El cobro de piso de los grupos delincuenciales en este país se volvió asfixiante, intolerable y fuera del alcance de las autoridades, al grado de que ya no sólo tiene como rehén a los propios criminales rivales, los sectores productivos formales y al comercio informal, sino a comunidades y entidades federativas enteras, cuyos habitantes conviven cercanamente con el fenómeno que lo controla todo, desde el precio de los productos de la canasta básica y los servicios, hasta la determinación del crimen organizado de designar a proveedores “autorizados”.
Así se desprende de casos documentados como en el estado de Michoacán, donde frecuentemente la actividad criminal determina, a través de la extorsión, el precio del limón y el aguacate; en Sonora y parte de Baja California, el control de la pesca y la distribución de productos del mar; en Guerrero, el precio del kilogramo de tortilla; en el mismo Guerrero y Estado de México, el abasto y valor del kilo de pollo; en Jalisco, el negocio del ganado bovino de exportación; así como en esos estados junto a Zacatecas, Tlaxcala y Puebla, los precios y suministro de diversos alimentos.
El presidente nacional de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, lo reitera en cada oportunidad que puede expresarse; desde el año pasado solicita auxilio a las autoridades para que atiendan este problema.
“Hicimos una encuesta a las empresas socias de Coparmex, de donde sale que una de cada dos empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Les preguntamos qué delitos. En primera instancia, el robo de mercancía; segunda instancia, el robo de vehículos; tercera, la extorsión, que incluye el cobro de piso, empatado con el delito cibernético. Esto es algo que está creciendo; hace un año el delito cibernético no figuraba en los tres primeros lugares”, señala el industrial.
La propia secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reconoce el fenómeno, pues si bien a menudo presume los indicadores delictivos a la baja, que conviene al Gobierno Federal, durante 2023 acepta que no hay resultados óptimos en este tema: “Efectivamente ha habido detenciones importantes respecto de la extorsión y el cobro de piso en algunos lugares, en algunas zonas del país. Los reportes que aquí se han dado en relación con la extorsión es que este delito ha ido al alza. En ningún momento nosotros hemos informado que este delito ha sufrido un decremento. Digamos que es de los dos o tres delitos en los que no se han tenido los resultados que estamos buscando”.
La extorsión en su modalidad de venta de protección (cobro de derecho de piso) es la piedra angular del crimen organizado de la época actual, advierte el antropólogo e historiador chileno, Claudio Lomnitz, porque esa protección no sólo cobija al narcotráfico, sino toda la economía informal e ilegal. Por ello, la delincuencia busca el control de las policías, y se necesita que exista la inseguridad para que la sociedad advierta que sus miembros no pueden protegerse solos, y entonces valga la pena pagar por la protección o por el menor de los daños.
El director de la empresa de consultoría Lantia Intelligence, Eduardo Guerrero Gutiérrez, en su visita a Tijuana, apuntó que, con excepción de Yucatán y Campeche, y quizá algunas entidades con menor intensidad en el fenómeno, como son Aguascalientes y Querétaro, en el país se vive una “epidemia” de extorsión física o cobro de piso, que se ha sumado a otras actividades del crimen organizado, como el huachicol, el tráfico y trata de personas, además del tráfico de drogas. Además, a través de ataques cibernéticos, hay bloqueo de información de las empresas, robo de claves y de recursos financieros. Por la información se pide el pago de un “rescate”.
Baja California no es ajeno al fenómeno criminal. En Mexicali y el Valle, desde hace tiempo se cobra derecho de piso en pequeños comercios y bares, en colonias como La Puerta, hechos atribuidos al grupo criminal de Los Rusos, afín al Cártel de Sinaloa. En Playas de Rosarito, las quejas de esta práctica ilícita provienen de colonias como Aztlán y Colinas de Aragón. En Tijuana, esta modalidad de extorsión es común en Ampliación Guaycura, Maclovio Rojas, Anexa Sánchez Taboada y Valle de San Pedro, así como en infinidad de mercados sobreruedas. Y en Ensenada, los comerciantes del Mercado Negro de mariscos también han tenido de “cooperar” con los delincuentes. Sin embargo, las autoridades estatales niegan que esto ocurra.
