Cinco obras del programa Respira puesto en marcha por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda tienen un sobrecosto de entre 55 y 81.5 por ciento, que además de encarecer los proyectos de infraestructura, engrosa la deuda de la administración estatal.
Se trata de contratos plurianuales otorgados en 2022 bajo licitaciones públicas en las que sólo hubo un participante: el ganador. Tan sólo el sobrecosto por financiamiento de los contratos suma 398 millones 174 mil 682 pesos, cantidad con la que se podría pagar la inversión física de cualquiera de las cinco obras.
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Las cinco empresas contratadas han sido señaladas con anterioridad de ser favoritas de gobiernos de distinto orden y partido, incluida la gestión municipal de Ávila Olmeda. Además, paradójicamente una de las compañías fue la encargada de edificar el puente El Chaparral en el sexenio de Felipe Calderón, el cual ha sido cerrado a la circulación por fallas en su estructura en dos ocasiones al cabo de una década. Actualmente el Ayuntamiento de Tijuana prevé destinar 75 millones de pesos para rehabilitarlo.
COSTO FINANCIERO ENCARECE OBRAS
El esquema de contrato plurianual pretende generar un flujo de recursos (con los que no cuenta el gobierno) para financiar los proyectos de infraestructura de Respira, implementado por la actual administración para dar movilidad a las ciudades del Estado, entre otros objetivos.
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Si bien, el esquema del contrato plurianual fue aprobado por la mayoría de los legisladores de Morena y partidos afines en el Congreso, al final son obligaciones de pago adquiridas por el Estado que se sumarán al monto de deuda de largo y corto plazos a otros pasivos, así como a los contratos plurianuales que se asignarán en 2023.
Las cinco obras con contratos plurianuales, cuyo monto total asciende a mil 877 millones 508 mil 919 pesos a pagarse en tres años, son el puente desnivel Casa Blanca-Bulevar 2000 y Nodo Alamar en Tijuana; así como la construcción de la carretera a Islas Agrarias, de Calle Novena a Anillo Periférico, y la rehabilitación de los bulevares Manuel Gómez Morín y CETYS en Mexicali.
El sobrecosto en estos proyectos de infraestructura se debe principalmente al costo del financiamiento y el cargo por utilidad por créditos que otorgaron dos instituciones financieras a las empresas que actualmente construyen las obras, las cuales tienen avances físicos de entre 55 y 95%.
Respecto al encarecimiento de las obras, Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) indicó que se priorizó el beneficio que traerán a la población que transita por zonas de conflicto vial.
“Si no tuviéramos un rezago tan grande, tal vez hubiera sido válido esperar a tener los recursos suficientes a la mano, pero ahorita no lo es, y ahorita estamos cubriendo rezagos”, dijo. “Estamos solucionando cosas que están muy atrasadas y dan beneficio lo más rápido posible”.
El beneficio radica en menor tiempo de traslado de la población, competitividad para recibir más inversiones al haber más alternativas viales, y en seguridad para evitar accidentes vehiculares.
En estos contratos, el contratista va al banco y él es su propio aval, “el Estado no entra para nada, no hay participaciones estatales, nada”; de ahí que en las licitaciones se verificó que las empresas tengan la capacidad financiera y técnica para ejecutar las obras.
“Si el Estado deja de pagar, la bronca es del contratista”, afirmó el funcionario.
No obstante, señaló que el Estado pagará al banco (Banorte e Inbursa) y no a la empresa contratista. Versión que difiere de lo que indican los contratos a los que ZETA tuvo acceso, en los que se establece que el contratista presentará un Certificado de Avance de Obra Autorizada, a liquidarse a partir del segundo semestre de este año, prácticamente cuando concluyan las obras.
Cabe señalar que en ningún contrato se menciona que las empresas contratistas adquirieron un crédito ni la tasa de interés de los empréstitos, pero en ningún caso se pagará un incremento del monto del contrato, según los propios documentos.
