Al cierre de edición, miércoles 20 de septiembre, se mantenía en efecto la medida provisional determinada por un juez federal para suspender “cualquier trabajo” de construcción del Viaducto Elevado de Tijuana en los predios de la colonia Libertad, objeto de la Declaración de Utilidad Pública.
Esta medida se emitió por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) el 31 de julio en el Diario Oficial de la Federación, y es materia del juicio de amparo 1003/2023 presentado por un grupo de alrededor de 30 residentes de la colonia Libertad.
Si bien, Gobierno del Estado ha minimizado la resolución, el hecho de que no continúe el proceso de adquisición del derecho de vía del proyecto presidencial podría retrasar la conclusión de la obra que se proyecta finiquitar antes de finalizada la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El miércoles 20 de septiembre estaba prevista una audiencia incidental en la que el Juez Décimo de Distrito, Alexis Manríquez Castro, determinaría si concedía o no la suspensión definitiva. Sin embargo, dicha diligencia no se llevó a cabo, ya que aún no habían sido notificadas todas las autoridades, por lo que se mantenía la suspensión provisional, dijo a ZETA Mayra Montoya Flores, una de las impulsoras del recurso legal.
No obstante, confió en que en un futuro el juez otorgará la suspensión definitiva, habida cuenta que la obra no tiene los permisos de construcción y ambientales necesarios, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), y con la que se cuenta, “no corresponde” al proyecto que está realizando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de cerca de 11 kilómetros. La Manifestación que tienen es de un proyecto que no contempla puentes ni túneles como el diseño actual.
En la Carta Urbana vigente, el proyecto “viene a nivel”, inicia en el aeropuerto y concluye en Avenida Ferrocarril. “No es un viaducto elevado”.
El proyecto fue modificado por la administración de Jaime Bonilla Valdez y posteriormente, por la Sedena, que incluyó un túnel debajo del fraccionamiento La Isla y de ahí “iba a aterrizar en la Monumental de Playas y no está en la Manifestación de Impacto Ambiental”, reiteró.
Otro argumento contra la obra radica en que se está afectando el Cañón del Matadero, declarado Área de Conservación en 2008 por el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (Implan) y en la que no debe hacerse ninguna construcción, por la fauna y flora existente.
“En caso de que las autoridades no presenten todos los documentos que se necesitan para hacer una obra de esta magnitud, el juez nos va a conceder la suspensión definitiva”, y una vez que eso suceda, “nos vamos a ir a pelear el fondo, que es que no procede la obra por las afectaciones a la salud y la movilidad”, agregó Montoya Flores.
Saúl Torres Barbosa, residente del fraccionamiento de Playas de Tijuana (hacia donde desembocará el Viaducto), criticó que “mucha información del proyecto del Viaducto Elevado se ha mantenido oculta”, pese a que la obra inició en el Cañón del Matadero, según lo expuesto por las autoridades.
“Se han presentado videos con un proyecto virtual”, pero no se define con claridad la ruta de la obra, ni el número de automóviles que circularán por ella, aunque la autoridad ha manifestado, es “para descongestionar el tráfico de miles de vehículos de carga”.
Torres Barbosa, quien estuvo presente en una manifestación del lunes 18 de septiembre en la colonia Libertad en apoyo de los impulsores del juicio de amparo, previó la posibilidad de que residentes de Playas inconformes con la obra se amparen mediante una organización civil, aunque no precisó fecha alguna para presentar el recurso legal.
En opinión del ingeniero civil José Francisco Pedrote Malfavón, hace falta que la Sedena socialice el proyecto del Viaducto Elevado, en el que, por medios de comunicación, se sabe habrá dos túneles y puentes e irá de Playas de Tijuana al Aeropuerto, debido a que los integrantes del Colegio de Ingenieros de Tijuana desconocen cómo se construirá la obra.
Consideró que el riesgo de la perforación de los túneles proyectados (uno debajo del fraccionamiento La Isla y otro alrededor de la desviación de El Soler) radicaría en la posible estructura que se haga, pero la idea es que el túnel se vaya perforando y “encapsulando el avance de la obra, haciéndose la perforación”.
Aun cuando se sabía que serían tres entradas-salidas al Viaducto (Playas, Garita de San Ysidro y Aeropuerto), la realidad es que se desconoce a qué colonias en el trayecto podría beneficiar, pues, no se ha presentado el proyecto de la Sedena. “No se sabe si El Soler tendrá un ingreso y una salida, que tiene mucho flujo de vehículos, y que sería interesante incorporarlos”.
Por otro lado, la secretaria de la organización civil Alianza por la Movilidad, Elizabeth Hensley Chaney, indicó que el Viaducto Elevado no solucionará el congestionamiento vial, sino que propiciará el tráfico inducido al haber más carriles, mayor tránsito vehicular y más contaminación, por lo que no beneficiará a la salud de quienes habitan Tijuana.
“Buscar reducir el congestionamiento haciendo más carriles, es como buscar reducir el sobrepeso comprando un pantalón más grande”, afirmó la activista, quien se pronunció porque la autoridad ofrezca opciones de transporte masivo que sean más accesibles y atractivas para las personas, para mejorar la movilidad en la ciudad.
