En IMSS-BC, en aras del IMSS Bienestar, niegan medicamento, no operan pie gangrenado y son omisos en un trasplante de hígado
La ineficacia de los funcionarios públicos es inaceptable, pero tratándose del tema de salud, esa negligencia llega a tener consecuencias homicidas.
Tres denuncias recibidas por ZETA el mes pasado, casi todas al mismo tiempo, se convirtieron en una infortunada muestra de la incompetencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California, a consecuencia de un Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que ha sacrificado la salud de los mexicanos con presupuestos cada vez más raquíticos.
Este Semanario solicitó entrevista e información de los tres casos presentados en BC y de los avances en las solicitudes de los enfermos. Por cuatro semanas dieron largas, asegurando que habría respuesta favorable para los afectados.
En un trasplante de hígado mal atendido de 2014 a la fecha, que terminó con una mujer sometida a hemodiálisis de por vida, el IMSS se niega a entregar el expediente, con médicos y personal administrativo a punto de ser denunciados por negligencia y omisiones.
Otro hombre con pie diabético- con antecedentes de amputación-, ingresado con un dedo amoratado, al que retuvieron por varios días sin atenderlo hasta que su familia se desesperó, fue en busca de un médico privado para atender al enfermo.
Un señor al que le niegan sistemáticamente el medicamento psiquiátrico controlado que le fue recetado por un doctor y le permite ser productivo y funcional. No es secreto que en 2020 y 2021 se registró un desabasto de estos fármacos a nivel nacional y que en 2023 este problema persiste por más de seis meses.
Un mes después, Fátima Borrego, jefa del Servicio de Prestaciones del IMSS-BC, se limitó a decir que los casos aquí expuestos no serían públicos Mientras tanto, en Tijuana el IMSS lleva ocho meses sin atención psiquiátrica, con un servicio limitado y superficial, por una licitación irresponsablemente retrasada.
Las omisiones se agravan con pacientes con cáncer de estómago mal diagnosticado, a quienes rectaron Omeprazol por años, o citas médicas que tardan seis meses en programarse sin considerar la gravedad del caso.
Lo mismo ocurre con enfermos que esperan meses o años por cirugías de especialista, intervenciones quirúrgicas que se cancelan una y otra vez, mientras los afectados corren riesgo de morir o quedar minusválidos.
Está, además, el caso de una joven a quien le retiraron los órganos para donación en Mexicali sin la autorización de la familia el año pasado. Pacientes cardiacos que esperan 12 horas en una silla en urgencias para después mandarlos a su casa, porque no hay médico especialista. Incluso médicos y enfermeras denuncian periódicamente la falta de medicamentos, sin insumos y personal. Y la lista sigue.
Eso sí, cuando se trata de cobrar, al trabajador le quitan el dinero de cada cheque antes de recibir su paga, y el IMSS supervisa, persigue y presiona con auditorías a los empleadores para no perder los ingresos.
Cierto, de los 3 millones 101 mil 378 de población derechohabiente reconocida en diciembre de 2022 en Baja California, sólo la tercera parte son trabajadores que aportan; el resto incluye a familiares asegurados o pensionados, aunque muchos de ellos no usan el servicio.
Otro porcentaje se trata de derechohabientes mal atendidos, que prefieren callar para que no les vaya peor, porque no tienen dinero para atender sus enfermedades en instituciones privadas.
Tal es el estado de un Instituto Mexicano del Seguro Social fallido en el presente gobierno, en evidente crisis por omisiones, complicidades, burocracia y, a fin de cuentas, una ineptitud que raya en lo criminal.