MAYOR SOBREPRECIO, EN PUENTE CASA BLANCA
De las cinco obras iniciadas en 2022, el puente desnivel Casa Blanca-Bulevar 2000 tiene el sobreprecio más elevado -81.56%-. Según el contrato asignado a la empresa Cinco Contemporánea, SA de CV, el costo directo de la obra (materiales y construcción) es de 179 millones 754 mil 169.30 pesos. Pero el gobierno estatal terminará pagando 378 millones 573 mil 467.91 pesos (con IVA) en 29 mensualidades, del 17 de agosto de 2023 al 17 de diciembre de 2025.
Espinoza Jaramillo previó que la obra sea terminada entre el 15 y el 17 de julio, dado que ya casi concluyen las losas y está por llegar un material que juntará el pavimento superior con los puentes. Además, falta la colocación de un semáforo y alumbrado en la parte superior. Recientemente la gobernadora abrió parcialmente la obra a la circulación, al tener un avance físico del 90%.
La segunda obra con mayor sobreprecio es el Nodo Alamar-Bulevar Terán Terán, cuya construcción llevará 12 meses y fue asignada a Arca del Pacífico, S de RL de CV, con un sobreprecio de 74.10%, ya que la inversión física fue valuada en 369.3 millones de pesos y terminará costando a los bajacalifornianos 745.9 millones de pesos -a liquidarse en 29 mensualidades- del 17 de agosto de 2023 al 17 de diciembre de 2025.
Los trabajos iniciaron el 26 de octubre de 2022. Tienen un avance en el lugar del 55% y un avance formal -que contempla lo prefabricado- de 65%.
En Mexicali, la ampliación de la carretera a Islas Agrarias, de Calle Novena al Anillo Periférico, tiene un sobrecosto de 58.4%. El costo directo de la obra desarrollada por Constructora Cadena, SA de CV es de 182.4 millones de pesos, pero se terminará pagando 335.2 millones de pesos en 30 pagos mensuales a partir del 17 de julio de 2023. La obra tiene un porcentaje de avance del 95%.
En tanto, la remodelación y construcción del Bulevar Manuel Gómez Morín Sur, del Bulevar Héctor Terán al Bulevar Anáhuac, así como la rehabilitación del Bulevar CETYS (también conocido como Aeropuerto) desde el fraccionamiento Rioja al Puente Abasolo tiene un sobrecosto de 55.02%.
La obra asignada a las empresas Conza, SA de CV y Arrendadora del Colorado del Norte, S.A de CV en proposición conjunta, tiene una inversión física (costo directo) de 232.2 millones de pesos, sin embargo, el monto total asciende a 417.7 millones de pesos, el cual se pagará en 30 mensualidades del 17 de julio de 2023 al 17 de diciembre de 2025.
El titular de SIDURT habló del avance en el Bulevar Gómez Morín, que es del 80%: “Ya va avanzando muy rápido, porque están en puras pavimentaciones, la idea es que concluya el 15 de julio”. Mientras el Bulevar CETYS tiene un avance del 90%.
Sin embargo, el consorcio debió terminar la obra el 31 de mayo de 2023, según el contrato.
EMPRESAS CON CUESTIONABLE HISTORIAL
Entre las cinco empresas a las que les fueron entregados los contratos plurianuales destaca Arca del Pacífico, S de RL de CV, que actualmente construye el Nodo Alamar.
En 2010, esta empresa obtuvo el contrato por 83 millones de pesos para construir el puente El Chaparral en Tijuana. La obra resultó una “pifia”, ya que la constructora colocó “provisionalmente ciertos elementos para cumplir con el propósito de inaugurar, y como sí funcionó, se olvidaron de corregir”, declararía en aquel entonces un directivo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a un funcionario del Ayuntamiento de Tijuana.
De manera más reciente, la compañía fundada en 1997 por María del Consuelo Nahoul Calderón, Griselda Cueva Cano y Susana Guzmán Zamudio en Mexicali, sostuvo un litigio con el gobierno estatal por la construcción de un puente vehicular sobre la Carretera Federal 5.
En tanto, Cinco Contemporánea, SA de CV, que construye el Puente Casa Blanca, fue creada en Jalisco en 2007. Su socio mayoritario y administrador general es Rodrigo Ramos Gambi. En 2017, la empresa se vio en vuelta en un escándalo cuando obtuvo el fallo de la licitación para rehabilitar el Bulevar Cucapah en Tijuana, pese a que su propuesta económica no fue la más barata y participantes del concurso impugnaran la resolución del gobierno panista de Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
Antes, el periódico Índigo registró que, en junio de 2012, el equipo de campaña del partido Movimiento Ciudadano (del hoy gobernador Enrique Alfaro) acusó a las empresas de Ramos Gambi de encabezar la lista de contratistas favoritos ligados al gobierno de Aristóteles Sandoval.
