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martes, julio 23, 2024
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La explosiva guerra del narco en México

El país se convulsiona por la inseguridad y la violencia crónica, pese a que autoridades federales y estatales aseguran que todo va bien y se exagera al mostrarse cada uno de los hechos que socavan la tranquilidad de pueblos y familias completas. Sin embargo, en semanas recientes un ingrediente extra ha causado temor y zozobra en habitantes de diversas entidades: el uso de artefactos explosivos de fabricación casera por parte de miembros de los grupos de la delincuencia organizada.

Tan solo en unos días, una seguidilla de crímenes ha puesto de cabeza a diversos estados como Jalisco, Guanajuato, Colima, Guerrero, Michoacán y Chiapas, entre otros, donde aumentan los desplazamientos humanos; no obstante, el Presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que todo está en calma: “El tema de los conservadores y de sus medios es el de exaltar todo lo relacionado con la violencia como si fuese lo mismo de antes, y los datos que tenemos, que consideramos son datos ciertos, indican que no existe una situación de descontrol de violencia en Chiapas”.

Aún no se digiere la explosión de un carro bomba el 28 de junio en Celaya, Guanajuato, con saldo de cuatro elementos de la Guardia Nacional (GN) lesionados, y le siguieron en el uso de explosivos delincuentes en Michoacán y Jalisco. En Apatzingán, narcotraficantes bombardearon la comunidad de Los Hoyos el 10 de julio, lanzando artefactos explosivos por medio de drones, como lo han venido haciendo desde 2021.

Autoridades reconocieron el hecho, pero aseguran no hubo lesionados. En tanto, el día 11, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, seis personas murieron y 14 resultaron heridas durante un atentado con explosivos contra agentes de la Fiscalía y la Policía Municipal.

Previo a estos hechos, el 9 de julio asesinaron a dos hombres que apenas salían del penal de Colima tras una resolución judicial. Y esa noche, un comando incendió intencionalmente el Mercado de Abastos de Toluca, Estado de México, al parecer por el cobro de derecho de piso, muriendo nueve personas calcinadas.

Para colmo, el lunes 10 se registró una impresionante y violenta manifestación en Chilpancingo, Guerrero, en la que presuntos ciudadanos y transportistas exigían la libertad de dos sujetos aprehendidos por las autoridades y que resultan ser líderes del grupo criminal como Los Ardillos, opresores de comunidades indígenas y dedicados a diversos ilícitos.

Los manifestantes de Chilpancingo privaron de la libertad a varios elementos de GN y de la Policía Estatal, a quienes liberaron un día después, tras dejar destrucción urbana a su paso. Fiel a su estilo, López Obrador minimizó el hecho e hizo un llamado a los pobladores, al tiempo que avisó que no se actuará con la fuerza del Estado: “¿Qué le digo a la gente? No se dejen manipular y nosotros no vamos a ser rehenes de nadie, que no estén pensando también que somos represores, como eran los de antes. La instrucción que dio Rosa Icela (secretaria de Seguridad) y que fue apoyada por el Gabinete de Seguridad es no caer en una provocación. Entonces, decirles a los de Guerrero, de esta región y también a la gente, pues que vamos a ir dándole solución al problema sin el uso de medidas coercitivas, sin el uso de la fuerza”.

Por su parte, en Colima, tras los hechos violentos de la reciente doble ejecución el 11 de julio, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Distrito cerró sus puertas al público y determinó realizar todas sus diligencia a distancia, con la finalidad de proteger a su personal de la violencia que se vive en esa entidad federativa. A través de una circular, mencionan los crímenes del día 9 y en esa misma fecha la agresión a balazos de la fachada de la casa del asesinado juez de Distrito, Uriel Villegas Ortiz, además del homicidio el martes 11 de un abogado junto con su hijo. El profesionista defendió a uno de los ejecutados el domingo previo.

