Omar Hamid García Harfuch, aspirante a la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, desmintió, el 27 de septiembre de 2023, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), quien confirmó que el ex delegado de la Policía Federal (PF) en Guerrero, participó en reuniones, donde se ideó la llamada “verdad histórica”, respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrido el 26 de septiembre de 2014, en Iguala.
“La información difundida recientemente en torno al caso #Ayotzinapa corrobora lo que he manifestado desde un inicio; que en ese momento no estaba como coordinador estatal en #Guerrero”, señaló el también ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital de la República, en su cuenta de la red social X.
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“En las reuniones en las que participé se establecieron las líneas de acción para la búsqueda de las jóvenes, sin abordar temas de investigación. Lo digo con claridad y firmeza: nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa”, agregó García Harfuch.
“En toda la información que ha sido recabada y difundida por las autoridades, no hay ningún tipo de señalamiento que me relacione con la muy lamentable desaparición de los jóvenes normalistas”, reiteró el ex titular de la SSC de la Ciudad de México, a través de un comunicado, en el cual también afirmó que el 26 de septiembre de 2014 se desempeñaba como integrante en la División de Gendarmería de la PF y no como coordinador estatal de la misma institución Guerrero, lo cual podría confirmarse en las minutas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
“Nunca tuve la calidad de enlace operativo de la investigación ni algún otro encargo homólogo; simplemente participé, junto con otros servidores públicos federales, estatales y municipales, en acciones tendientes a recabar información acerca del paradero de los jóvenes estudiantes desaparecidos”, explicó García Harfuch.
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El 22 de agosto de 2022, el entonces titular de la SSC de la Ciudad de México, negó haber participado en las reuniones llevadas a cabo el 7 y 8 de octubre del 2014, donde se comenzó a gestar la llamada “verdad histórica”, que después presentó Jesús Murillo Karam, en ese momento titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR).
“Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica’, ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días”, publicó García Harfuch,.en su cuenta de la red social Twitter.
Encinas Rodríguez declaró, el 27 de septiembre de 2023, que el entonces delegado de la PF en Guerrero, presuntamente sí participó en una junta de autoridades, en la cual armaron la llamada “verdad histórica” difundida por el Gobierno de Enrique Peña Nieto respecto al caso Ayotzinapa.
“Está, tanto en el primero como en el segundo informe, donde no aparecen los nombres completos, sí aparece [García Harfuch], ¿cómo que no? Claro que sí, está en el reservado, es que si les paso la lámina la van a fotografiar. Está, así de concreto”, dijo el subsecretario, al ser cuestionado al respecto, durante la presentación del segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) del Caso Ayotzinapa.
No obstante, el funcionario federal no quiso opinar respecto a las aspiraciones de García Harfuch a la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, también acusado de aparecer en las listas de pagos de criminales relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Esperemos que se aclare esta situación en primer lugar, yo leía hoy por la mañana una serie de aclaraciones que el propio aspirante a coordinar los trabajos de la cuarta transformación en la Ciudad de México está dando, y formarán parte de todo el proceso que está desahogando la Fiscalía [General de la República]”, dijo Encinas Rodríguez.
“Aquí todos los que sean requeridos por la Fiscalía tendrán que comparecer. Esa es una decisión que le corresponde a él [aspirar a la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la capital de la República]. Nosotros aquí estamos para la verdad, no para intervenir en los procesos políticos de los partidos”, insistió el subsecretario.
Por su parte, Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, minimizó la posible participación de García Harfuch en la junta de autoridades federales, en las cuales se creó la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.
“Pues ya estamos en época electoral y es temporada de buitres. Entonces, que nadie se extrañe de que empiecen ataques y campañas negras, noticias falsas sobre nuestros compañeros del movimiento […] Nosotros tenemos que hacer caso de las evidencias que hay públicas. Y hasta el momento yo no tengo conocimiento de ninguna información que lo involucre”, advirtió el dirigente nacional de Morena.
LA CONSTRUCCIÓN DE LA “VERDAD HISTÓRICA”, DURANTE EL GOBIERNO DE EPN
Jesús Murillo Karam fue titular de la Procuraduría General de la República (PGR), del 4 de diciembre del 2012 al 27 de febrero del 2015, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien le ordenó investigar el caso los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
Fue el encargado de dar a conocer la llamada “verdad histórica” el 27 de enero del 2015, cuando, durante una conferencia de prensa, concluyó que los 43 normalistas fueron ejecutados e incinerados en el basurero del municipio guerrerense Cocula por el grupo criminal de los Guerreros Unidos, porque los señalaron como supuestos miembros de su banda rival, Los Rojos.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy”, indicó el entonces titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República.