Por su parte, en Baja California Sur, en La Paz, las víctimas de estos delitos son principalmente empresarios restauranteros y salones de belleza. También los negocios con venta de alcohol, a quienes los grupos criminales les imponen restricciones de horario. Los bravucones son o se hacen pasar por miembros de alguna célula de los cárteles dominantes, quienes aseguran “controlar la plaza y a las policías”. De forma similar se reporta el cobro de piso en las comunidades pesqueras de Comondú, y en las zonas turística y central de Los Cabos.
LA ECONOMÍA ILÍCITA
El investigador académico Claudio Lomnitz, profesor en la Universidad de Columbia, estima que la sensación de peligro del fenómeno de la venta de protección puede ser creada directamente por una organización criminal, pero puede también ser provocada por la policía, tomando como rehén a la economía de determinado lugar, situación que no ocurría con anterioridad cuando los narcotraficantes se dedicaban exclusivamente al cultivo, compra y trasiego de droga de sur a norte.
Lomnitz señala que “mucho de la economía ilícita se basa justamente en los negocios que pueden traer el control territorial; es decir, la economía de las drogas. Al principio, necesitaba controles territoriales relativamente restringidos; es decir, se necesitaba controlar la zona productora, por ejemplo, la zona productora de amapola, la zona productora de marihuana. Quizá algunos puntos clave, ¿no?, como, por ejemplo, que si alguna aduana o una cosa así; pero no necesitabas controlar pueblos, regiones o estados de la República, es decir, carreteras enteras. No era necesario”.
“Eso se va desarrollando, según va agarrando más y más fuerza la economía ilícita, que necesita más y más dinero, pero también más y más conflicto, y más competencia al interior de la economía ilícita. Entonces, empezamos a ver esas guerras que todos conocemos y hemos padecido de una manera o de otra, que se vuelven guerras de control, no sólo de espacios, por ejemplo, de menudeo de drogas, como lo hay, por ejemplo, en los barrios de Estados Unidos. En barrios de casi cualquier ciudad norteamericana, hay zonas de la ciudad en que hay una guerra cruenta, digamos, por controlar la esquina tal, o sea, territorios específicos de puntos de venta”, desataca el antropólogo.
El entrevistado admite que de manera similar a la Unión Americana “en México tenemos lo mismo, incluso mucha matazón y desapariciones por el control de puntos de venta de droga. Lo tenemos acá en México también, pero las economías ilícitas se extienden, y muy rápido pasan exclusivamente de la droga a muchos otros ramos. Bueno, desde luego el cobro de derecho de piso es quizá el más importante, pero hay muchos otros: ya sea la tala ilegal, la minería ilegal, la pesca ilegal, control de redes de prostitución, el control del tráfico de migrantes… en fin. Hay una diversificación”.
El autor del libro El Tejido social rasgado distingue al delincuente que incide en la extorsión y el cobro de derecho de piso: “De hecho, el término que se usaba antes, que todavía se usa bastante, como narco, entre comillas, no describe ya -como sí lo describía en los años ochenta y noventa- exactamente lo que hace la gente que está dedicada a eso. Antes eran narcos. Hoy, pues pueden o no ser narcos; pueden ser narcos, pero están dedicados al negocio del control territorial”.
“Eso afecta mucho a la economía informal porque la economía informal necesita ocupar un espacio, ¿no? Son vendedores, son ambulantes; es decir, ocupan la calle, entonces son especialmente vulnerables. Obviamente también el sector formal es vulnerable y tenemos, incluso, ejemplos de grandes compañías o corporaciones internacionales que a veces terminan pagando protección a tal o cual grupo del crimen organizado. Entonces, no es sólo el ramo informal el que está, digamos, bregando con esto; pero es tal vez, muy especialmente la economía informal la que esta, digamos, expuesta a la extorsión o a la negociación cotidiana ¿Por qué? Porque además se trata del uso de la violencia para controlar el territorio. Son expertos en la violencia”, concluye el experto.