EMBOSCADA

La noche del 11 de julio se registró un multihomicidio que cimbró a la opinión pública nacional, no por el número de víctimas que fueron seis personas muertas y 14 lesionadas, sino porque se trató de un atentado con artefactos explosivos en contra de elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, concretamente de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD) y policías del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se desarrollaban los hechos, tras una denuncia anónima de la supuesta localización de restos humanos.

Autoridades arribaron al sitio en las calles Flaviano Ramos y Abasolo de la colonia Larios, a un kilómetro cuando mucho del centro de la cabecera municipal. De repente, aseguran vecinos de los alrededores, se escuchó una fuerte explosión simultánea que alumbró de rojo la penumbra. Una camioneta de la Fiscalía ardió en llamas con sus ocupantes al interior; en tanto, policías y civiles que se encontraban en un radio de entre 40 y 60 metros eran alcanzados por el estallido, entre ellos, menores de edad.

El saldo fue de tres elementos de la Fiscalía fallecidos, entre ellos el supervisor del área de Desaparecidos, y un agente de la Policía Municipal que junto con dos civiles ajenos a los hechos también perdió la vida. De las 14 personas heridas, dos son servidores públicos, uno de ellos de la dependencia estatal, y el otro municipal. Las 12 personas restantes son civiles, entre ellas tres niños de 9, 13 y 14 años de edad que fueron reportados fuera de peligro. En cuando a los automotores que sufrieron daños materiales, fueron tres vehículos oficiales y una unidad particular, algunos con pérdida total.

Foto: Cortesía

La autoridad jalisciense confirmó que se trató de un ataque perfectamente planificado por miembros de la delincuencia organizada y, aunque todavía no se revela el tipo de explosivo empleado, se sabe de forma preliminar que los artefactos estaban semienterrados en la calle de terracería.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó que fueron un total de siete los instrumentos explosivos los que estallaron, mientras que otro más no detonó. Versiones de personal de Servicios Periciales que pidió no ser identificado, señala que las bombas caseras no explotaron al paso de los vehículos, sino que al parecer fueron activadas a distancia.

Alfaro Ramírez expresó que los hechos ocurrieron después de que “… una ciudadana que participa en los colectivos de madres buscadoras recibió una denuncia anónima diciéndole que había un punto donde había presuntamente restos humanos. Esta ciudadana informó a las autoridades que, como siempre lo hemos hecho, atendimos el reporte y acudimos a revisar lo que ahí estaba sucediendo. Lo que sucedió es que fue una trampa para nuestros elementos. Lo que sucedió es que esta llamada buscaba la presencia de nuestras policías para poder agredirlas con estos artefactos explosivos”.

El mandatario anunció que luego del brutal ataque, se suspenden de manera temporal las búsquedas de desaparecidos relacionadas con llamadas anónimas para garantizar la seguridad de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas: “Con el propósito también de cuidar a las personas que de manera auténtica están buscando a sus familiares, para no exponerlas a ningún tipo de riesgo, pero también con la necesidad de revisar estos protocolos mediante los cuales se activan mecanismos de búsqueda a partir de denuncias anónimas hemos decidido y queremos anunciar que este tipo de procesos van a quedar por lo pronto suspendido hasta que no podamos definir una ruta a seguir”.

El anuncio provocó reacciones en los colectivos de madres buscadoras a nivel nacional, pues se interpretó que Alfaro Ramírez estaba responsabilizando a la mujer que había informado de la denuncia anónima que motivó la movilización que a la postre costó la vida a las víctimas. El Gobierno del Estado emitió una aclaración en la que señala que Alfaro no criminalizó a las integrantes de los grupos de búsqueda del incidente. A la fecha no hay personas detenidas por los hechos ni se ha reivindicado la autoría de los mismos a alguna organización criminal, que en el caso de Tlajomulco de Zúñiga, es conocido el dominio territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

LO QUE VIENE

Las autoridades de Jalisco no pueden decir que no sabían el riesgo cada vez mayor de que los grupos delincuenciales utilizaran artefactos explosivos, pues durante el año en curso han asegurado más de 100 de estos instrumentos en los sitios donde se han registrado enfrentamientos armados entre criminales o en contra de cuerpos policiales o de las Fuerzas Armadas. Apenas una semana antes, tras una balacera en la región de Los Altos, colindante con Zacatecas, la Policía Estatal aseguró un carro bomba que estaba listo para detonar en cuanto fuese puesto en marcha.

