Gobernadora y alcaldes en Baja California remueven funcionarios a contentillo personal y político, sin denunciar a los deshonestos
Como candidatos y una vez electos, la gobernadora, las y los alcaldes emanados de Morena que gobiernan Baja California se han esforzado, en discurso, en auto promoverse, presumirse moralmente inmaculados.
Cada vez que algún presunto mal manejo del erario es expuesto, algún funcionario señalado, o la deficiente calidad de algún servicio público es exhibida por la ciudadanía, los gobernantes del partido vinotinto se manifiestan indignados.
Y no falla, siempre recurren a la arenga lopezobradorista y aseguran ser guiados por los preceptos de “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Recuerdan que “nadie tiene seguro su puesto” y repiten que “nadie va a tener garantizado su encargo” por tres o seis años.
Lo anterior viene al caso, porque a los morenos les ha dado por hacer cambios más políticos que fundamentados en las necesidades de sus gobernados, burlando -porque pueden- las “normas, políticas y actividades que rigen los procesos de ingreso, selección, inspiradas en la igualdad de oportunidades, eficacia, transparencia y mérito”, sobre todo lo último, para garantizar la calidad del servicio.
Los recursos humanos se están gestionando a contentillo de los titulares de los poderes ejecutivos. Por Ley y en teoría, un funcionario público debería conservar su trabajo mientras desempeñe sus tareas correctamente, su rendimiento sea suficiente y respete los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
El tema es que ninguno de los funcionarios renunciados ha sido acusado de ineficiente, tampoco de faltar a las exigencias del cargo y menos de violar la Ley o ser deshonesto, razones por las cuales los mandatarios están obligados a denunciarlos, no sólo a removerlos o, como acostumbran los morenistas, solicitarles la renuncia por motivos personales,
Los impuestos de los bajacalifornianos han pagado los sueldos de estos empleados de gobierno y deberían saber por qué a dos años, cuando finalmente parece que medio aprendieron a hacer las cosas, los cambian o los corren, todavía más si van a continuar enquistados en la nómina.
El panorama pinta peor cuando a los nuevos funcionarios no les antecede una mejor fama pública que a los removidos, o cuando su currículum ni siquiera tiene el perfil o reúne los requisitos del encargo. Es así cuando los jefes de los gobiernos estatal y municipales muestran que vulgares intereses partidistas, políticos y personales, están por encima de los millones y de las necesidades de los residentes de Baja California.
Por ejemplo, doña Marina del Pilar Ávila Olmeda barajea aventureramente los temas más delicados: seguridad, educación y bienestar social. Salvador Morales pasó de coordinador de cárceles a rector de la Universidad Tecnológica; ya lleva dos secretarios de Seguridad Ciudadana y dos fiscales en menos de dos años.
En agosto de 2023 retiraron del encargo a Valeria Oseguera Herrera, coordinadora de Bienestar por tratar de comprar voluntades políticas con recursos públicos. Supuestamente su caso fue remitido a la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, pero no lo denunciaron ante la Fiscalía General del Estado, a lo que están obligados. Como tampoco acusaron formalmente al subsecretario, al director administrativo y al director de Fortalecimiento Municipal de Bienestar, a quienes también removerán por una presunta simulación de entrega de apoyos.
La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, tampoco se quedó atrás al anunciar el 22 de agosto nuevos titulares en cuatro dependencias. Hablemos de dos:
En la Secretaría de Desarrollo Económico puso a Luis Cañedo, su ex secretario particular, licenciado en Derecho por la Universidad Xochicalco, con maestría en Ciencias Jurídicas, para suplir al doctor en Economía, investigador y profesor universitario y ex secretario estatal de Desarrollo Económico, Alejandro Mungaray Lagarda.
A Cañedo lo suplió con Juan Manuel Gastélum Rivera, investigado por la Sindicatura del mismo XXIV Ayuntamiento tijuanense porque su empresa Mexikana recibió contratos por 2.6 millones de pesos por parte del Ayuntamiento encabezado por su padre, Juan Manuel Gastélum Buenrostro. Desgraciadamente, el mal chiste se cuenta solo.
Todavía más perdido está el alcalde tecatense Darío Benítez, quien tras dos años de gobierno ha tenido cinco secretarios de Seguridad Pública, dos secretarios generales de Gobierno, tres directores en DIF y tres titulares del Instituto Municipal de la Juventud, entre otros cambios menos numerosos.
Ante tantas remociones resulta imposible no cuestionar sus capacidades de reclutamiento y preguntarse si tiene un plan, si sabe lo que quiere y lo que está haciendo.
Si los funcionarios son deshonestos o ineficientes -como hay varios-, claro que deben ser removidos, pero valdría la pena que la gobernadora y los alcaldes de verdad fueran como se autoproclaman: pilares de la anticorrupción y la transparencia, que denuncien a los corruptos, promuevan investigaciones y sanciones, e informen públicamente para que no sigan incrustados, desgastando el erario.
Ávila Olmeda podría empezar por Edgar Ponce Meza, titular de Atención a Entidades Paraestatales, quien en los últimos cuatro años ha cobrado más de 3 millones de pesos y mantenido plazas en el sector educativo bajacaliforniano desde 1990, además de que recientemente fue denunciado en las páginas de este Semanario.
Es cuestión de que los titulares de los poderes ejecutivos se interesen de verdad, “todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla”.
