El alcalde del XIV Ayuntamiento de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, negó públicamente que hayan emprendido una campaña de desprestigio en contra de la directora sustituida del Instituto Municipal de las Mujeres, María del Rosario Díaz Cinco, recalcando que no hay hostigamiento ni persecución política en su contra.
Fue el 10 de agosto cuando se presentó en Cabildo la propuesta de remoción de Díaz Cinco en ese cargo, que se confirió desde que inició la administración de Leggs, en septiembre de 2021.
Ante tal proceso, que la funcionaria calificó como ilegal por diversas violaciones a sus derechos humanos, obtuvo un amparo provisional.
Continuando con la vida gubernamental del municipio, mientras los jueces definen de fondo la situación, el presidente designó a Elena Rojas como la encargada del despacho.
“Nosotros no hacemos eso; nosotros trabajamos y damos resultados. Si hay un proceso ahí, hay que respetar la decisión de los jueces. El día 25 de septiembre hay una audiencia, ahí es donde se va a determinar que procede; antes es especular”, replicó Leggs sobre ese conflicto.
“Si fuera definitivo no hubiera ningún problema en estar esperando la decisión del juez el día 25, que nos citó a audiencia”, añadió.
Aseguró que no se trataba de una destitución como tal, sino de una separación del cargo para colocar a la funcionaria en otro espacio, tomando como base informes de la Contraloría del XIV Ayuntamiento.
Es así como el presidente municipal sostiene que deben esperar a la decisión final del juez; mientras tanto el Instituto de las Mujeres de Los Cabos opera con sus trabajadores.
Por otra parte, María del Rosario Díaz Cinco, quien se ostenta como directora del Instituto de las Mujeres, denunció que es víctima de persecución política y hostigamiento laboral por parte del aparato municipal.
Esto luego de que, en los últimos meses, Díaz Cinco ha sido señalada por supuestas acciones de violencia laboral que habría ejercido en contra del personal.
En una carta anónima, sostienen que ella ha incurrido en malos manejos, maltrato al personal y falta de compromiso con la transparencia y rendición de cuentas.
“Hemos testificado y experimentado durante estos últimos dos años conductas que consideramos arbitrarias y nocivas para el Instituto por parte de la directora…”, acusan.
En este escenario, solicitó derecho de réplica, argumentando que está siendo víctima de una campaña sucia que, infiere, empezó por haber exigido transparencia en el envío y manejo de recursos que le corresponden al Instituto Municipal de la Mujer.
Afirmó que la raíz de este conflicto pudiera ser el haber denunciado violencia institucional por recursos etiquetados para la instancia que representa, que no llegan o no se entregan en tiempo y forma.
Expuso que los subsidios tardan en promedio mes y medio en llegar; incluso desde que inició este enfrentamiento con el Ayuntamiento de Los Cabos, han tardado hasta tres meses los depósitos, y ahora están pendientes los envíos de dinero correspondientes a junio, julio, agosto y septiembre.
“A todas luces esto es violencia institucional, no nada más atenta contra que yo no pueda hacer mi trabajo de una forma puntual. Y sobre todo, lo más triste y lo que más me duele, que aquí no se trata de recursos para brillar en las campañas o que pueda haber desvíos; es algo superior, que es la vida de las mujeres y de sus niños que vienen sumamente lastimados y vulnerados”, señaló.
Es en este contexto en el que un juez federal le concedió el amparo provisional con el número 952/2023 contra la determinación del Cabildo, por lo que no surtió efecto inmediato la decisión de removerla del cargo de directora general.
“De tal suerte que por eso el juez me concedió el amparo, a parte de las pruebas que yo también presenté, sin derecho a la defensión como cualquier ciudadano debe de tener, ante un hecho de esta magnitud”, reiteró.
“Fue un hecho histórico el que se llevó a cabo con este amparo. En primer lugar, me siento agraviada; es un acto completamente de violencia laboral, nazismo laboral, terrorismo laboral, sobre todo a las mujeres que estamos en la XIV administración”, agregó.
Díaz Cinco aseguró que ahora cuenta con un amparo definitivo y que, al no ser reinstalada y reconocida por el Gobierno Municipal como la directora del Instituto de las Mujeres, las autoridades están cayendo en desacato.
“A todas luces, con violencia en todos los aspectos contra mi persona, levantando falsos y sobre todo afectando mi honorabilidad, que no lo vamos a permitir”, enfatizó.
Como defensa de su trabajo, subrayó que la instancia tiene el reconocimiento por desempeño, y que, incluso, durante el primer informe del alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, el Instituto de las Mujeres se llevó las palmas por haber rebasado las metas de gobierno en un año.
“Estar propiciando todo este tipo de situaciones sin ninguna necesidad; porque si ellos, políticamente, necesitan quitarme porque tengo trabajo ante la sociedad y se ven los resultados y puedo ser una contendiente fuerte para un cargo de elección popular, me estoy adelantando. Entonces la forma más fácil es desprestigiarme, difamarme y levántame una campaña sucia en la cual pretenden desacreditarme”, finalizó.
