a través de la empresa Fisamex.
Del papel que pueda desempeñar la FGE con motivo de sus denuncias reconoció tener “reservas sobre la posibilidad de una investigación real y efectiva del gobierno”.
Sin embargo, “mi idea es articular lo más posible opciones que le permitan a la ciudadanía enfrentar las decisiones del poder formal y por qué no, luchar”. Concluyó: “quizá no existan las mejores expectativas pero naturalmente la denuncia la tenemos que poner y ante eso tendrá que responder”.