Constructora Cadena, SA de CV, que actualmente desarrolla la carretera Islas Agrarias, se vio envuelta en observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado sobre un contrato por 2.1 millones de pesos, asignado por el Ayuntamiento de Mexicali encabezado por Jaime Díaz Ochoa para mantenimiento de espacios públicos, sin que fueran comprobados. Por esta y otras irregularidades, la Cuenta Pública 2016 de la Capital bajacaliforniana no fue aprobada por el Congreso.
Ese año, a la empresa creada en 1978 en Mexicali por los hermanos Cadena Payán, también fue señalada de ser una de las contratistas predilectas de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, al recibir contratos por 271 millones de pesos.
En tanto, Conza, SA de CV y Arrendadora del Colorado del Norte, SA de CV, que integraron el consorcio que actualmente construye los bulevares Manuel Gómez Morín y CETYS, también han sido identificadas como empresas favorecidas por el Ayuntamiento de Mexicali cuando era alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, hoy gobernadora del Estado.
Así lo informó una investigación del periodista Eduardo Villa Lugo en ZETA, en la que se detalla cómo Conza, fundada en 2008 por Alejandro Zavala Beltrán y su madre, Griselda Beltrán Román, recibió contratos por invitación a tres, aparentemente simulando competir con otras empresas de su propiedad.
En actos similares participó Arrendadora del Colorado del Norte, SA. de CV, en los que favoreció a compañías que comparten domicilio y/o socios obteniendo contratos por más de 42 millones de pesos. En la gestión de Ávila Olmeda como alcaldesa se le adjudicó la rehabilitación del Bulevar Lázaro Cárdenas, desde Calzada Manuel Gómez Morín a Benito Juárez, por 21 millones 695 mil 523 pesos; y el rodamiento de Manuel Gómez Morín, desde Calzada CETYS hasta Calle Colón, por 16 millones 618 mil 156 pesos.
CMIC TIJUANA PIDE RECONSIDERAR PRESUPUESTO PARA OBRA PÚBLICA
Gabriel Vizcaíno, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Tijuana, considera que con los contratos plurianuales, “las obras se hacen muy caras” y pocas empresas pueden acceder a las licitaciones, debido a que un banco es quien financia la obra y no todas las empresas pueden tener ese apalancamiento.
“Un gobierno que dice que no se va a endeudar, lo primero que está haciendo es endeudarse, cuando estamos viendo que todo el dinero se está yendo a otros estados de la República”, señaló el líder empresarial, quien a la vez reprochó: “El Gobierno del Estado no ha sabido gestionar el recurso que los demás estados sí tienen”.
En el primer cuatrimestre de 2023, en Baja California se contrató obra pública por 223.9 millones de pesos, equivalentes al 9.26% del total presupuestado, pese a que otros estados de la frontera Norte, como Tamaulipas y Coahuila, ya habían ejecutado 2 mil 209 millones de pesos y 2 mil 895 millones de pesos, respectivamente.
A nivel nacional, en el desglose del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 por entidad, se observa que Campeche y Tabasco tienen los montos más altos en comparación del resto de las entidades. En conjunto, ambos estados del Sureste concentran 61% del recurso de inversión pública.
Vizcaíno también se pronunció por la reconfiguración del recurso que se asignará a la obra pública en el Presupuesto de Egresos del Estado del próximo año: “Debemos entender que tenemos un fenómeno que es el nearshoring y, si no invertimos en infraestructura, lo vamos a ver pasar de noche”.
Para concluir, el titular de la CMIC Tijuana advirtió que el Gobierno del Estado debe cambiar su forma de invertir, de otro modo, no llegará la inversión extranjera: “Se va a ir a Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua o a Sonora, y nosotros nos vamos a quedar nada más viendo pasar los millones, creo que el gobierno estatal tiene que reflexionar en esto”.
