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martes, octubre 1, 2024
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Líos judiciales de exalcalde y notario de Mulegé

El pasado 9 de agosto del 2023, el Juez de Control con residencia en La Paz, dentro del proceso penal SIFI 635/2023, dictó Auto de Vinculación a Proceso en contra del exalcalde de Mulegé y Notario Público número 20 Guillermo Santillán Meza, con residencia en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, por la falsificación de por lo menos cuatro documentos, uso de documento Falso y alteración de la aplicación digital del Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI).

La investigación complementaria durará cuatro meses; mientras tanto, se dictó medida cautelar en la que establece que el imputado no podrá salir del territorio estatal y dejará en depósito judicial su pasaporte.

“La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de Baja California Sur aportó los datos de pruebas suficientes que permitieron al Juez de Control del partido judicial en esta ciudad, dictar Auto de Vinculación a Proceso en contra de la persona de nombre ‘Guillermo’, de ocupación Notario Público en Baja California Sur, por la comisión del delito de falsificación y uso de documentos falsos previstos en los artículos 361 fracciones II y VII, y 362 del Código Penal vigente en el estado”, se adjudicó Lenin Emiliano Ortiz Amao, Fiscal Anticorrupción en el estado.

Guillermo Santillán en su carácter de Notario Público número 20, con fecha 26 de agosto de 2022, firmó la escritura pública número 13, ***, volumen ***, en la que refiere la adjudicación intestamentaria de bienes por herencia legítima del señor J. B. A. G., referente al predio rústico denominado “Ensenada de Muertos”, ubicado en el San Antonio al sur del municipio de La Paz, con superficie de 1755-61 hectáreas.

En la escritura pública resultaron graves irregularidades, en la que adjuntó documentación falsa, tales como:

1.- Avalúo pericial número IMO/***/22 de fecha 27 de mayo de 2022, signado por el arquitecto I. M. O., con sellos falsos de la Dirección General de Catastro del H.XVII Ayuntamiento de La Paz, con la leyenda “autorizado avalúos”, así como las firmas del director general de Catastro, la subdirectora técnica y la encargada de Avalúos.

2.- Dio fe de que a los 29 días del mes de agosto de 2022 se había presentado la declaración y pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles; sin embargo, en ese documento (consistente en la declaración para el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles de la clave catastral 1-***-0001), falseó la documentación de la Tesorería Municipal de La Paz. Dicho documento no es el formato oficial expedido por el ISABI, ya que no cuenta con el código QR, y el sello que calza por la Subdirección de Recaudación o la firma del subdirector de Recaudación.

3.- Falsificó la factura número 17***78 por la cantidad de $200,966.27 (doscientos mil novecientos sesenta y seis mil pesos 27/100 M.N.) de fecha 29 de agosto de 2022, relativa al ISABI, de clave catastral 1-***-***; y nunca dio aviso de dicha factura a la Tesorería municipal. Además, al escanear el QR de la factura remite a una distinta emitida el 14 de enero de 2022, a nombre de diferente receptor por la cantidad de $64,330.87 (sesenta y cuatro mil trescientos treinta pesos 87/100 M.N.)

4.- En la escritura pública 13, ***, volumen ***, primer testimonio y copias certificadas, el Notario Público estampó la certificación de la Dirección General de Catastro del Ayuntamiento de La Paz, falseando la firma del director general de Catastro de La Paz.

5.- El 26 de septiembre de 2022, el Notario Público, a través de su gestora autorizada, usó las documentales referidas, para inscribir en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el Municipio de La Paz, la escritura pública número 13, ***, volumen ***, de fecha 26 de agosto de 2022, quedando inscrita finalmente el 30 de septiembre de 2022, bajo el folio real 003-11***5.

“El imputado, en su desempeño como notario público, escrituró una adjudicación testamentaria, falsificando un avalúo y la documentación oficial soporte, así como la documentación relativa al pago del ISABI impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, y ordenó la inscripción registral de dicha escritura ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del municipio de La Paz”, externó Arturo Rubio Ruiz, presidente del Colegio de Postgraduados en Derecho y Ciencias Afines de Baja California Sur.

La Auditoría Superior de la Federación lo consideró como presunto responsable de los actos u omisiones en el desfalco de más de 6 mdp, Foto: Antonio de Jesús Cervantes G.

El Notario Público 20 generó un escrutinio público de todos los fedatarios, sobre si realmente están cumpliendo una función para dar fe y legalidad a los procedimientos en Baja California Sur; según Rubio Ruiz, se desarrollará un operativo similar en los diferentes municipios para comprobar que haya existido legalidad en todos y cada uno de los procedimientos notariales.

Además, criticó que una institución tan importante sea inexistente, pues en el Congreso de sudcalifornia se votó por un Fiscal, pero nunca se presupuestó su operatividad para crear la Fiscalía.

“La determinación judicial deja en claro que en la entidad no hay intocables, y que la labor del Fiscal Anticorrupción empieza a dar frutos tangibles, pese a las limitaciones materiales y precarias condiciones laborales a que se encuentra sometido, -entre otras razones- por la falta de previsión presupuestal de nuestros diputados, que crearon la figura jurídica del Fiscal Anticorrupción, pero sin dotarlo de partida presupuestal; razón por la cual tenemos fiscal, pero no tenemos fiscalía”, lanzó Arturo Rubio Ruiz.

