Nuevamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) corregirá la plana al Congreso de Baja California y a los intentos autoritarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez y de Amador Rodríguez Lozano, de imponerse en reformas constitucionales carentes de sustento legal, o al menos de prácticas democráticas establecidas propiamente en la Constitución.
Y es que aproximadamente en septiembre, los ministros someterán a votación la última reforma constitucional propuesta por el hoy ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, que permanece viva en los Juzgados federales.
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Se trata del Decreto 110, publicado en octubre de 2020 y que modifica los artículos 18, 27, 42, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 90, 93, 94, 95, 107 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, donde básicamente contemplaba la desintegración del Consejo de la Judicatura del Estado; la designación de magistrados mediante una terna y no a través de una convocatoria pública -como se hace actualmente- y, finalmente, deshacer las salas colegiadas para convertirlas en unitarias, bajo el argumento de que aceleraría las determinaciones en segunda instancia.
El planteamiento del entonces gobernador, era que la eliminación del órgano colegiado traería grandes beneficios económicos, pues su funcionamiento representaba un costo de 50 millones de pesos.
La reforma no fue consensuada ni consultada ampliamente en colegios ni con el Poder Judicial, lo que generó gran polémica en el gremio jurídico de Baja California, donde algunos respaldaban la eliminación de dicho órgano colegiado, pero otros lo observaban como una medida autoritaria y una intromisión a las facultades del Poder Judicial.
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La controversia constitucional 187/2020, promovida por el Poder Judicial, entró en vigor cuando acababa de asumir el hoy magistrado presidente, Alejandro Isaac Fragozo López, quien fue respaldado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y el propio Consejo de la Judicatura para defenderse ante la reforma en la que -aseguró- no fueron contemplados.
Ante la gravedad de los hechos, la SCJN otorgó medidas cautelares y detuvo por tres años la reforma promovida por Bonilla y avalada por un Congreso del Estado, pero gracias a un documento filtrado para ZETA, se confirmó que el proyecto de sentencia pretende desechar la reforma del ex mandatario morenista debido a un error en el procedimiento legislativo, pues no se le habría notificado en tiempo y forma debida al Poder Judicial para emitir una posición en torno a la modificación legal.
Daniel Solorio Ramírez, jurista de amplísima trayectoria y ex catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), criticó a la SCJN por no atender los asuntos de fondo, pues de esa manera no hay un avance jurídico que genere precedentes. Sin embargo, se posicionó a favor de la desaparición del órgano colegiado.
EL PROYECTO DE PÉREZ DAYÁN
El documento de 51 páginas en poder de ZETA es un proyecto de sentencia avalado por el ministro Alberto Pérez Dayán, cotejado por la secretaria Guadalupe de la Paz Varela Domínguez y elaborado por Edith Guadalupe Esquivel Adame, donde básicamente expone que la SCJN pretende desechar la reforma constitucional promovida por Jaime Bonilla Valdez y el Congreso del Estado, debido a que este último no llevó a cabo el procedimiento legislativo correspondiente.
“El Congreso no cumplió con lo establecido en los artículos 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que imponen como obligación que cuando se trate de asuntos relativos a la organización, funcionamiento y competencia del ramo de la Administración de Justicia, las Comisiones de Dictamen Legislativo anunciarán al Poder Judicial cuando menos con cinco días de anticipación, la fecha de las sesiones en las que haya de discutirse el proyecto, para que de estimarse conveniente, concurra por medio de un representante a hacer valer sus opiniones o alegatos, el cual podrá formar parte de los trabajos, pero no contará con voto”. refiere parte del documento.
El alegato expuesto por el Poder Judicial es que se le envió un documento signado por el diputado Juan Manuel Molina, presidente de la Comisión de Gobernación, para invitarlo a la sesión donde se analizaría el tema, pero -según el documento- “lo cierto es que no se adjuntó el dictamen o expediente de la propuesta de reforma a la Constitución local,
lo cual era necesario para que el Poder actor pudiera presentar o formular los alegatos a que se refieren los preceptos referidos”.
Ante esta situación, el Poder Judicial solicitó la documentación correspondiente, pero el Legislativo respondió de manera extemporánea, es decir, con menos de cinco días de anticipación.
“Además, en ese oficio se especificó que, aunque en la iniciativa de reforma se propusieron varios temas que atañen a la estructura, funcionamiento e integración del Poder Judicial, en el proyecto de dictamen a discutirse en la sesión de siete de julio de dos mil veinte, solamente se abordaría el punto relativo a la eliminación del Consejo de la Judicatura”, refiere el escrito.
En otras palabras, sólo analizarían la desaparición del CJE y no el resto de las reformas constitucionales previstas.
En sus alegatos, el Poder Judicial también estableció que la modificación es violatoria al principio de progresividad, al tratarse de normas regresivas e injustificadas que modifican la estructura y organización de dicho poder.
Otro punto visto por los magistrados es que “la desaparición de los Magistrados Supernumerarios, así como las modificaciones adoptadas para los procedimientos de suplencias de los Magistrados por faltas temporales, devienen de un claro desconocimiento del actuar jurisdiccional y administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Estado”.
Ante estos señalamientos, el ministro solicitó argumentos tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, además de una serie de pruebas como una copia del Periódico Oficial del Estado y algunas actas de las propias sesiones.
