Reducción de 99 millones de metros cúbicos de agua para 2023 anunciada por CILA, es fortuita; en la actualidad se negocia posible reducción de 600 millones en los próximos tres años
La reducción del recorte de agua previsto en el Acta 323 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) para México, proveniente del Río Colorado, será menor a la que se contempló en 2023, pues para el próximo año se prevé una reducción de 99 millones de metros cúbicos de agua, en comparación con los 128 millones que se han resentido en el año en curso en Baja California y Sonora.
Hay que recordar que anualmente, México recibe del Río Colorado mil 850 millones de metros cúbicos de agua para satisfacer las necesidades de Baja California y -en menor medida- de Sonora. Sin embargo, desde hace varios años, la sequía extrema que se vive en la región, tanto en México como en Estados Unidos e impactó de forma sustancial los niveles del recurso hídrico del Lago Mead, ha reducido la entrega de agua en varios millones de metros cúbicos.
Desde hace aproximadamente dos décadas, la región se encuentra en sequía extrema y, desde hace más de 50 años, Mexicali cuenta con un estrés hídrico derivado de la sobreexplotación de los pozos del subsuelo.
La CILA anunció de manera oficial que para 2024, la reducción prevista es de 99 millones de metros cúbicos. Sin embargo, autoridades binacionales reconocen que las consecuencias de la sequía siguen siendo abrumadoras, por lo que se analiza la posibilidad de activar una cláusula de la propia Acta 323 para obligar a México a ceder 600 millones de metros cúbicos extra a los contemplados para los siguientes tres años.
Esto quiere decir que además de los 99 millones, en septiembre se podría agregar una reducción de 200 millones de metros cúbicos más, dando un total de casi 300 millones, es decir, más del doble de lo que se recortó en 2023, año considerado crítico por la reducción histórica.
Para dimensionar la pérdida, Mexicali requiere anualmente de 100 millones de metros cúbicos de agua, mientras que Tijuana ronda los 160 o 170 millones de metros cúbicos al año. La mezcla de la necesidad de ambos municipios no alcanza el nivel de reducción que afectaría a la entidad.
Aprovechando esta coyuntura, el Poder Ejecutivo ha planteado como una de las principales soluciones la desalinización del agua, mediante plantas que se instalarían en Rosarito y San Quintín, pese a que el método planteado es el más caro de todos, lo que representaría un costo sustancial en el servicio.
Pese a que la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa) y el propio Poder Ejecutivo local y federal, reconocen e identifican desde hace más de 20 años la necesidad de encontrar mecanismos alternativos de consumo de agua, es poco lo que históricamente se ha invertido en la materia, al grado que en Baja California, mientras se adolece de recurso hídrico, principalmente en Tijuana y Ensenada, la deficiente infraestructura subterránea que conduce el líquido vital genera pérdidas de hasta el 20 por ciento del agua disponible para el consumo de las ciudades.
Vemos cómo en comunidades como Cañón de Sáinz se generan deslaves y hundimientos a causa de fugas de agua, en una ciudad donde se carece de un servicio eficiente y completo.
Por la prelación del consumo de agua para BC, los únicos afectados serían -hasta este momento- los agricultores de las zonas rurales del Estado, a donde se distribuye el 70 por ciento del recurso hídrico proveniente del Río Colorado. Además de Tijuana, que prácticamente compra a los agricultores del Valle de Mexicali la mitad del agua que consume.
Sin embargo, cada año es un nuevo aviso de la necesidad de implementar un uso más eficiente del recurso hídrico del que disponemos, pero no vemos acciones concretas que ofrezcan una solución de este lado de la frontera, al menos para retrasar el impacto.
