Para 2024 se estima que Baja California reciba 67 mil 456.3 millones de pesos de recursos federales, que en términos reales (tomando en cuenta la inflación) representarán una reducción de -0.9% respecto a lo aprobado en 2023.
De aprobar sin cambios el Congreso de la Unión la propuesta de Paquete Económico 2023 -presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 8 de septiembre-, la llegada de menos recursos federales al Estado repercutirá en un menor gasto en obras de infraestructura y para necesidades consideradas prioritarias, como educación y salud.
Las participaciones (recursos sin etiquetar) que recibiría BC ascenderían a 40 mil 065.3 millones de pesos, un marginal aumento de 0.2% en términos reales respecto a lo aprobado en 2023. Por convenios de descentralización, la entidad tendría 3 mil 215.60 millones de pesos, es decir, un incremento de 1.5% en términos reales.
Sin embargo, la entidad federativa gobernada por Marina del Pilar Ávila Olmeda recibiría 24 mil 175.4 millones de pesos por aportaciones (recursos etiquetados), monto inferior en -2.8% en términos reales a lo aprobado en el año en curso.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024, sólo ocho entidades federativas tendrán un incremento real de recursos federales, que va desde 0.4% a 2.1%, siendo Baja California Sur (2.1%) y Querétaro (1.5%), gobernadas por Morena y PAN, respectivamente, las que tendrán mayor incremento.
En total, el gasto que se propone asignar a las entidades federativas será de 2 billones 563.3 mil millones de pesos (0.5% más que lo aprobado en 2023).
Eliseo Díaz González, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), considera que los estados en general “están peor de como estaban antes y se ve: estados que no tienen una gestión brillante o que tienen endeudamientos muy altos, con presupuestos muy altos comprometidos con el pago de intereses, no están modernizando la infraestructura urbana, ni haciendo inversiones importantes y en Baja California y en otros estados se nota mucho eso”.
En su opinión, el flujo de recursos ha sido “inestable” en la actual administración federal, toda vez que en 2020 cayó “drásticamente” y en 2022 tuvo un incremento importante respecto a 2021.
Asimismo, el profesor del Departamento de Estudios Económicos previó que en el futuro habrá presiones “muy fuertes” para que el Gobierno Federal transfiera más dinero o haga más obras en esas localidades.
Tomando en cuenta la tasa promedio de las transferencias federales, incluyendo participaciones y aportaciones, Baja California tuvo un crecimiento promedio por año de 8% entre 2015 y 2018, cantidad mayor al 6.2% que ha crecido de 2019 a 2022.
En el país, la tasa de crecimiento se ha reducido “casi a la mitad”, ya que entre 2015 y 2018 los recursos asignados a los estados crecían 6.4% en promedio cada año, y ahora, de 2018-2022, lo han hecho en 3.6%, lo cual “en términos relativos ha sido menor la cantidad de dinero que se transfiere a los estados”, apuntó Díaz.
PRECARIA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA, EN RIESGO
En opinión de Díaz González, el Paquete Económico 2024 “pone en riesgo la precaria estabilidad macroeconómica” de México, ya que plantea un incremento “muy importante” del déficit y una política fiscal expansionista con más gasto, que generará presiones para una mayor inflación.
Esto último en contrasentido con la política monetaria restrictiva del Banco de México (Banxico), que ha mantenido alta la tasa de interés de referencia para que la inflación vaya desacelerándose.
El Paquete Económico 2024 establece ingresos totales por 7 billones 328 mil 995 millones de pesos y un gasto total de 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos, déficit primario de 1.2% respecto al Producto Interno Bruto (PIB), el más alto en 30 años.
El especialista explicó que el déficit primario quiere decir que el gobierno gastará más que los ingresos que tendrá, lo que implica que deberá contratar deuda para financiar el pago de intereses.
En tanto, el déficit de los requerimientos financieros (la medida más amplia de deuda pública) tendrá un incremento de 5.4% del PIB. Así, la deuda total se situará en 48.8% del PIB, pese al discurso del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que no endeudaría al país.
La deuda “no está al 50%, pero está todavía está muy cerca y el problema es que la política fiscal que ha estado siguiendo el gobierno ha ido sembrando minas en el camino que más adelante van a estallar”, observó el investigador de El Colef en referencia a proyectos presidenciales que no están siendo rentables.
Ejemplos de ello son la Refinería de Dos Bocas, a la que se asignarían 190 mil 929.4 millones de pesos en 2024, pese a ser inaugurada en julio de 2022 y cuyo costo casi se ha triplicado al llegar a los 18 mil 500 millones de dólares; el Tren Maya, que recibiría 120 mil millones de pesos el próximo año, con lo que sumará una inversión de 480 mil millones de pesos, tres veces lo originalmente planteado y que a decir de López Obrador generará utilidades cuando menos en seis años.