HUIR NO ES SUFICIENTE
En 2013 un empresario y ganadero salió de Saucillo, Chihuahua, junto con su familia para escapar de la violencia que azotaba a la entidad norteña, y que ya había cobrado la vida de algunos de sus familiares. El desplazamiento de Víctor Manuel Ponce Ríos, de 57 años de edad, con su esposa e hijos, tuvo un peregrinar por diversas regiones del país, hasta que consiguió asentarse en el Norte de Jalisco, en el municipio de Huejúcar, donde montó una tienda de abarrotes y una carnicería, basado en su experiencia en la producción y el comercio de productos agropecuarios.
Huir de las amenazas, la extorsión y el cobro de piso no le fue suficiente a la familia Ponce Reyes, ya que diez años después el destino de la violencia les volvió a alcanzar; pero ahora en Jalisco y sus límites con Zacatecas, donde los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se disputan no sólo el territorio por cuestiones de narcotráfico, sino también el control de la economía. Víctor Manuel y su trabajador Luis Fernando García fueron privados de la libertad el 25 de mayo de este año, en su centro de acopio de ganado en el libramiento carretero Huejúcar-Monte Escobedo por sujetos armados.
La señora Argelia Reyes, esposa de Víctor, denunció los hechos ante la Fiscalía de Jalisco. La mujer dijo que su marido era ganadero y agricultor, comerciante y carnicero, y que habían salido de su estado natal porque ya era muy peligroso, sin condiciones para continuar en Chihuahua. El día de la desaparición de Ponce Ríos, sus plagiarios saquearon su corral. Pasaron 21 días, hasta que el 15 de junio de este 2023 la propia familia localizó los cuerpos del quincuagenario y de su empleado en el estado de Zacatecas.
La ahora viuda relató que en Jalisco se toparon con las mismas circunstancias criminales que les hicieron dejar sus tierras: violencia, extorsiones y cobro de derecho de piso para dejarles realizar sus actividades productivas. Argelia aseguró que no necesitaban amenazarles pues ya sabían que había que pagar el derecho de piso, sí o sí, y además tomar sus precauciones. “Nosotros, por ejemplo, en nuestros abarrotes y carnicería regularmente cerrábamos a las 10 de la noche y empezamos a tener que cerrar a las 8:30 por la inseguridad”, expresó a la cadena radial Notisistema tras el hallazgo del cadáver de su esposo.
A Anaís Ponce, hija de Víctor Manuel, nadie le quita de la cabeza que en el levantón de su padre y del trabajador están involucradas autoridades policiales del municipio; pero tratar de que la Fiscalía tome una línea de investigación en ese sentido es casi imposible, al no responderle el Ministerio Público, a ella y a su familia: “No hay manera de saber qué avances ha habido en la carpeta de investigación. Se ha pedido la carpeta, las copias de la carpeta de investigación y no se nos han otorgado. Por medio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ellos estaban obligados a ponernos un asesor jurídico, darnos el acompañamiento… y la verdad que estoy muy decepcionada porque en México todo es igual”.
“Vamos a ser el vivo ejemplo por muchos años, ¿no?, de que esta familia se va huyendo de la violencia. Nosotros ya hemos tenido pérdidas humanas y a raíz de eso es el desplazamiento; de que decimos ‘no nos podemos poner a enfrentar a estas personas’ porque por más que denunciamos, las mismas autoridades hablan ‘aquí está denunciando tal familia’ y pues hay repercusiones siempre que se hace una denuncia o un señalamiento”, agregó Anaís, para quien no existe credibilidad ni confianza en ningún nivel de gobierno, y lo mejor sería continuar su éxodo, pero a los Estados Unidos de América.