GUILLERMO SANTILLÁN Y SU VIDA POLÍTICA

El 14 de enero del 2005, el gobernador en turno, Leonel Efraín Cota Montaño, le otorgó la patente de Notario Público número 20, la cual fue publicada en el Boletín Oficial del Estado No. 15 el 10 de marzo del 2005. A partir de ese momento, Santillán Meza inició sus funciones como fedatario.

Fue hasta el 2 de noviembre del 2007 cuando el entonces gobernador Narciso Agúndez Montaño, le concedió una licencia de carácter indefinido para separarse de la función notarial y que pudiera participar como candidato a diputado local por el XIII distrito electoral en el proceso de elecciones 2008.

Por la coalición Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), Guillermo consiguió el escaño legislativo entre 2008 y 2011; fue en el último año de su gestión como diputado que aprovechó la plataforma para postularse como alcalde de Mulegé, logrando la mayoría de votos y siendo seleccionado como presidente municipal hasta el 2015.

A su salida fue severamente criticado por supuestos desfalcos. Incluso a finales del 2015 Edith Aguilar Villavicencio, ahora alcaldesa de Mulegé, señaló desvíos en la gestión de Santillán Meza, dejó una deuda de 212 millones 689 mil 846.02 pesos y decenas de obras inconclusas.

Mediante el Diario Oficial de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación hizo público el 20 de noviembre del 2019 a través de un edicto que:

“Ha sido considerado como presunto responsable de los actos u omisiones que se detallan en el oficio citatorio número DGRRFEM-A-8594/19, de fecha 1 de noviembre de 2019, y que consiste en que durante el desempeño de su cargo como presidente municipal de Mulegé, Baja California Sur, omitió vigilar que el gasto público se efectuara conforme al presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento, lo que provocó que durante su gestión se efectuaran pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2015, sin disponer de la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara que dichos recursos se aplicaron a los fines y objetivos del Fondo, causando un presunto daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $6,309,896.70”, se lee.

Una vez terminada su administración, intentó ser candidato a gobernador de Baja California Sur, pero perdió la elección; después de esto regresó a las funciones notariales.

OTRO NOTARIO EN PROBLEMAS

Víctor Peralta Gómez fue privado de su libertad el 28 de mayo del 2017 en Ciudad Constitución, municipio de Comondú. Alrededor de las 4:30 de la madrugada, un grupo de personas entraron a su dormitorio mientras dormía y lo sometieron; se lo llevaron manteniéndolo en el interior de un centro de rehabilitación.

En sus declaraciones resguardadas en la carpeta de investigación CST/651/2017, Víctor Peralta relató los hechos y narró cómo lo subieron a una camioneta blanca, donde lo golpearon y lo encerraron.

En su estancia, dijo que supuestamente lo obligaron a firmar documentos frente al Notario Público 16 en contra de su voluntad.

Víctor Peralta denunció al Notario Marco Antonio Félix Contreras por participar en el despojo de sus propiedades en Comondú, Foto: Antonio de Jesús Cervantes G.

“El notario es Marco Antonio Félix Contreras y Francisco de la Toba Espinoza; son las personas que acudieron donde me tenían privado de la libertad y me sacaron la firma. El juez no quiere proceder en contra de ellos, porque ellos fueron quienes me sacaron la firma a la fuerza y con mentiras, para que firmara para que pudieran liberar”, recordó Víctor Peralta Gómez.

Don Víctor Peralta llegó a pensar que las mismas autoridades están protegiendo al notario que involucró para despojarlos de sus propiedades y negocios, pues -dijo- ya no apareció el nombre del notario en las siguientes denuncias y carpetas de investigación que lo obligaron a interponer.

“Los negocios que tenía siguen operando en las manos de quien se los dieron, ahí estos tienen ellos. Están a su nombre y también en la casa están viviendo ellos, y yo ando en la calle rentando. Resulta que archivaron la carpeta 510, que es donde aparece otra vez el Notario, pero ya no vienen las fotos, no viene nada”, denunció Peralta Gómez.

Por último, pidió a las autoridades a esclarecer su caso; dijo que es muy sencillo pues ya ha aportado todas las pruebas que se requieren para comprobar que fue abusado por sus familiares con la ayuda de trabajadores de un centro de rehabilitación y un Notario Público con sede en Ciudad Constitución.

Añadió que espera que las autoridades recapaciten y se haga justicia, pues todas las pruebas documentales inculpan a los imputados, incluidos un notario.

“Les entregué la sentencia que salió, donde sentencian al notario y sentencian a todos, y se la entrego, que era lo que ocupaban; y ahora dice que no, que no se puede hacer nada, que porque por culpa de los otros que estuvieron (metiendo mano) en principio en mi carpeta. Sería bueno se supiera a todo lo que me he enfrentado, a esa corrupción, y cómo tengo las pruebas de todo lo que andan haciendo, y cómo quieren tapar todo conforme han protegido al notario”, lamentó el afectado.

Autor(a)

Antonio Cervantes
Antonio Cervantes
Antonio Cervantes Antonio Cervantes Antonio T 42 antonio@zetatijuana.com
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