El 24 de marzo de 2023, la SICT señaló a ZETA que el Viaducto Elevado requería 153 predios y en ese entonces ninguno había sido adquirido por la empresa O´Gorman&Hagerman (O&H Abogados), contratada para la liberación del derecho de vía. El 16 de agosto, Gobierno del Estado informó que se había liberado 20% del total de predios requeridos.
DETERMINACIÓN DEL JUEZ
El 11 de septiembre, el juez federal determinó suspender los trabajos de construcción derivados de la Declaratoria de Utilidad Pública, toda vez que la parte quejosa reclama que los trabajos de construcción “multiplicarían el flujo vehicular de camiones y vehículos automotores de carga pesada que son más contaminantes y emisores de gases de efecto invernadero, lo que ocasionaría un detrimento en la calidad de vida de los quejosos.
“La referida medida cautelar no surtirá efecto legal alguno en caso de que las autoridades responsables acrediten la existencia de un estudio de impacto ambiental debidamente presentado, validado o autorizado por las autoridades competentes, para identificar el riesgo o el daño al medio”, advirtió el juzgador, quien señaló que la medida estará vigente en tanto no se resuelva sobre la suspensión definitiva.
Además, Manríquez Castro otorgó la suspensión provisional contra alguna posible orden de desalojo y desposesión de ocho inmuebles que se encuentran en la superficie marcada en la Declaratoria de Utilidad Pública para la construcción del Viaducto del 31 de julio de 2023, según el documento al que ZETA tuvo acceso.
La resolución del Juez Décimo de Distrito indica que los colonos que presentaron el juicio de amparo demandan, entre otras cosas, la inconstitucionalidad de inminente desalojo y desposesión de los predios que ocupan y/o son de su propiedad por la construcción del Viaducto.
Señalan la formulación y aprobación de los Planes Municipal de Desarrollo Urbano de Tijuana y el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tijuana, sin contar con autorización de la MIA emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el que se consideren los impactos de la obra del Viaducto Elevado y sus consecuencias, una vez ejecutada la obra y puesta en marcha.
También reclamaron todos y cada uno de las licencias, permisos o autorizaciones urbanas y ambientales para llevar a cabo la construcción del proyecto, y señalan la omisión de las autoridades de incluir el proyecto del Viaducto Elevado en los planes y programas de desarrollo urbano estatal, regional, metropolitano y municipales, para su formulación y aprobación, como parte de los procesos de planeación urbana, movilidad y ecológico.
Asimismo, indican omisión de las autoridades de establecer mecanismos de consulta pública y participación ciudadana en el proceso de planeación urbana, movilidad y afectación al medio ambiente respecto de la citada obra; la omisión de incorporar dentro del proceso de audiencias y consultas públicas de la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tijuana, que se encuentra en proceso de formulación; los contenidos respectivos al proyecto estratégico de infraestructura vial y destino del suelo para el Viaducto.
SE ENTREGARÁ DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: HONOLD
El secretario de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, dijo que la construcción del Viaducto Elevado continúa, y que hasta el martes 19 de septiembre, solamente se había notificado de la resolución del juez a los gobiernos del Estado y el Ayuntamiento de Tijuana, no así a Sedena ni a SICT.
“El juez nada más determinó que ocho tenían posible interés en ese asunto y pidió información que se va a recabar y presentar legalmente, pero la obra continúa y va a continuar”, al ser muy importante para Baja California, particularmente para Tijuana, “que nos va a ayudar mucho a la movilidad”.
Interrogado sobre alguna motivación política de trasfondo, Honold Morales dijo: “No, no vemos nada. Estamos atendiendo a las personas que merecen atención y se les va a dar el trato como a cualquier persona, no vemos a ningún partido, a nadie que quiera aprovecharse porque es una obra muy importante para Baja California y para Tijuana en particular”.
En entrevista con ZETA, reiteró que la intención es que el Viaducto de Tijuana esté listo antes de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato el 1 de octubre de 2024; aunado a que se está revisando el juicio de amparo y no se pretende dañar a nadie. “A las personas que les está ofreciendo comprar el predio, a todos igual a precio de mercado”, indicó.
No obstante, el lunes 18 de septiembre, Mayra Montoya Flores denunció que se han sentido hostigados por O&H Abogados, al externarles que “vendan a fuerzas” y, “si nosotros nos quedamos a lo último y no vendemos, ni somos de los primeros en vender, quiere decir que nosotros queremos extorsionar al gobierno y no es así”, argumentó.
“Ellos están diciendo que el valor máximo que ofrecen por metro cuadrado son 5 mil pesos, cuando Tijuana es una de las ciudades más caras para adquirir una vivienda” y casas en la colonia Libertad tienen precio en dólares.
Montoya Flores calificó de una propuesta “al aire” la posibilidad de que el Gobierno del Estado les dé un terreno en Vista Horizonte 3, para que edifiquen su vivienda con lo que les paguen según lo manifestado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda hace semanas.
Respecto a las declaraciones de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, en las que lamentó la suspensión provisional de la obra, Montoya reviró: “Lamentamos que las autoridades no nos hayan hecho caso, hayan sido omisas y quieran imponer una obra que no beneficia” a la ciudad.
Por último, aseguró que ni alcaldesa ni gobernadora han tenido acercamientos con los residentes, sólo una reunión con el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, en marzo de 2023, en vísperas de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Tijuana.
