En tres años el Poder Judicial de Baja California solo emitió 51 sentencias en casos de feminicidio, en las cuales según el análisis de perspectiva de género hecho por la Red de Mujeres Unidas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC) hubo omisiones.
“Uno de los principales hallazgos de esta presentación es que en un gran porcentaje de estas sentencias emitidas los procedimientos fueron abreviados, es decir donde el imputado se declara culpable y el procedimiento no cumple con todas las etapas del juicio oral, esto le permite a la persona juzgadora emitir una sentencia expedita, pero sin tomar los elementos de la víctima y el contexto que pudiera agravar más las penas que están contempladas”, mencionó el presidente de la CEDHBC, Miguel Ángel Mora Marrufo.
Según el análisis en el 88 por ciento de los casos la Fiscalía solicitó procedimiento abreviado, es decir que únicamente el 12 por ciento se resolvió mediante juicio oral, algo que no permite comprobar el delito cometido por razones de género y otorga sentencias favorables a los feminicidas.
“Los procedimientos abreviados violentan los derechos de las víctimas de violencia feminicida porque no se reconocen en el procedimiento las razones de género. La primera omisión que sucede es que la Fiscalía a pesar de que el protocolo emitido por la Fiscalía General de la República establece que todas las muertes violentas de mujeres tiene que iniciarse la investigación por feminicidio, la Fiscalía en Baja California no lo hace”, explicó Elsa Jimenez Larios, abogada de la Red de Mujeres Unidas por Baja California.
Sentencias infladas y carpetas incompletas
De las 77 sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de mayo de 2020 a mayo de 2023, 20 están repetidas, lo que para Elsa Jimenez significa que el número se está alterando para aparentar que hay más casos resueltos.
“La base de datos que formamos con las sentencias teníamos 77, sin embargo solamente 51 son útiles porque hay 20 repetidas, significa que se están alterando los números para aparentar que hay más casos resueltos”, declaró.
Según el informe, en Tijuana se emitieron 27 sentencias, en Mexicali y Ensenada 10, y en Rosarito y Tecate 2.
De las 51 sentencias el 74 por ciento se realizó por el delito de feminicidio y el 25.5 por ciento por tentativa de feminicidio.
En el 35 por ciento de los casos existieron amenazas, acoso o lesiones previas del agresor en contra de la víctima, pero solo el 23.5 por ciento quedó asentado en la carpeta de investigación, de ellos en el 12 por ciento no se señalaron en la acusación aun cuando había antecedentes en la carpeta; solo el cuatro por ciento de las víctimas contaba con medidas de protección y cautelares, las cuales fueron insuficientes para detener al feminicida.
En el 47 por ciento de los casos los femicidios fueron cometidos en domicilios particulares, 12 por ciento en vía pública, 10 en el lugar de trabajo y en 31 por ciento no se cuenta con información del lugar en que se cometió el crimen.
En el 12 por ciento de los casos la víctima fue mutilada, en el 12 por ciento el agresor expuso el cuerpo de la víctima en un lugar público, pero solo en el nueve por ciento de los casos la Fiscalía realizó la imputación por este motivo; en el 10 por ciento de las sentencias el agresor violó a la víctima, pero sólo en el nueve por ciento se le imputó este delito.
En el 35 por ciento de los casos el arma utilizada fue punzo cortante (cuchillo, desarmador o machete), en el 24 por ciento el agresor utilizó sus manos y piernas para asesinar a la víctima, en el 10 por ciento el arma utilizada fue una pistola y en el 29 por ciento no hay información sobre el objeto perpetrador en la carpeta de investigación.
La causa de muerte en el 35 por ciento de los casos fue por un objeto punzo cortante; en el 12 por ciento asfixia por estrangulamiento; 12 por ciento lesiones provocadas por golpes con puños y patadas; 12 por ciento por traumatismo craneoencefálico; 10 por ciento por arma de fuego y 12 por ciento no cuenta con esa información en la carpeta.
No hay reparación del daño
En el 51 por ciento de los casos las víctimas tenían hijos y en el 39 por ciento los ofendidos son la madre o padre de la víctima, pero el Estado no los apoya.
“No se está aplicando el Protocolo Nacional a Niños, Niñas y Adolescentes en orfandad por Víctimas de Feminicidio, es decir, hay niños que se quedaron sin sus madres y que no están siendo atendidos más que por las familias que se quedaron a su cargo, que en la gran mayoría de los casos son las abuelas y abuelos”, dijo Mora Marrufo.
Sobre si la falta de sentencias, carpetas inconclusas y abandonó a los deudos de las víctimas de feminicidio se debe a la falta de capacitación en perspectiva de género de las autoridades investigadoras y juzgadoras, la abogada de la Red de Mujeres señaló:
“Ya no es un tema de capacitación, desde el 2011 se modificó la Constitución; el personal que trabaja en las Fiscalías y en los Poderes judiciales ha tenido tiempo suficiente para capacitarse; es momento en que los juzgadores apliquen la perspectiva de género”, sentenció Elsa Jimenez.