Murillo Karam citó como evidencia de la “verdad histórica”, el contenido de 487 peritajes, 156 inspecciones ministeriales, 386 declaraciones y 39 confesiones de los implicados directamente en el crimen masivo ocurrido el 26 de septiembre entre Iguala y Cocula. Además, la PGR exhibió las declaraciones ministeriales y confesiones videograbadas de Patricio Reyes Landa, “El Pato”, y Felipe Rodríguez Salgado, “El Terco”, dos personajes claves en la presunta ejecución e incineración de los normalistas.
Tras su renuncia a la PGR, el 27 de febrero de 2015, fue sustituido en dicho cargo por Arely Gómez González y fue nombrado por Peña Nieto como titular de la Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno Federal, donde permaneció hasta el 27 de agosto del mismo año.
La renuncia de Tomás Zerón de Lucio a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se dio el 15 de septiembre del 2016, pero casi de inmediato fue designado Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS). No obstante, dejó el cargo en medio de reclamos de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Uno de los casos de la tortura es el de Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, quien fue detenido arbitrariamente y torturado antes de la diligencia que elementos de la AIC de la PGR, encabezados por Zerón De Lucio, realizaron el 28 de octubre del 2014 en el río San Juan, en Cocula, Guerrero, donde supuestamente se habrían encontrado bolsas de cenizas y fragmentos de huesos de los 43 normalistas.
Dicha diligencia es una de las principales bases para que las autoridades federales hubieran dado a conocer la llamada “verdad histórica”, el 27 de enero del 2015, en la que se argumentó que los 43 normalistas de Ayotzinapa habrían sido asesinados y carbonizados en el basurero de Cocula, y sus cenizas tiradas en bolsas de plástico a dicho río.
García Reyes fue detenido arbitrariamente y torturado antes de dicha diligencia. También se acreditó que fue llevado al río San Juan sin el registro adecuado, donde fue interrogado sin la presencia de su abogado, por el entonces director de la AIC, Zerón De Lucio, a pesar de que ese funcionario federal no tenía mandato legal para hacerlo.
En su momento, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) criticó la ausencia de documentación en el expediente que sostuviera legalmente las diligencias practicadas aquel día, así como el inadecuado registro y manejo de la cadena de custodia de la evidencia supuestamente encontrada en el río San Juan.
Además, condenó la “falsa” declaración del entonces director de la AIC de la PGR, en la que afirmó que integrantes del equipo de la ONU-DH y del Equipo Argentino de Antropología Forense estuvieron presentes en la diligencia en el río San Juan.
La “verdad histórica” señala, también, que los días 26 y 27 septiembre del 2014, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco. Después, integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos los habrían incinerado en el basurero municipal de Cocula.
ES UN HOMBRE ÍNTEGRO, CONTINUARÁ EN SSC, DICE SHEINBAUM AL RESPALDAR A GARCÍA HARFUCH; AMLO EVADE EL TEMA
La Jefa de Gobierno de la capital de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó, el 22 de agosto del 2022, que Omar Hamidd García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), se quedará al frente de dicha institución, porque es un hombre “íntegro”.
Tras dar el banderazo de salida a 120 nuevas patrullas para la alcaldía Cuajimalpa, la mandataria capitalina aseguró que en su Administración se pone “por encima de todo” el respeto a los derechos humanos y la seguridad, además de que enfatizó que el funcionario ha explicado en otras ocasiones públicamente, que él no estaba en Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
“Desde que se integró a la Ciudad se México, ha desempeñado un papel excepcional, y en varias ocasiones ha dado la explicación de que él, en ese momento, no estaba en el estado de Guerrero”, acotó Sheinbaum Pardo. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador evadió, el 22 de agosto del 2022, hablar respecto a la implicación de García Harfuch, en la construcción de la llamada “verdad histórica”.
“No. Van a salir muchos nombres y eso no responsabiliza a nadie. Yo me tomé una foto con el presidente municipal de Iguala y con su esposa [José Luis Abarca Velázquez y Maria de los Angeles Pineda] cuando fui candidato, o sea creo que [Enrique] Peña [Nieto] también y por tomarse una foto, cuando fue eso, en un mitin en la plaza, entonces van a salir muchas cosas”, señaló el político tabasqueño.
