Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló, el 19 de julio de 2023, la convocatoria que emitieron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la alianza “Va Por México”, para seleccionar a la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM).
Sin embargo, la mayoría de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF vinculó al Instituto Nacional Electoral (INE), para que, en un plazo de cinco días, emitiera los lineamientos para fijar los límites en los que deberían conducirse todas las fuerzas políticas que repliquen el mismo esquema.
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Las 12 personas aspirantes para ser candidato a la Presidencia de la República en 2024, de la alianza “Va Por México” y que junto a grupos de ciudadanos conforman el Frente Amplío por México, son: Silvano Aureoles Conejo, Santiago Creel Miranda, Enrique Octavio de la Madrid Cordero, José Jaime Enríquez Félix, Xóchitl Gálvez Ruiz, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola Vera, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Beatriz Paredes Rangel, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Israel Rivas Bastida y Sergio Iván Torres Bravo.
Por tres sufragios en contra y uno a favor, los cuatro magistrados que asistieron a la sesión rechazaron el proyecto que había elaborado la decana de la Sala Superior del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis, para anular el proceso de precampañas de selección de los aspirantes para ser candidato a la Presidencia de la República en 2024, de la alianza “Va Por México” y que junto a grupos de ciudadanos conforman el Frente Amplío por México, por supuestamente constituir un “fraude a la ley”.
Además de Otálora Malassis, a la sesión asistieron los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzales y Reyes Rodríguez Mondragón -presidente de la Sala Superior del TEPJF-, pero se ausentaron sus homólogos Mónica Aralí Soto Frego, José Luis Vargas Valdez y Felipe de la Mata Pizaña.
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El proyecto presentado por la magistrada decana de la Sala Superior del TEPJF, se derivó de denuncias que presentaron ciudadanos y el Partido del Trabajo (PT), en contra del procedimiento de selección del responsable de construir el Frente Amplio por México.
Otálora Malassis defendió su propuesta y dijo que dicho proceso tenía la naturaleza de una contienda interna del ámbito electoral, en la que resultaría ganadora la persona con mayor apoyo social y sería postulada en el proceso electoral federal.
“Es un fraude a la ley, porque su realización tiene como trasfondo una serie de acciones tendiente a lo que será su candidato que será este año por parte de los partidos denunciados”, indicó la citada magistrada.
Por su parte, Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de la Sala Superior del TEPJF, dijo que dicho asunto no se podía considerar “en blanco y negro”, sino que se debía buscar el equilibrio entre derechos fundamentales, como reunión, asociación y tránsito, para garantizar la participación ciudadana y los procesos políticos.
“No estoy de acuerdo con invalidar la convocatoria para elegir a la persona responsable para construir el Frente Amplio por México. Coincido que puede vulnerar la equidad de la contienda del proceso electoral por venir 2023-2024”, agregó el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Sin embargo, esta posible vulneración puede evitarse a partir de la emisión de lineamientos generales por parte del Consejo General del INE para que regule y fiscalice este proceso, con la finalidad de que salvaguarde la equidad y la legalidad y se encaucen estas expresiones dentro de los parámetros y estándares de legalidad electoral”, declaró Rodríguez Mondragón.
El magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF planteó los criterios que debería seguir el Consejo General del INE para emitir los lineamientos y señaló que deberían definir las reglas necesarias para identificar lo que estaba permitido y lo que no, así como los protocolos y herramientas.
Rodríguez Mondragón puntualizó que se debería aclarar que de ningún modo se habilitaría a partidos, organizaciones civiles, participantes o simpatizantes, para realizar actos anticipados de precampaña o campaña y en caso de que así se registrara, debería indagarse, incluso de oficio, y sancionarse.
El magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF expuso que se deberían establecer las disposiciones para salvaguardar la equidad, por lo que para dichos procesos, los partidos no podrían utilizar las prerrogativas de acceso a radio y televisión, para la sobreexposición de las personas aspirantes o participantes.
Rodríguez Mondragón señaló que tampoco se podrían contratar o adquirir tiempos en medios electrónicos, además de que los servidores públicos estarían obligados a usar los recursos a su cargo de forma imparcial y la propaganda gubernamental debería utilizarse con fines constitucionales y no para promoción política-electoral o para personas partidistas.
El magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF explicó que en los lineamientos también deberían establecer que las denuncias se tramitarían por la vía de procedimientos especiales sancionadores.
Además, de que INE también debería definir el tipo de propaganda permitida -espectaculares, en vehículos o pintas de barda- y certificarse, para lo cual se debería establecer una fiscalización especializada, en la que los partidos tendrían que presentar sus informes, que se deberían presentar el día de los informes de las precampañas, así como también definir las consecuencias.
Durante la sesión, el magistrado Indalfer Infante Gonzales se pronunció porque prevaleciera una interpretación pro libertades, que se orientara a maximizar las libertades. “No advierto afectación a la equidad de la contienda por el hecho de que los partidos conformen un frente y la convocatoria controvertida no resulta ilegal o contraria al principio constitucional de equidad ni constituye por si misma”, enfatizó.
En tanto que el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera apuntó que no existían elementos para considerar que el procedimiento para seleccionar a la persona responsable de construir el Frente Amplio por México, fuera un procedimiento electoral, además de que no le asistía la razón al PT respecto a que constituyera un fraude a la ley.
“Para demostrar esta figura es necesario acreditar la existencia de ciertos hechos que demuestre que fueron llevados a cabo para trastocar una norma. Coincidió en que el hecho de que se apruebe la convocatoria no significa que habrá impunidad, porque quienes actúen violando la ley deberán ser sancionados”, insistió Fuentes Barrera.
El 18 de julio de 2023, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE declaró procedente el registro del Frente Amplio por México, pero aclaró que éste no podría ser utilizado con fines electorales.
En sesión extraordinaria, la citada Comisión del órgano constitucional autónomo avaló el anteproyecto de acuerdo que las dirigencias del PAN, del PRI y del PRD registraron el 9 de julio de 2023, debido a que resolvió que cada uno de dicho partidos cumplió con su normativa interna, para impulsar la conformación del frente opositor.
“Se conmina a que toda actividad pública o privada desarrollada por el PAN, el PRI y el PRD, de manera conjunta o en lo individual, al amparo del denominado Construcción del Frente Amplio por México, se ajuste a los objetivos políticos y sociales estipulados, mismos que en ningún caso podrán ser de naturaleza electoral”, señala el anteproyecto que debería ser discutido y eventualmente aprobado por el Consejo General del INE.
Con el voto en contra de la consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez, la citada Comisión del INE determinó, también, que los partidos del frente opositor podrían hacer uso de sus prerrogativas en radio y televisión, siempre y cuando éstas fueran utilizadas para propaganda política y no para fines electorales o para la promoción del voto.
