Sin dar una explicación, legisladores de Morena y partidos afines aprobaron la Cuenta Pública 2021 de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) solapando políticamente las múltiples irregularidades detectadas en el ejercicio del gasto de la paraestatal, tales como un daño al erario de hasta 147 millones 924 mil 325 pesos que tiene que pagar la CESPM por resoluciones a favor de usuarios contra los dictámenes de la empresa Romafam S.A. de C.V. (conocida como Fisamex).
Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) Juan Diego Echavarría Ibarra y de Movimiento Ciudadano (MC) Daylín García Ruvalcaba señalaron algunas de las irregularidades millonarias y cuestionaron que el dictamen 312 de la Comisión de Fiscalización y Gasto Público haya propuesto aprobar la Cuenta Pública.
“Les pediría que nos apoyen debatiendo, que nos den sus ideas y argumentos y si no, que también digan que no pueden defender lo indefendible. Esta Cuenta, la verdad, es que no puede aprobarse”, dijo García Ruvalcaba, pero la mayoría hizo mutis, salvo el presidente de la Mesa Directiva Manuel Guerrero Luna, que se lavó las manos respondiendo “que su trabajo es preguntarle a los diputados que desean intervenir” cuando la emecista reiteró el llamado al debate ante el silencio de los legisladores morenistas.
En su oportunidad, Echavarría Ibarra consideró que un tema técnico de responsabilidad administrativa se estaba convirtiendo en un tema político, en alusión a que el actual secretario del Agua Armando Fernández Samaniego firmó el convenio modificatorio del contrato AD-SER-04-2020 siendo titular de la CESPM.
“Casi son las mismas observaciones de las Cuentas Públicas de la CESPM con el resto de organismos operadores del agua, por qué darle un trato diferenciado a la Comisión de Mexicali que a las otras, que acabamos de negarles sus cuentas públicas”, interrogó.
El panista denunció que la secretaria de Honestidad y Función Pública Rosina del Villar Casas le indicó por oficio que la información sobre la investigación del caso Fisamex fue clasificada como reservada por cinco años por un Consejo, por lo que ya procedió a recordarle a Del Villar Casas que él cuenta en su calidad de legislador con atribuciones de fiscalización que le confiere la Constitución.
“En el gobierno de Jaime Bonilla se utilizó el agua como un mecanismo de extorsión para los ciudadanos, hagamos justicia”, para que se sancionen a los funcionarios que formaron parte de todo esto, pidió el panista.
Consideró que la propuesta de dictamen “demerita el trabajo técnico, profesional y escrupuloso” que se realiza en la Auditoría Superior del Estado y en la propia Comisión de Fiscalización del Gasto Público, encabezada por la morenista Alejandra María Ang Hernández; quien por cierto estuvo ausente en la sesión de este 21 de septiembre de 2023.
Este 21 de septiembre de 2023, el pleno del Congreso de Baja California aprobó el dictamen 312 de la Comisión de Fiscalización de Gasto Público, con 17 votos a favor de los legisladores de Morena: Juan Manuel Molina García, Julia Andrea González Quiroz, Liliana Sánchez Allende, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Ramón Vázquez Valadez, Manuel Guerrero Luna, María del Rocío Adame Muñoz y Dunnia Montserrat Murillo López. Ello, pese al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador de no dar tregua a la corrupción.
Otros legisladores que votaron a favor sin explicar las razones de su determinación fueron Rosa Margarita García Zamarripa (PES), Marco Antonio Blásquez Salinas (PT), César Adrián González García (PVEM) y Sergio Moctezuma Martínez López, sin partido.
En contra del dictamen votaron los legisladores panistas Diego Echevarría Ibarra, Santa Alejandrina Corral Quintero, Amintha Guadalupe Briceño Cinco y de MC, Daylín García Ruvalcaba
CESPM YA PAGÓ MÁS DE 102 MDP POR CASO FISAMEX
Echeverría Ibarra refirió que de los 147 millones 924 mil 325 pesos que la CESPM fue condenada a pagar por los irregulares dictámenes de Fisamex, la paraestatal ya pagó 102 millones 693 mil 582 pesos, “sin haber recibido del proveedor la devolución del 20% de contraprestación que en su momento le fue pagada”
“La ASE revisó 12 auditorías de Fisamex observándose diferencias entre lo cobrado y lo realmente adeudado por parte de los usuarios, por un monto superior de 28 millones 700 mil pesos, sin que a la fecha hayan sido aclaradas por el organismo operador”, aseveró el legislador panista, quien recordó que la contraprestación pagada a esta empresa fue del 20%.
A tres meses de que terminara la administración de Jaime Bonilla Valdez), la CESPM también otorgó por adjudicación directa, sin justificación, un contrato 046-CS-21/21 con una empresa para la recuperación de cuentas con adeudo por derechos de agua potable y drenaje a la que le pagó 2 millones 340 mil 182 pesos, equivalentes a una contraprestación (comisión) del 30%
Echevarría Ibarra reprochó que el titular de la CESPM haya “privatizado el agua con puros contratos” Señaló que en el contrato (RP-CESPM-2021-004-OP-13) por 6 millones 197 mil pesos, suscrito con una empresa para hacer el corte y reconexión del agua, la paraestatal pagó 8 millones 897 mil pesos; es decir, le pagaron de más 2 millones 700 mil pesos fuera de contrato. “Generosos los directivos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali con dinero recaudado de los usuarios”.
Denunció que la CESPM tampoco efectuó la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al personal de base y confianza, y no lo enteró a la Tesorería de la Federación, en el pago por concepto de Compensación confidencial, por un monto de 48 millones 825 mil 639 pesos al 31 de diciembre de 2021
La CESPM “no proporcionó evidencia de haber realizado el cálculo del Impuesto Sobre la Renta anual, de cada empleado que le hubiere prestado servicios personales subordinados durante el ejercicio 2021”, conforme a la normatividad federal.
El subdirector de Administración de la CESPM realizó en forma “irregular la retención y entero” del ISR del pago de aguinaldo a los trabajadores en 2021, por un monto de 8 millones 307 mil 450, ya que utilizó recursos propios absorbiendo la carga impositiva que corresponde al trabajador
García Ruvalcaba consideró “alarmante” que el Dictamen se proponga la aprobación de la Cuenta Pública al señalar que la ASE indica 12 puntos con montos específicos que deben aclararse, como el efecto de la compensación confidencial y la adjudicación directa de contratos.
“Además del tema de los fideicomisos para los pluviales. Tenemos un problema enorme para la ciudad con el drenaje y sabemos que eso es carísimo y que no se va a resolver de la noche a la mañana y que la comunidad está consciente de eso, pero de eso a que quede en duda de cómo se está administrando este fideicomiso para los pluviales, eso sí es lamentable”, por lo que llamó a no jugar con la salud de las personas. (Julieta Aragón)
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