“No solamente el problema es el desembolso inicial de capital que se tuvo que hacer, sino que también va a tener que estar financiando costos de operación, como pasa con el Aeropuerto Felipe Ángeles”, al que se asignaron mil 905 millones de pesos en 2024 (aumento de 79.3%) y la nueva aerolínea del Estado mexicano, denominada Mexicana de Aviación, a la que se destinarían 8 mil 341 millones de pesos.
En el PPEF 2024 se estima un gasto social de 1.9 billones de pesos considerando las pensiones contributivas -pagadas a derechohabientes del IMSS e ISSSTE- y transferencias sociales no contributivas. La cantidad equivale a 22% del gasto total del país.
En los programas sociales destaca el aumento del 25% para la pensión de adultos mayores al pasar de 4 mil 800 a 6 mil pesos bimestralmente. En total este programa social tiene asignados 543 mil 393 millones de pesos, que representa 65% del presupuesto de la Secretaría del Bienestar.
Ante la cada vez mayor presión del gasto social sobre las finanzas públicas y el aumento de deuda, el gobierno tendría que recortar más recursos en otras áreas sustantivas y hacerlo más inoperante, como es el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que ha implementado una reducción en las becas y se “está destruyendo el capital intelectual de los próximos años”, señaló Díaz González.
El problema del gasto público es que “es muy difícil bajarlo y los costos de bajarlo son altísimos, porque tienes protestas y otras cosas”, y sólo puede financiarse con más deuda, lo que significa “un pagaré que le estás heredando a las futuras generaciones”, o bien, puede financiarse con más impuestos, “lo que implica frenar la actividad económica y afectar a los grupos productivos”, afirmó el investigador de El Colef.
En ese sentido, recordó que “el feroz endeudamiento” en la década de 1970 tuvo que pagarse con programas de ajuste muy fuertes y empobrecimiento de la población. “No hay recetas buena onda, o humanistas, para resolver esos problemas”, remató.
“IRRESPONSABLE Y ELECTORERO”
Carlos Alberto Valenzuela González, diputado federal integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, calificó el Paquete Económico como “irresponsable y electorero” por la deuda acumulada de 16 billones de pesos que dejará el sexenio de AMLO, pese a que en 2018 estaba en 10 billones de pesos, es decir, el gobierno morenista aumentará la deuda en 60%.
“Es un proyecto de presupuesto irresponsable”, ya que disminuye los recursos a necesidades importantes como a salud. Según el PPEF 2024, la Secretaría de Salud federal tendría un presupuesto de 96 mil 989.6 millones de pesos, reducción de más de la mitad de lo aprobado en 2023.
“Se trata de disfrazar al enviar cerca de 120 mil millones de pesos al IMSS Bienestar, pero ha quedado claro que no ha funcionado desde la desaparición del Seguro Popular”, afirmó el legislador del Partido Acción Nacional (PAN).
Agregó que cuando existía el Seguro Popular, había cerca de 14 mil citas de especialidad médica y ahora con el Insabi y posteriormente con IMSS Bienestar andan en un promedio de 400. En tanto, las áreas de educación (+5.83%) y seguridad (+5.8%) “tienen aumentos mínimos”, apenas superiores a la inflación.
Según el PPEF 2024, las dependencias que tendrían un mayor incremento son la Secretaría de Energía, con 193.1 millones de pesos y un incremento de +291%; Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con 259 mil 433.8 mil millones de pesos (+131.8%); y Secretaría de Marina (Semar), con 71.8 mil millones de pesos (+71.66%).
En contraste, las secretarías de Turismo (-98.6%), Salud (-53.72%), de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (-15.6%), así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales (-7.11%), serán las más castigadas.
Aunque en el PPEF 2024 el Poder Legislativo tiene un aumento de 15%, con un presupuesto asignado en 18 mil 397 millones de pesos y el Poder Judicial un incremento de 9.3%, con un presupuesto de 84 mil 792 millones de pesos, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en San Lázaro, adelantó la intención de eliminar 13 fideicomisos en el Poder Judicial por 25 mil millones de pesos y hacer “ajustes” al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Al respecto, Valenzuela González señaló que Morena acabó con los fideicomisos que existían para la cultura y el deporte al estilo del ex gobernador priista Javier Duarte, que en Veracruz eliminaba fideicomisos y generaba un fondo donde juntaba todo y posteriormente lo distribuía en áreas para las que no fueron creados esos fideicomisos. “Lo mismo está pasando en el Gobierno Federal” que envió a la construcción del Tren Maya la mayoría de los fondos de los fideicomisos desaparecidos, aseveró el panista.