“Pero aquí lo que le importa es saber quiénes son los responsables y también no perder de vista de que son dos momentos. La ‘verdad histórica’, pero antes de eso ya habían sucedido unos hechos atroces. El autoritarismo, y claro que iba a pasar, pero todo esto nos debe llevar a conocer el grado de enajenación que se parece es cierto sectores y el concepto de actualidad de poder”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.
GARCÍA HARFUCH RECHAZA PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN PARA FRAGUAR “VERDAD HISTÓRICA” DE AYOTZINAPA
Omar Hamidd García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) calificó, el 22 de agosto del 2022, como “absurda” la versión de la Fiscalía General de la República (FGR), rechazó haber participado en la construcción de la denominada “verdad histórica” respecto a los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, el entonces coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) acusó que la versión de la Fiscalía General de la República (FGR), su implicación en el caso Ayotzinapa, es “absurda”.
“Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para ‘fraguar la verdad histórica’; ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días”, tuiteó García Harfuch.
El 20 de agosto del 2022, la FGR afirmó que Jesús Murillo Karam -entonces titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR)- organizó un cónclave con siete funcionarios de alto nivel para fraguar la llamada “verdad histórica” respecto a Ayotzinapa y que en dicha reunión participó Omar Hamid García Harfuch, entonces delegado de la Policía Federal en Guerrero.
Durante la audiencia que presidió Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, en la que la FGR imputó al ex titular de la PGR por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, la fiscal Lidia Bustamante Vargas reveló que Bernardo Cano Muñozcano -quien se desempeñaba como secretario particular de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)- se apegó a un criterio de oportunidad. Es decir, se convirtió en testigo colaborador de la FGR.
La funcionaria dio lectura a parte de la declaración ministerial de Cano Muñozcano, en la que menciona el encuentro al que asistieron Murillo Karam; Zerón de Lucio; Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); José Luis Martínez Pérez, ex delegado de la PGR en Guerrero; Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial; y, García Harfuch.
Según la misma declaración del testigo colaborador de la FGR, el cónclave de alto nivel se realizó de manera normal, sin embargo, cuando llegó Ángel Heladio Aguirre Rivero, entonces gobernador de Guerrero, la mayoría de funcionarios se retiró del lugar y solo se quedaron los mandos. Asimismo, pese a que Cano Muñozcano refirió que no se planearon ilícitos en dicha reunión, Bustamante Vargas afirmó que en ese encuentro se empezó a inventar la llamada “Verdad histórica”.
“Dos días después de que la PGR ejerció la facultad de atracción de la investigación ya estaban sosteniendo reuniones en Iguala. Esto evidencia este conocimiento, fue un cónclave donde hubo una planeación, fueron los actos preparatorios para los hechos del 27, 28 y 29 de octubre y 7 de noviembre”, aseguró la fiscal.
Según la imputación de la fiscal, en dichas fechas las autoridades detuvieron a cuatros presuntos integrantes de la organización criminal Guerrero Unidos, quienes fueron torturados por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y agentes de la AIC. De sus testimonios se obtuvo información que luego Murillo Karam hizo pública.
OMAR GARCÍA HARFUCH RECIBÍA 200 MIL DÓLARES MENSUALES DE GUERREROS UNIDOS, SEGÚN TESTIGO DE FGR; LO NIEGA
Omar Hamid García Harfuch recibía 200 mil dólares mensuales de parte del cártel de los Guerreros Unidos, para que los dejaran operar con impunidad en el estado de Guerrero, donde el actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México (SSC-CDMX), fungía como coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF).
Así lo refirió a la Fiscalía General de la República (FGR), un testigo protegido identificado como “Juan”, presunto líder de Guerreros Unidos -a cuya declaración tuvo acceso el diario Reforma, el 21 de enero del 2021-, y cuyas revelaciones han llevado, al actual Gobierno Federal, a la detención del capitán José Martínez Crespo y a la liberación de 17 órdenes de aprehensión más contra militares relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Martínez Crespo, quien sigue su proceso en la cárcel del Campo Militar Número 1, fue señalado por “Juan” como operador de la detención de los normalistas, quien, siempre según el testimonio, incluso quiso apresar a otros heridos que estaban en un hospital.
