Aunque el delito de homicidio y secuestro son de los principales hechos que influyen en la perspectiva ciudadana, la realidad es que el espectro de ilícitos es mucho más amplio. Robo, robo de vehículos, violaciones, violencia familiar, son algunos que representan una afectación directa a la ciudadanía y que pareciera no son atendidos con la misma intensidad
Cuando a finales de junio pasado ZETA entrevistó al secretario de Seguridad, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, al hablar de incidencia delictiva, comentó que su compromiso es descender los delitos -en general- en un 30 por ciento.
Se le preguntó cómo llegaron a ese número, pero dijo que no había un dato específico ni una forma de medirlo, sólo que esa era la cifra que formaba parte del Plan Estatal de Desarrollo y ese era su objetivo.
En reiteradas ocasiones, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha presumido la reducción de homicidios en prácticamente todos los municipios, salvo Tijuana, donde la tendencia homicida continúa al alza en aproximadamente 11%.
Según la organización Semáforo Delictivo, Baja California se encuentra en Verde en torno a delitos como secuestro, lo que ha logrado mantenerse desde hace varios años, tras la creación del Grupo Antisecuestros y las estrategias planteadas desde la década de 2000, cuando era un verdadero problema.
Pero ¿qué pasa con el resto de los delitos? ¿Por qué no se les da un tratamiento prioritario? ¿Qué tanto se trabaja en ellos?
Según cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, desde el inicio de la pandemia, por ejemplo, el delito de violencia familiar ha crecido de manera exponencial cada año, reportando de 10 mil 455 en 2019 a 13 mil 362. La tendencia este 2023 apunta a que la cifra registrará un aumento, pues sólo en los primeros seis meses del año ya se contabilizan 6 mil 835 denuncias, y es precisamente en la última parte del año cuando la incidencia aumenta.
Esto se da en medio del reconocimiento por parte del Gobierno del Estado de una Alerta de Género a causa de la incidencia de agresiones en contra de mujeres.
Pero no es lo único, pues Semáforo Delictivo ubica a BC con números rojos en robo de vehículo, robo a negocio, violación y narcomenudeo, a causa de la alta cifra de denuncias e incidencia que se refleja principalmente en Tijuana, municipio que acapara la mayoría de la población, pero también de los crímenes.
Respecto al robo de vehículos, la tendencia viene a la baja, pues de los 12 mil 353 documentos en 2022, este año van 5 mil 912.
Sobre la incidencia delictiva en torno a casos de índole sexual, como violación simple y equiparada, en 2023 se contabilizan 349 y 139, respectivamente, en toda la entidad, una cifra destacada -lamentablemente- a nivel nacional.
En 2022, a estas fechas se habían contabilizado 315 violaciones simples y 184 equiparadas; en 2022, se documentaron 293 simples y 153 equiparadas, lo que representa una tendencia al alza en el primero y un descenso en el segundo.
Pero haciendo un análisis más amplio, no sólo se debe medir la incidencia, sino las judicializaciones, las sentencias -es conocido que aproximadamente la mitad de los poco menos de 14 mil internos esperan condena- y la cifra negra; esta última, según el colectivo Causa en Común, la considera -a nivel nacional- entre el 91 y 95%, dependiendo el hecho delictivo que se relacione.
A lo anterior, en este país y en esta entidad, es necesario sumar otro crimen que poco se contabiliza en los registros locales como lo es la desaparición forzada, pues según el organismo Elementa, se documentan 14 mil desaparecidos, mientras la cifra oficial que entregó la FGE a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, sólo reconoce a poco más de mil, lo que representa una diferencia abismal entre uno y otro.
Todos esos delitos aquejan a la ciudadanía e implican un problema directo a la comunidad, pero pareciera que nos enfocamos sólo en homicidios y secuestros, como si la sola atención de esto, permitiera lograr la paz social.
