El miércoles 12 de julio, en el Valle de Mexicali, entre elementos de la Fiscalía General del Estado y colectivos de búsqueda, localizaron una fosa clandestina. El terror para muchas familias de desaparecidos es localizar en tan siniestro lugar a los que con esperanza han buscado.
A la fecha, la cuenta de los restos localizados corresponden a 15 personas que se estima, fueron asesinadas y enterradas entre seis meses atrás a la fecha. Los primeros en alertarse son los familiares de los jóvenes que han desaparecido, impunemente, de la zona de bares de la Capital bajacaliforniana. Las pruebas de ADN a los restos aún no concluyen resultados.
Todos los días, en la Mesa para la Construcción de la Paz de Baja California, la cual se supone que encabeza la gobernadora Marina Ávila Olmeda, se reúnen y, entre otros temas, revisan el de los asesinatos. Dónde se perpetraron, quiénes fueron, cuál es el origen. La idea es investigar para inhibirlos, y como ha sucedido cuando aumentan las ejecuciones, el Gobierno de México suele enviar más elementos de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad y disminuir la matazón.
En el reporte del jueves 13 de julio no aparecían los 15 muertos encontrados en la fosa clandestina de Mexicali, que, ahora se sabe, fue el campo de exterminio de Los Rusos, violenta célula criminal del Cártel de Sinaloa, del ala liderada por Ismael “El Mayo” Zambada García.
Los restos tampoco aparecieron en el reporte del viernes 14 de julio, ni en los que siguieron a la fecha. Simple y sencillamente, los muertos de la narcofosa no fueron sumados ni presentados en la estadística delictiva de los asesinatos en BC.
¿Cuántas veces ha sucedido así? Desafortunadamente en Baja California, uno de los cinco estados donde más violencia se desarrolla y más homicidios dolosos se cuentan -de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI-, es terriblemente común que aparezcan cuerpos enterrados, abandonados, tirados, escondidos en receptáculos como maletas, tambos, hieleras… ¿Cuántos de esos no han llegado a la estadística oficial del crimen?
Hasta el 26 de julio, en lo que va de 2023, en BC se han contabilizado, oficialmente, mil 556 asesinatos, 188 sólo en 26 días de julio, sin contar a los 15 localizados en la fosa clandestina. Si así fuera, la cifra indicaría 203 crímenes con un promedio de 7.8 ejecutados al día en el séptimo mes del año.
Resulta alarmante, especialmente considerando el trabajo de los colectivos de búsqueda de desaparecidos, que por su cuenta han localizado cientos de cuerpos en diferentes zonas del Estado, que estos no sean sumados a la estadística oficial. Ello no sólo constituye una manipulación de las cifras oficiales de la violencia, también la evasión de la insegura realidad que prevalece en Baja California. Estamos realmente peor de lo que nos informan.
Aparte, aun cuando se sabe que se abrió investigación no sólo para conocer la identidad de los 15 cuerpos, sino para determinar las condiciones de criminalidad que concluyeron con su clandestino entierro y delimitar la responsabilidad de los autores, sean del cártel que sea, no contarlos es revictimizarlos. Ninguna autoridad los buscaba, ninguna autoridad los cuenta.
A menos que muy en lo oscurito y alimentando una estadística que sólo las autoridades de seguridad de Baja California conozcan, los restos localizados en fosas clandestinas estén en otra clasificación, aunque finalmente son asesinatos. Pero ni en la Fiscalía General del Estado, ni en la Secretaría de Seguridad, ni en la Mesa por la Construcción de la Paz, se ha informado que se mantenga otra estadística aparte de los homicidios dolosos diarios.
Si consideramos que los colectivos de búsqueda calculan que en BC se han registrado unas 20 mil desapariciones, y que lamentablemente han localizado cientos de cuerpos en fosas clandestinas, la realidad es peor de lo que se ve, de lo que se cuenta y que se considera oficialmente para la generación, en alguna parte del Gobierno de la República y del estatal, de políticas públicas para combatir la inseguridad, la violencia y particularmente los homicidios dolosos. Tema al que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió cuando fue candidato al cargo que hoy ocupa. De hecho, prometió que disminuiría la cifra en los primeros seis meses de su administración, lo cual no sucedió.
Hace no muchos días, el propio López Obrador reconoció que la cifra de muertos en lo que va de su sexenio ya había superado lo contabilizado en los seis años de la administración de Enrique Peña Nieto y también lo registrado en los seis años de Felipe Calderón Hinojosa. Como suele hacerlo, culpó del clima de inseguridad y violencia a los gobiernos anteriores.
En Baja California el tema no es uno que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda enfrente o maneje de manera directa, a pesar que fue a propuesta de ella que se habilitó la Secretaría de Seguridad Pública estatal, por lo cual la prevención y parte de la inteligencia para combatir al crimen, está en su facultad, al tiempo que los homicidios dolosos no son responsabilidad federal, sino estatal.
Sin embargo, ahora se sabe, hay muertos que no cuentan, que ocultan, para presentar cifras alegres que complazcan el autoengaño, porque la sociedad bajacaliforniana ve todos los días la inseguridad y la violencia que no se registra oficialmente.