“Quiero señalar que era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros, Omar García Harfuch, esto en el año 2014; recibía 200 mil dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero y el dinero que se le daba era porque permitía el trasiego de la droga”, señaló “Juan”, en una declaración dada el 10 de febrero del 2020.
“Omar García Harfuch, jefe de la Policía Federal en el estado de Guerrero, brindaba información sobre posibles operativos y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas, los de Taxco y los [de] Guerrero, el único que supuestamente no estaba de acuerdo era el señor Dorantes”, aseguró el declarante, cuya identidad está reservada.
Como testigo protegido, “Juan” otorgó muchos detalles respecto a cómo ocurrieron los hechos del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, donde desaparecieron 43 normalistas y, según su dicho, fueron muertas y desaparecidas al menos 30 personas más, presuntos sicarios de un grupo contrario a Guerreros Unidos. Según el rotativo, la relevancia de su testimonio es que ha dado pie a encontrar restos de normalistas a partir de las coordenadas que él ha señalado y ha fundamentado las órdenes de aprehensión contra 18 militares por su implicación en el caso.
Juan indicó que el ahora titular de la SSC-CDMX estaba “bien conectado” con la milicia por sus vínculos familiares, en referencia a que es nieto del general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), de 1964 a 1970. El testigo protegido refirió, también, que la nómina de Guerreros Unidos incluía a los Batallones 27 y 41 de Infantería, a cuyos militares pagaban de 60 mil a 120 mil pesos, según el rango, aunque señaló que había un general que recibía hasta 5 millones de pesos.
Otros funcionarios que señaló “Juan” son Leonardo Octavio Vázquez Pérez e Iñaki Blanco Cabrera, titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la entonces Procurador General de Justicia (PGJ) guerrerense, respectivamente, en el Gobierno de Ángel Aguirre Rivero, quienes supuestamente recibían 50 mil dólares mensuales.
Asimismo, el testigo protegido señaló que el mejor pagado de los militares era un general, aunque sólo identificó a un coronel, mando de uno de los batallones, como receptor de los sobornos por protección, que incluía transportar en vehículos militares tanto droga, como armas, para Guerreros Unidos.
“La Policía estatal, la Policía de Caminos, la Federal Ministerial, la Municipal ya estaba controlada por ser del municipio donde operaba el grupo”, afirmó “Juan”, quien abundó que el hombre de Guerreros Unidos que estaba encargado de pagar la nómina a militares y elementos de diversas corporaciones era Jesús Pérez Lagunas, “El Güero Mugres”, asesinado el 28 marzo del 2018, en Tonatico, Estado de México.
“Juan” indicó que dicho personaje hablaba mucho de un general de apellido Saavedra, al que describe como una persona “vieja”, de ceja poblada negra, cabello entre cano, entre 1.70 o 1.74 metros de estatura, “robusto, nariz boluda, tez clara”.
“Se pagaba mensualmente según el rango, era lo que variaba, un teniente andaba entre 60 a 80 mil pesos, un capitán andaba en 120 mil pesos, mientras que un General ya es cosa seria lo que se le da, pues va de 4 a 5 millones, dinero que se da mensual por parte de Jesús Pérez Lagunas ‘El Güero Mugres’”, mencionó.
“‘El Güero Mugres’ lo recolectaba entre los miembros del grupo Guerreros Unidos y él se encargaba de hacerlo llegar a quien se debía entregar, la cooperación se hacía y luego se iba a entregar, se sabía que el dinero se les entregaba porque esa gente se le mandaba el recurso, se le preguntaba si había llegado y cuánto le llegaba”, agregó “Juan”.
El testigo protegido afirmó que un coronel de apellido Nieto era quien recibía el pago de la nómina para el 41 Batallón de Infantería. Con respecto al 28 Batallón, “Juan” no especificó quién era el que cobraba a los traficantes. En más de una respuesta al interrogatorio de la FGR, el testigo protegido aseguró que su vida está en riesgo y que por ello prefiere no abundar en detalles y nombres de militares implicados.
Cuando había un policía que no pasaba los exámenes de control de confianza, el grupo criminal pagaba 2 mil dólares adicionales para que no fuera dado de baja de la corporación, agrega el testimonio. Dicho pago al jefe de Seguridad Pública se hacía llegar por medio de Felipe Flores Velázquez, jefe de la Policía municipal de Iguala, quien a su vez lo recibía de Raúl Núñez Salgado, “La Canperra”, uno de los miembros del grupo de narcotraficantes.
