A raíz del nombramiento de Maria Elena Andrade como Fiscal General del Estado de Baja California, Roberto Quijano Sosa, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública señaló el reto al que se enfrentará “le dejan una institución abandonada, una institución sin una estructura”.
“Nosotros como sociedad, nosotros como consejo, lo que esperamos son resultados inmediatos. Para nosotros es muy simbólico que en materia de seguridad pública ya hayamos tenido dos secretarios y dos fiscales; solamente hemos tenido un secretario de educación, hemos tenido un secretario de finanzas, un secretario de economía, una secretaria de medio ambiente; pero en materia de seguridad pública, es el tema más delicado y más importante, han habido 4 cambios, eso es un síntoma de que la seguridad pública en Baja California no está funcionando”, externó.
Asimismo, y ante las recientes manifestaciones de la policía municipal protestando por mejores condiciones salariales, comentó que entre las propuestas que tiene el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública para la nueva fiscalía se encuentra el tratar con dignidad a los policías: “¿cuáles son las condiciones?, ¿cuánto ganan?, no tienen seguridad social, no tienen fondo de retiros, no tienen seguros de vida; exigirles a los policías seguridad cuando son las condiciones dadas es terrible”.
Agregó: “Para el Consejo Ciudadano, una de las condiciones más importantes en que los agentes de la policía, bomberos, protección civil, todos los elementos, presten sus servicios, creemos que debe ser en un contexto de dignidad, no solamente económica, sino también en el tema de su preparación, de su capacitación, de los elementos físicos, de su informe, de su seguridad social, de su salario”.
Entre otras propuestas se encuentra la transparencia en el recurso público y trabajar el tema de la prevención del delito ante la cuál se ha invertido “poco o nada”.
“Nosotros queremos que los delitos se queden en su primera etapa que es antes de que suceda, por que ya sucediendo echa a andar todo el andamiaje, todo el proceso gubernamental de investigación, de sanción, de sentencias y eso es una etapa costosa, es una etapa sumamente complicada, nosotros le apostamos a la primera etapa, que se detenga todo”, externó.
Por otro lado, señaló el abandono de infraestructura y desarrollo urbano en la ciudad, con obras públicas de alrededor de 5 hasta 8 años de atraso, problemática que se extiende en el pasado desde hace más de tres administraciones.
“El hecho de no tener una ciudad comunicada, de no tener una ciudad con infraestructura de movilidad adecuada, también los servicios públicos se colapsan; un incendio, una tragedia, un terremoto, una inundación, una simple llamada de atención, de alerta, de emergencia, se atrasan porque las calles están destrozadas, porque las calles están totalmente colapsadas de vehículos y eso también afecta a la seguridad pública”, resaltó.
