Una nueva derrota legal padecieron los dos directivos de la empresa Banca Afirme, David Alejandro Rodríguez Jacobo y Nabor Medina Garza acusados penalmente por el delito de abuso por retención, derivado de su negativa de entregar los 123 millones de pesos pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Dicho recurso fue un compromiso signado por la administración de Jaime Bonilla Valdez, que tenía como objetivo “empeñar” al Estado para la construcción de una planta fotovoltaica por parte de la empresa Next Energy, en Mexicali, con el único objetivo de abastecer de energía al acueducto que conecta a Tijuana con San Luis Río Colorado.
El compromiso era una entrega mensual de dicha suma, durante 37 años, lo que habría comprometido de manera grave las arcas estatales.
En marzo del 2022, el Poder Ejecutivo, a través de Juan José Pon, consejero jurídico; y Marco Moreno Mexía, secretario de Hacienda, presentaron un recurso legal en contra de varios ex funcionarios de Bonilla Valdez, por irregularidades en el contrato ofertado a sobreprecio.
Además anunciaron un amparo en contra de las retenciones automáticas previstas de participaciones federales.
Pese las múltiples peticiones del Poder Ejecutivo para que Banca Afirme devuelva los 123 millones de pesos -debido a que el contrato con Next Energy fue cancelado- la institución se ha negado a devolver el dinero, lo que ha provocado una nueva batalla legal.
Este viernes 25 de agosto, los dos directivos de Banca Afirme recibieron la notificación sobre el rechazo a suspender la orden de aprehensión en su contra.
El expediente 40/2023 refiere que “ es infundada la modificación de la interlocutoría de uno de febrero de 2023, en el que se concedió la suspensión definitiva y las medidas de aseguramiento que se impusieron en relación a la misma, como de la determinación de once de agosto pasado, en la que se revocó la citada suspensión”
Por tanto, la orden de aprehensión en contra de Nabor y David, sigue vigente, según un juzgado federal de Nuevo León que revisó el caso.