“El secretario de Seguridad Pública, Teniente Leonardo Octavio Vázquez Pérez y el Fiscal Iñaky Blanco Cabrera, dado que estaban en la nómina de Guerreros Unidos, el encargado de entregarle al Teniente era Felipe Flores, se mandaban 50 mil dólares mensuales y a Iñaky le entregaba Gabriel, alias ‘El Pelón’, también se le mandaban 50 mil dólares mensuales”, declaró “Juan”.
A los mandos de la Policía estatal les daban 80 mil pesos cada mes; a los subordinados de José Adame, coordinador de esa corporación, y que patrullaban Iguala, 15 mil, y a los demás agentes 10 mil pesos. Asimismo, el testigo protegido dijo que el jefe de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, recibía cada mes 250 mil pesos y sus agentes 20 mil pesos.
“Juan” también aseveró que los Guerreros Unidos pagaban 40 mil pesos al mes a los agentes de la PF adscritos en Iguala y Taxco. En el caso del primer municipio, gastaban 600 mil mensuales por todos los federales adscritos. Sin embargo, el testigo protegido deslindó a un elemento de apellido Dorantes, de los pagos que hacía Guerreros Unidos a la PF. Es al único que refirió que no aceptaba dinero, aunque sabía que sus colegas eran sobornados.
Con relación a la subsede de la FGR y la Policía Federal Ministerial (PFM), “Juan” también señaló que estas cobraban una renta a los criminales, pero el testigo protegido no especificó nombres ni cantidades.
“Por lo que hace a la PFM , sé que participó, pero no conozco a sus elementos porque el encargado de negociar y pagarles la nómina era el licenciado Ángel Víctor Esquivel, que es una persona que en ese tiempo tenía un problema en una pierna, por lo que rengueaba, sin recordar de qué pie”, dijo “Juan” en el interrogatorio.
¿QUIÉN ES GARCÍA HARFUCH?
García Harfuch fue director -desde el 9 noviembre del 2016 hasta el 1 de junio de 2019- de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), fungió antes como comisario general y jefe de la División de Investigación de la Policía Federal (PF).
El 15 de junio de 2019 fue nombrado como jefe general de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) y coordinador de Inteligencia del Gabinete de Seguridad de la capital de la República.
Es hijo de la actriz María Harfuch Hidalgo (mejor conocida como María Sorté), misma a la que transportó en un avión privado de la PF, durante las inundaciones acontecidas en Acapulco, Guerrero, tras el paso de los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, en septiembre del 2013, tal como lo informaron diversos medios en aquel momento.
En enero de ese mismo año, la PF tuvo que aclarar que García Harfuch, hijo del ex titular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), Javier García Paniagua, fue investigado, junto con once agentes federales más, por el gobierno estadounidense como parte de un procedimiento protocolario para poder asistir a “un curso avanzado para combatir pandillas”, en El Salvador.
El semanario Proceso había dado a conocer que a través del cable 142144Z, fechado el 9 de diciembre de 2009, emitido por la embajada de Estados Unidos en México y dirigido al secretario de Estado, se solicitó una investigación de los antecedentes de los 12 agentes federales mexicanos, misma que fue realizada por la Narcotics Affair Section (NAS), según con un cable revelado por la organización Wikileaks.
Asimismo, el medio digital La Silla Rota aseguró que García Harfuch tuvo “un crecimiento acelerado” dentro de la administración pública federal, ya que en sólo ocho años y sin experiencia previa en temas de seguridad, pasó de la gerencia en una empresa constructora a convertirse en el titular de la Dirección de la Investigación de la Policía Federal, uno de los máximos cargos dentro la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
El 1 de septiembre de 2008, García Harfuch ingresó a la PF como jefe del Departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito. Su único antecedente laboral era el cargo de gerente en la Red Inmobiliaria del Ángel S.A. de C.V. con funciones de “supervisión de obra”, de junio de 2003 a junio de 2008, según se indica en su declaración patrimonial del 2007.
En ese entonces, el titular de la AIC reportó que tenía estudios truncos en la licenciatura de Administración de Negocios en la Universidad Anáhuac México Sur, con una constancia de cuatro cuatrimestres.
Fue designado suboficial en Cuernavaca, Morelos, y en enero de 2013 inspector general de la Policía Federal en Guerrero. Después lo designaron titular de la División de Inteligencia de la PF, con un salario mensual de 130 mil 992 pesos, según el mismo medio digital.