Los avisos datan de tiempo atrás, pero en este año, ya que además de estar enterados en la fiscalía jalisciense del uso de minas terrestres y drones con explosivos en el vecino Estado de Michoacán, donde el CJNG y Cárteles Unidos (La Nueva Familia Michoacana, Los Blancos de Troya, Cártel de Tepalcatepec y los remanentes de Los Caballeros Templarios) se combaten a bombazos, en Teocaltiche, Jalisco, los enfrentamientos entre CJNG y el Cártel de Sinaloa también han puesto al descubierto la posesión de explosivos.

El 17 de marzo de 2023, una violenta balacera que concluyó con la quema de diversos vehículos y el aseguramiento de cuatro monstruos con blindaje artesanal, llevó a la Policía Estatal a incautar tres automotores de alta gama, un arma larga, 650 cartuchos útiles para armas largas, 25 cargadores y un artefacto explosivo de fabricación casera. En los municipios colindantes, San Miguel el Alto y Jalostotitlán, fueron localizados varios vehículos totalmente calcinados, en una escena propia de una película de guerra. Sólo el conductor de un vehículo resultó lesionado.

Cinco días después, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, sobre la autopista a Zapotlanejo, policías municipales de Tonalá interceptaron un carro Nissan Versa color tinto con cinco sujetos sospechosos a bordo para su inspección. Se trataba de cuatro hombres y una mujer. Los uniformados localizaron al interior del auto una mochila que contenía un artefacto de fabricación casera, mismo que explotó a la manipulación de uno de los agentes. El policía sufrió daños severos en una de sus manos y los ocupantes del carro fueron detenidos; mientras que personal del Grupo TEDAX se hizo presente para descartar mayores riesgos.

Foto: Cortesía

En otro enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia organizada y militares en Teocaltiche, el 22 de marzo, fueron aseguradas una tanqueta con blindaje artesanal y una camioneta pick-up, junto con 283 cartuchos calibre 50, 253 balas calibre 7.62 y 150 cartuchos para otros fusiles, además de 34 cargadores y dos artefactos explosivos. Un día después, en otra región, el Ejército Mexicano incautó 74 artefactos explosivos, 34 artefactos tipo niple, dos minas anti personal artesanales y más de un kilo de pólvora en las cercanías del poblado Las Pilas, municipio de Santa María del Oro. También aseguraron 15 cargadores, 280 cartuchos, chalecos blindados y placas balísticas.

El hallazgo fue cuestionado al coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, quien reconoció que las organizaciones delictivas han incrementado sus niveles de violencia y ahora cuentan entre sus instrumentos de combate con artefactos explosivos de fabricación casera, los cuales al parecer son elaborados clandestinamente en un punto limítrofe de Jalisco y Michoacán. Hasta entonces, el funcionario dijo que en sólo una semana, las autoridades habían asegurado más de 100 explosivos.

La madrugada del 5 de julio hubo otro intento del CJNG por penetrar en Teocaltiche, el único de los 125 municipios de la entidad que no está bajo su dominio, pues históricamente el Cártel de Sinaloa, a través de la familia Gutiérrez, tiene el control. Sicarios del CJNG provenientes de Mexticacán, Yahualica de González Gallo y de Nochistlán, Zacatecas, se enfrentaron a sangre y fuego con los locales, pero nuevamente fueron repelidos. Además de un arma larga, se aseguraron cuatro artefactos explosivos de fabricación artesanal y cuatro vehículos, uno de ellos de los llamados coche bomba.

