Si una oración emitió el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, después de conocer el asesinato de seis menores de edad en Zacatecas, mientras un séptimo lucha por su vida, fue la de “es nuestra responsabilidad”. Se refirió, por supuesto, a “combatir a la delincuencia, garantizando la paz y la tranquilidad”.
El problema es que, como la consigna popular mexicana, “Del dicho al hecho, hay mucho trecho”, porque bien a bien, no se ve ni en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, ni en la Guardia Nacional, menos en la Fiscalía General de la República, una estrategia real, integral, visible, tangible, con resultados para, efectivamente, combatir la delincuencia organizada.
Porque, a reserva que se lo confirmen las investigaciones locales, la desaparición de cinco jóvenes en Jalisco, cuyo fatal destino fue exhibido, que no confirmado oficialmente en un video, el asesinato de seis menores de edad en Zacatecas y los restos de por lo menos doce personas que fueron esparcidos hace unos días en Monterrey, Nuevo León, son hechos violentos que tienen su origen en el crimen organizado, particularmente en los cárteles de la droga.
La creciente presencia de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación en más de 28 estados de la República, y del Cártel de Sinaloa en 25 estados y contando, tiene al territorio nacional en una sangrienta guerra por lo que ellos consideran plazas para su ilícito negocio, pero que conforman calles, avenidas, fronteras, municipios enteros que, a diferencia de los deseos del titular del Poder Ejecutivo federal, no tienen garantizada la paz, seguridad o tranquilidad, ante la ausencia de justicia.
En reiteradas ocasiones, comandantes de la Guardia Nacional han expresado no contar con áreas de inteligencia o investigación, que su labor es más preventiva de disuasión, es decir, mantener una constante y visible presencia en las calles, para con ello, y sólo con ello, inhibir la comisión de delitos. Que si los ven, los criminales teman ser detenidos y no cometan los actos de violencia que están preparando.
Al desmantelarla para crear la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad fue relegada a una oficina de elaboración de estadística y administrativa. Sin áreas de prevención, de inteligencia, de investigación. Mientras la FGR, con un fiscal ausente como lo es Alejandro Gertz Manero, suele ordenar particular interés en expedientes de corte político o familiares y ha dejado de lado la persecución de criminales organizados, como es su facultad y responsabilidad.
Los agentes de la FEMDO, Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, escasean en los estados, particularmente en aquellos que en la frontera norte o en el Pacífico, suelen ser territorio de trasiego, distribución, producción o cultivo de los cárteles de la droga. La fiscalía, cuando procuraduría, solía tener incluso áreas de investigación por cárteles, estructurar organigramas de la criminalidad para combatirlos y un área de recompensas para hacer llamados a la sociedad a denunciar a quienes hacen daño y bañan las calles de sangre.
Generalmente el propio Presidente responde con aquello de “Abrazos, no balazos”, o repite la simplada de acusarlos con sus papás, sus mamás o sus abuelos. La realidad es que el crimen organizado y los cárteles de la droga están incontenibles en materia de inseguridad y violencia en todo el país.
Esta semana, y unas atrás, casi siempre en un área de la frontera norte entre Baja California, México, y California, Estados Unidos, fueron localizados cuerpos. Es harto común que eso suceda en Tecate, y, sin embargo, ni el Gobierno de México ni la Guardia Nacional, ni las autoridades locales, emprenden programas de seguridad en ese foco rojo plenamente identificado.
Un militar que conoce la zona, pero no participa de la estrategia, aseveró a ZETA que de diez migrantes que los cárteles o criminales organizados encuentran, “cinco serán obligados a trabajar para el crimen, dos lograrán huir, y tres serán asesinados”, y si en el grupo localizan mujeres, las obligarán a participar en la trata de personas.
Pese a que es recurrente encontrar cuerpos en esa zona, no se ha iniciado una investigación para determinar cuáles grupos de la criminalidad organizada están abusando de los migrantes e iniciarles investigaciones para detenerlos y evitar, ejerciendo el Estado de Derecho, que esta violencia sistemática siga sucediendo. Por supuesto, tampoco hay rondines efectivos por esas zonas montañosas.
El acaparamiento de territorios por todo México es algo que se está normalizando a fuerza de violencia e inseguridad. Los cárteles de la droga siembran terror entre una sociedad abandonada por sus gobiernos, vulnerada por sus acciones, para así lograr que les dejen delinquir tranquilamente.
No se sabe cuál es la estrategia del Presidente, que ha aceptado su responsabilidad, para que no sucedan masacres, secuestros, desapariciones. Es evidente que cualquiera que sea, no está funcionando, pues si en agosto fueron desaparecidos los cinco jóvenes de Jalisco, en septiembre, un mes después, desaparecen a siete en Zacatecas y asesinan a seis de ellos, el modus operandi de las mafias es prácticamente el mismo, y el gobierno y las autoridades investigadoras o procuradoras de justicia no están trabajando en patrones, en investigación de los territorios del narco, ni cuentan con una lista de integrantes de los cárteles para aprehender y sentar el precedente de que asesinar, desaparecer, secuestrar en México, se castiga.
Pero no. Ante la falta de acciones, las palabras del Presidente se las lleva el viento, el continuo actuar criminal con toda impunidad, en cualesquiera municipios, estados, actúa de manera violenta, matando jóvenes, tomando calles, trasegando droga, asesinando a contrarios.
Justificar la violencia con la premisa de que son enfrentamientos entre criminales, es tanto como entregarles la justicia para que la ejerzan con sus manos, y pues esa, como bien lo dijo el Presidente, es su responsabilidad.
