Estaciones de monitoreo de calidad de aire descompuestas, sin mantenimiento, sin funcionar; un laboratorio convertido en oficinas; y una secretaría rebajada a sub, sin presupuesto o autoridad para llevar un verdadero control y disminuir los niveles de contaminación atmosférica en el Estado; fue lo que quedó luego de que Estados Unidos donara 14 de estas estaciones a la entidad durante la administración de José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013).
Desde 2010, Tijuana y Mexicali se encuentran en el top 10 de las ciudades más contaminadas del país, sobre todo la Capital de Baja California, y en 2014 se reconfirmó esa posición en el estudio “Impactos en salud y en productividad para 34 ciudades mexicanas”, publicado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
A nueve años de ese estudio, ambas ciudades continúan en ese ranking, además, con menos equipo y presupuesto para continuar con los monitoreos, a pesar de que la movilidad urbana y el crecimiento de las ciudades han incrementado los índices de contaminación aérea.
No hay presupuesto
Mónica Vega, secretaria de Medio Ambiente del Estado, comentó en entrevista con ZETA que, al tomar el cargo, sólo funcionaban dos estaciones, de manera intermitente; una de ellas ubicada en el consulado de Estados Unidos en Tijuana (y el mantenimiento hecho por ellos).
A casi dos años en la administración actual, se han rehabilitado dos estaciones más de monitoreo certificadas en la ciudad, pero siguen sin ser suficientes.
“Es un laboratorio que nunca funcionó como laboratorio, sólo que se habilitó el edificio en Otay; por otro lado, sí, en los mejores momentos de la Secretaría en materia de calidad de aire se crearon alrededor de 14 estaciones normadas que fueron donadas por el gobierno estadounidense”, reveló.
Vega hizo hincapié en que los exgobernadores Francisco Vega de Lamadrid (2013-2019) y Jaime Bonilla Valdez (2019-2021) abandonaron el proyecto del monitoreo.
“Estas estaciones de monitoreo, sólo para que se den una idea, cuestan entre cuatro y cinco millones de pesos, y nosotros, desde que llegamos, empezamos a reparar; es por eso que en Tijuana ya tenemos otras dos estaciones, en Tecate una, y hace un par de semanas acabamos de echar a andar una más, también en Tecate”, detalló.
La funcionaria agregó que se está trabajando en colaboración con la empresa Sempra una compensación, para proyectos ambientales, y en el último convenio, están solicitando una estación de monitoreo móvil.
“Todo lo que hemos estado realizando es lo que ya se tenía y estaba abandonado; algunas por cosas mínimas, otras no les funcionaba la computadora, a otras el aire acondicionado, cosas sencillas. Lo que pudimos hacer es armar las que estaban bien”; para ello, ya se cuenta con un lote de refacciones y para darles mantenimiento, detalló a este Semanario.
Falta legislación
Por el contrario, José Carmelo Zavala, subsecretario del Medio Ambiente en la administración de Jaime Bonilla Valdez, señaló que desde que se instalaron las estaciones de monitoreo, el dinero para su mantenimiento nunca se ha considerado en la Secretaría de Hacienda.
“Hace como unos tres años, se compraron dos -estaciones-, una en el gobierno de Kiko -Francisco Vega de Lamadrid- y otra en la administración de Bonilla -Jaime-; pero no se instalaron porque Hacienda nunca las pagó”, confesó.
Asimismo, mencionó que se debe de regular la Norma 144, la cual implica el control de las emisiones atmosféricas, a través de programas de verificación vehicular, tal como sucede en Estados Unidos.
Sin embargo, cuando se instalaron en el Estado, sólo se usó como medida recaudatoria, en lugar de usar ese ingreso para darle mantenimiento a las estaciones y hasta agregar más, de acuerdo a la cantidad de población.
“No se pueden poner porque no hay presupuesto, pero sí hay ingresos desde el giro ambiental, que entra a esta licuadora gigantesca de la administración, pero de ahí no sale nada -para Medio Ambiente-”.
“El presupuesto de la Secretaría ha sido de 50 millones de pesos desde hace muchísimo, desde el gobierno de Jaime Bonilla, que la hizo subsecretaría; ahora regresó a ser Secretaría, pero siguen igual, el dinero no se mueve… El discurso y la narrativa por la preocupación ambiental no se refleja en el presupuesto”, afirmó.
Zavala recalcó que la Ley en Baja California no está legislada para que los centros de verificación de automóviles sean, realmente, con el fin de mejorar la calidad de aire, sino con el fin de recaudar dinero, que tampoco llega a la Secretaría del Medio Ambiente.
Pirotecnia prohibida, sin excepción
El Reglamento de Control y Prevención establece que está prohibida la detonación, salvo en excepciones en temas de construcción, con un permiso de la autoridad municipal; pero tiene que ver con otros temas, no como la pirotecnia como un espectáculo, detalló Mónica Juliana Vega, secretaria de Medio Ambiente en la entidad.
La pirotecnia que la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, usó el pasado 15 de septiembre para celebrar el grito de Independencia, da pie a que particulares hagan lo mismo en sus eventos.
De hecho, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable emitió un oficio, el pasado 20 de septiembre, hacia el Ayuntamiento de Tijuana, por el uso de pirotecnia en las fiestas de Independencia.
Vega dio a conocer que antes de las fiestas de “El Grito”, la dependencia a su cargo envió recordatorios a las autoridades municipales, para que usaran drones; y después del evento, hicieron la observación de la falta al Reglamento.
Tal es el caso del casinero Jorge Hank Rhon, quien constantemente hace uso de ella en los partidos de futbol de los Xoloitzcuintles, eventos como Xpilots, e incluso en la boda de una de sus hijas, el pasado septiembre, a pesar de que no puede haber excepciones, afirmó Mónica Vega.
“En el tema de la pirotecnia no establecimos excepciones, porque en el otro Reglamento se requería de un permiso municipal, que obviamente nadie lo tramitaba; pero en el de nosotros no y sí se establecen sanciones”, dijo.
Entre ellas, una multa de 10 a mil UMAS (es decir, de mil 37 a 103 mil 740 pesos), y si hay reincidencia se puede clausurar el lugar, por faltar al Artículo 48, fracción 1, inciso B del Reglamento.