Amador Rodríguez Lozano, entonces secretario general de Gobierno, pidió a los ministros que por la trascendencia del caso era necesario revisar a fondo el planteamiento y no desecharlo por la forma en que se llevó a cabo la aprobación de dicha iniciativa.
Pese a la argumentación del Ejecutivo, el proyecto de la SCJN decidió desecharlo por considerar que las violaciones al proceso legislativo eran severas, toda vez que el planteamiento provocaba grandes cambios dentro de la estructura, organización y operatividad del ente jurisdiccional.
De hecho, el documento que pretende ser aprobado el próximo mes, utiliza dos episodios similares en Baja California para desechar la iniciativa. Es decir, utiliza como ejemplo la reforma que creó el haber de retiro para jueces y las reformas a la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California, donde pasó exactamente lo mismo, al no contemplar a los involucrados directamente para que tuvieran la oportunidad de emitir alegatos.
El proyecto de la SCJN reclama que el Poder Judicial no sólo debió ser invitado a una sesión de comisión para platicar con cinco o seis diputados, sino que debe ser invitado al pleno para emitir sus comentarios y que todos los legisladores tengan oportunidad de escuchar sus puntos.
Si bien es cierto, el Poder Legislativo tiene la facultad de tomar o rechazar los argumentos, los diputados están obligados a brindarle la oportunidad de expresarse, lo cual no hicieron por decisión propia.
PODER JUDICIAL PRETENDE MODIFICAR CJE
El magistrado Alejandro Isaac Fragozo López conversó con ZETA sobre el proyecto y coincidió en que el Poder Legislativo cometió omisiones severas en el procedimiento, mismas que -en caso de confirmarse la votación- echarían para atrás la reforma de Bonilla.
En su opinión, ninguno de los planteamientos de la propuesta le parecen correctos, aunque reconoce que podrían analizar la integración de salas unitarias.
Sin embargo, el Poder Judicial está trabajando en una reforma constitucional y una nueva Ley Orgánica, debido a que se encuentra desfasada ante la nueva realidad.
Uno de los puntos contemplados es la reducción del Consejo de la Judicatura del Estado, donde consideró que pudieran prescindir de los consejeros nombrados por el Legislativo.
Refirió que anteriormente todas las compras mayores a 39 mil pesos debían pasar por el Consejo de la Judicatura, pero desde el inicio de su administración se pudo modificar para que al menos sea en compras mayores a 100 mil pesos. Esto ha reducido los retrasos en procesos administrativos, pues hasta para pintar algún equipo sencillo o barato era necesaria la aprobación del Consejo.
Respecto al supuesto ahorro de 50 millones de pesos, un estudio de México Evalúa refiere que con suprimir el Consejo de la Judicatura, sólo se ahorrarían 3 millones de pesos al año, derivado del sueldo de los consejeros designados por el Congreso y el Ejecutivo, pues prácticamente todo el personal tendría que ser adscrito a salas u otras áreas administrativas.
El mismo estudio revela que una de las justificaciones del Poder Legislativo planteadas en el decreto es que no ha habido avances en temas importantes como la construcción de los Centros de Convivencia Familiar, a lo que México Evalúa responde que esto se da a causa de la falta de recursos otorgados por el propio Ejecutivo y Legislativo; pese a ello, el Judicial ha intentado resolver el problema mediante convenios y acuerdos con otras instituciones.
El documento plantea que otras entidades federativas como Zacatecas y Morelos no tienen Consejo de la Judicatura, pero Morelos cuenta con un ente que prácticamente cumple con la misma función del CJE, mientras que el Gobierno de Zacatecas lo ve con buenos ojos.
A juicio de Fragozo López, pretenderían reducirlo a cuatro -o cinco-con voto de calidad para reducir costos y volver más eficiente el Consejo, el cual tendría una nueva configuración que planteará si se concreta la sentencia de la SCJN.
CJE DEBE DESAPARECER: SOLORIO
Por su parte, el abogado constitucionalista Daniel Solorio Ramírez comentó que el Consejo de la Judicatura carece de justificación y lo considera un ente burocrático que sólo complica el desempeño del Poder Judicial, además de otorgarle poder a otros entes para la administración del propio organismo jurisdiccional.
Y es que el Poder Judicial de Baja California no es tan grande como el Federal para requerir apoyo administrativo.
Agregó que fue una idea de los años 90, proveniente de políticos que tenían cierta fascinación por la impartición de justicia en España y replicaron el modelo, pero consideró que no atendía a una realidad de ese momento en el país.
Solorio Ramírez también arremetió contra la SCJN, toda vez que este tipo de temas son de alta trascendencia y es necesario dejar precedentes para que otras entidades tengan puntos de partida. Es decir, que haya avances en los criterios.
Ante esta situación, sería importante que la SCJN dejara de desechar los temas por cuestiones de forma y adentrarse en el fondo. Sin embargo, reconoció que a veces existen fallas legislativas debido a la falta de experiencia de los propios legisladores.
El catedrático recordó que temas como la Reforma Electoral han sido desechados bajo este esquema, lo que no abona realmente a los criterios judiciales.
Las últimas propuestas vertidas de la Presidencia de la República -e incluso de algunas gubernaturas- han sido desechadas por errores en el procedimiento, y mientras el mandatario federal acusa hasta de “golpes de Estado técnico”, es importante referir que derivan de agendas políticas que no son debidamente analizadas por los diputados al momento de presentarlo y aprobarlo en cualquiera de las dos cámaras.
