Ensenada.- El presidente de la Federación de Transporte y Experiencias en Rutas Vinícolas (Fetraex, Humberto Valdés Romero, dio a conocer en un comunicado que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tiene irregularidades tras no solventar más de 6 millones de fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) asignados a la modernización de la carretera Transpeninsular en Baja California, en una de varias observaciones, específicamente la 2021-0-09100-22-0302-06-002.
Calificó que esta no es más que la “punta del iceberg” y que el mismo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, está obligado a emprender una auditoria exhaustiva de lo que ha sucedido en término de mantenimiento y ejecución de obra en la carretera escénica Tijuana – Ensenada, desde diciembre del 2013.
Valdés Romero explicó que, en un documento entregado en febrero de 2023, la ASF señala que la SICT en Baja California, no pudo justificar 6 millones de pesos ya que, en el reporte y resumen de resultados de laboratorio, no se reportó el contenido de cemento Portland en la base estabilizada, tampoco presentó evidencia fotográfica documentada de ninguna etapa de preparaciones y/o el proceso de múltiples pruebas realizadas,
Agregó que de acuerdo al documento de la Auditoría Superior de la Federación, el informe enviado por la delegación de la SICT de Baja California, es “Únicamente demostrativo y los resultados no son representativos respecto al contenido de cemento para muestras de la base estabilizada de la carretera, ya que únicamente comprueba la calidad de los materiales pétreos utilizados por el contratista, en incumplimiento de los artículos 54, párrafo primero, de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, entre otros”.
Refirió que el documento firmado por el director general de seguimiento MD Alfonso Damián Peralta de la Auditoria Superior de la Federación, se concluye que “Del análisis y revisión de la información remitida, se determina que esta es insuficiente para acreditar el resarcimiento del importe antes señalado, o comprobar el adecuado ejercicio del gasto público, y por ende, para solventar el citado pliego de observaciones.