Una camioneta Nissan con estaquitas de color blanco tenía colocado un artefacto explosivo en una de sus puertas, conectado al motor de la unidad para, en caso de ser puesta en marcha la unidad, detonara. El instrumento consistía en un tanque de oxígeno y dos extintores con pólvora. Ricardo Sánchez Beruben confirmó el hecho.

MUY GRAVE

ZETA entrevistó sobre el tema al profesor investigador Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Ciencias Disciplinares del Derecho y creador de la carrera de Criminología de la Universidad de Guadalajara. Esta es la conversación con el experto:

¿Cuál es el mensaje de la delincuencia organizada con el uso de artefactos explosivos?

“Desgraciadamente la delincuencia organizada está abriendo la puerta hacia la agresividad radical relacionada con el narcoterrorismo, en el que, para imponer sus demandas, sus peticiones, tiene que lograr aterrorizar a la comunidad o para dejar un mensaje de que quienes atentan buscan quedarse con el espacio o con el territorio que ha sido amenazado, o para desplazar a otros grupos delictivos, sin importar los daños que puedan ocasionar.

“En esta ocasión, vemos que hay agentes de Seguridad estatal y municipal fallecidos, pero también civiles ajenos a cualquier conflicto y que lamentablemente no se ha dado con los responsables, que es una forma de operación que está elevando el nivel de agresividad que estos grupos delictivos están implementando en la ciudad”.

— En ocasiones anteriores, el Presidente López Obrador ha catalogado este tipo de hechos como “actos propagandísticos”. ¿Usted coincide con ello?

“No. Claro que no. Hay que estar muy atentos y preocupados. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que analizar e investigar los restos de esos explosivos. ¿Cómo fueron a parar ahí? ¿Cómo es que se consiguen?, y recrear ese artefacto de fabricación casera del que están hablando los medios de comunicación, para poder realizar una recreación criminal que sirva para prevenir y estar atentos sobre posibles nuevos ataques que se puedan repetir a lo largo y ancho de nuestro Estado.

“No son hechos aislados. El utilizar este tipo de instrumentos con un poder expansivo territorial interesante, con el cual las personas sufren daños tanto materiales como humanos, nos mueven a estar más alertas y más al pendiente. No hay que tomarlo a la ligera, y obviamente, no comparto lo que dicen el Presidente ni el gobernador, porque el gobernador parece ser que estaba responsabilizando a un colectivo de buscadoras de desaparecidos y que cayeron en una trampa, y que se van a establecer los protocolos.

“Aquí más allá de echar culpas, si es delincuencia organizada o los colectivos que están buscando a sus familias cayeron en la trampa, creo que lo que se tiene que hacer verdaderamente es elaborar una estrategia para contener este tipo de actividades que no han dejado bien parados a otros países. Colombia es un reflejo, tuvieron estos actos de narcoterrorismo durante los años ochenta, y en el caso de México no sería bueno que en un Estado democrático como el que tenemos, inicien este tipo de agresiones atentando contra gente inocente”.

De replicarse estos actos y convertirse en frecuentes por parte de las facciones criminales, ¿tiene el Estado la capacidad de investigar y contener a estos grupos?

“Considero que es muy difícil prevenir y contener este tipo de actos porque los insumos para fabricar bombas son caseros. Se pude usar, por ejemplo, una olla exprés con un control a distancia, tornillos, acido, etcétera; son fáciles de elaborar de manera casera. Entonces, es difícil detectar si una persona compra clavos en determinada cantidad, si compra plastilina o ciertos materiales, es muy complicado saber qué uso les van a dar para contener este tipo de actividades criminales.

“Por eso es muy importante que los investigadores sepan qué fue lo que se utilizó para la creación de esta bomba y, a partir de ahí, ver qué sustancias o insumos pueden ser restringidos o más vigilados para su venta. Se tiene que hacer una labor de investigación muy importante para detectar y para prevenir. Más allá de reformar la Ley y de elevar penas, que esa es la lógica del legislador o del Ejecutivo, se tiene que hacer algo científico para poder saber qué es de lo que estamos hablando”.

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