En el PPEF 2024, el presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE) es de 37 mil 770.2 millones de pesos, sin embargo, Mier Velazco también perfiló un recorte de 4 mil millones de pesos originalmente considerados para la construcción de dos edificios, entre otros rubros.
En entrevista telefónica con ZETA, Valenzuela González hizo un llamado a los cerca de 70 legisladores morenistas afines al ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón para sumarse en un proyecto con la oposición para votar un Paquete Económico 2024 con mejores decisiones para el país.
Para Roberto Valero, presidente del Centro de Estudios Económicos de BC, el crecimiento del gasto social es “meramente político-electorero”, enfocado a obtener el voto por apoyos sociales en detrimento de los estados y áreas como salud donde hay desabasto de medicamento, insuficiencia de personal y de infraestructura.
En 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendría un billón 345.9 mil millones de pesos en 2024, pero 65% de ese recurso será para pagar pensiones. En opinión del entrevistado, “se tiene un problemón de pensiones que no se ha querido reconocer” y seguirá en aumento con el cambio demográfico del país, redundando en una peor calidad de los servicios médicos si no se toman medidas.
El gasto total de inversión pública previsto para el próximo año será de 1.10 billones de pesos, de los cuales 42.6% serán ejecutados por Petróleos Mexicanos, Secretaría de Energía y Comisión Federal de Electricidad.
Los proyectos de inversión para Baja California identificados en de las diferentes dependencias federales, son la Carretera Transpeninsular (108.7 millones de pesos, mdp); el Viaducto Elevado de Tijuana (4.3 mil millones de pesos, mmdp) en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); modernización del Acueducto Río Colorado-Tijuana (576.8 mdp), programas de factibilidad de recarga de seis acuíferos en la Península de Baja California (4.0 mdp) en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como la construcción de la clínica familiar del ISSSTE en Mexicali (82.6 mdp).
MÁS INGRESOS TRIBUTARIOS
El abogado fiscalista Daniel Ruiz de la Peña Sandoval afirmó que la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2024 propuesta por la Secretaría de Hacienda plantea incrementar en 9.23% los ingresos totales respecto a lo aprobado para 2023, con lo que se prevé un endurecimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para los contribuyentes cautivos.
La mayor captación de impuestos será por el alza de 41.5% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el aumento de 7.87% del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En contraste, la captación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se reducirá 6.27%.
Según la iniciativa, se actualizará la tasa de retención provisional aplicable a los intereses pagados por el sistema financiero (de los ahorradores), que pasará de 0.15 a 1.48%, un incremento de 887%. Sin embargo, de acuerdo al especialista consultado, las modificaciones no constituyen una miscelánea fiscal.
En la iniciativa de la Ley de Derechos destaca la modificación al Artículo 18-A para crear un fideicomiso para el Tren Maya con el recurso que se capte por la internación de turistas sin autorización de hacer negocios en México.
“En 2023, el 20% de ese dinero iba para el Instituto Nacional de Migración y 80% para la administración aeroportuaria del país”, lo cual significa que la infraestructura para el Tren Maya “no se presupuestó bien y están tomando de otras áreas para terminar este proyecto”, señaló el abogado fiscalista.
Otra modificación se refiere a un incremento de 7.78%, de 210 mil 818.13 a 227 mil 240.86 pesos por la recepción, estudio y trámite de la notificación de concentración del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En tanto, los servicios marítimos ya no serán destinados a la SICT, sino a la Semar.
En la iniciativa de LIF 2024 también se establece una reducción de la carga fiscal de Petróleos Mexicanos por Derecho de Utilidad Compartida, que pasará de 40% en 2023, a 35% en 2024. Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad señala que la inyección total de capital a Pemex asciende a un billón 320 mil millones de pesos, “algo así como cuatro trenes Maya”, destacó Díaz González.
REFORMA FISCAL A LA VISTA
De la Peña Sandoval y Díaz González coincidieron en lo manifestado por diversos especialistas y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) en el sentido de que con el déficit planteado para 2024 será necesaria una reforma fiscal a principios de la próxima administración federal.
Al respecto, Valenzuela González consideró que independientemente del déficit propuesto para 2024, la reforma fiscal es “una reforma de la que estamos urgidos desde hace ya varios sexenios”, porque México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con más baja recaudación de impuestos.
Sobre los Criterios Generales de Política Económica, los entrevistados concordaron con que el crecimiento económico de 3.5% proyectado por Hacienda dependerá mucho de la actividad económica en Estados Unidos y el precio del barril del crudo de las condiciones geopolíticas internacionales.
