El Gobierno Federal elevó, el 18 de julio de 2023, de 10.7 a 30 millones de dólares, el pago que exige a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para que salga de prisión, incremento que el ex funcionario denunció como una supuesta extorsión por parte de la Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al comparecer ante Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, el ex director general de la empresa paraestatal calificó de exageradas las pretensiones económicas del Gobierno de México y dijo que parecía que no quería llegar a un acuerdo reparatorio, ello a pesar de su colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR).
Hasta junio de 2023, el Gobierno Federal pedía al ex director general de PEMEX, reparar un daño de 10 millones 736 mil 351 dólares, de los cuales 3.4 millones correspondían al caso Agronitrogenados y 7 millones 336 mil 351 dólares por el caso Odebrecht.
“La Unidad de Inteligencia Financiera [UIF] y PEMEX pidieron en enero del año pasado 3.4 millones de dólares, ahora lo que piden es un 200 por ciento más, me parece que es inmoral e ilegal y que raya hasta en la extorsión”, dijo Lozoya Austin, durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
“Acepté pagar el 100 por ciento de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño, ¿por qué la exageración? ¿por qué la cuasi extorsión? Es inmoral para este Gobierno ir a un restaurante en la Ciudad de México, pero no lo es ir a restaurantes y jugar golf en Boston [Massachusetts] y Madrid [España]”, señaló el ex funcionario federal, en clara alusión a Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el ex presidente Enrique Peña Nieto, quienes viven dichas ciudades.
“Después de estos actos de autoridad, de acoso y extorsión ¿quién querrá en sus cinco sentidos colaborar con el Gobierno? Parece que la política le gana a la justicia, estoy sentado aquí por una farsa, me pregunto si el señor presidente [López Obrador] está enterado de lo que se dijo aquí”, insistió Lozoya Austin.
JUEZ DIFIERE AUDIENCIA DE LOZOYA POR CASO AGRONITROGENADOS
Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, aplazó, el 18 de julio de 2023, para el 31 de agosto del mismo año, la audiencia intermedia en la que la FGR formulará su acusación contra el ex director general de PEMEX, por el caso Agronitrogenados.
Al iniciar la audiencia del 18 de julio de 2023, la FGR, PEMEX y la UIF informaron al juez federal que no llegaron a un acuerdo reparatorio con Lozoya Austin. Ante ello, la defensa del ex director de la empresa paraestatal exigió una explicación por la cual las autoridades decidieron triplicar el monto del daño exigido, al incrementarlo de 10.7 a 30 millones de dólares.
Gerardo García Morales, representante de la UIF, respondió que el aumento de la suma exigida a Lozoya Austin era una instrucción de Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por su parte, Antonio Domínguez Zavaleta, fiscal de la FGR, respondió que la Fiscalía General de la República no fue parte de las negociaciones del acuerdo reparatorio.
Asimismo, Dayrén Zambrano Martínez, apoderada de PEMEX, señaló que no era voluntad de la empresa paraestatal llegar a un acuerdo reparatorio con Lozoya Austin. Ante ello, el juez federal resolvió no llevar a cabo la audiencia intermedia, porque la FGR no formó parte de las negociaciones del acuerdo que finalmente fue rechazado, mientras que Petróleos Mexicanos y la UIF no justificaron el incremento del monto en un 200 por ciento.
“La cantidad de la reparación del daño no la justifican, de manera dogmática me dicen que es la postura del Gobierno Federal, yo tendría que verificarlo. Sí se requiere la fundamentación porque si no, la Fiscalía genera incentivos perversos como en el sistema anterior y se podría fijar cualquier cantidad de manera arbitraria”, señaló Alarcón López.
“Incluso si el Estado mexicano no quiere celebrar el acuerdo también deben dar una justificación al igual de por qué no estuvo presente la FGR […] Debió tener intervención la Fiscalía porque es el rector de la propia investigación, veo que UIF y PEMEX van por cuerda separada de la Fiscalía y eso tampoco es correcto”, agregó el juez federal.
Además, López Alarcón también rechazó declarar prescrito el delito de lavado de dinero que le imputaban a Lozoya Austin en el caso Agronitrogenados, porque estimó que el caso fue denunciado en tiempo y forma.
No obstante, la defensa del ex director general de PEMEX planteó que el delito de lavado de dinero imputado a su cliente había prescrito a fines de 2015. Pero el juez federal señaló que la denuncia de Petróleos Mexicanos fue presentada el 5 de marzo de 2019, por lo que no había concluido el plazo para continuar con el proceso contra Lozoya Austin.
LOZOYA “ESTÁ DELICADO DE SALUD”, AFIRMA SU ABOGADO
En entrevista con medios antes de entrar a la audiencia, en el Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Lozoya Austin, advirtió, el 18 de julio de 2023, que desde su llegada a México de España, el ex director general de PEMEX tenía ya problemas de salud.
Mismos que se habían agravado por la situación de prisión preventiva que calificó como injustificada. Asimismo, comentó su cliente que estaba dispuesto a ser un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Él desde su llegada a México, lo recordarán, venía de España con afectaciones importantes y estas se han agravado, esa es la realidad, se encuentra delicado y por eso quiere resolver este asunto lo antes posible; no está bien físicamente, ha sido un sometimiento muy duro a una prisión preventiva injustificada, que consideramos ilegítima”, dijo el litigante.
“Creemos que en marco del estado constitucional lo debido es otorgarle el reconocimiento como un testigo colaborador como lo sostiene el propio reglamento federal en México, que salga en libertad que se suspenda el ejercicio de la acción penal, no solamente a favor de él sino también de su familia y que continuemos trabajando con la FGR”, señaló Ontiveros Alonso.
“Nosotros no vamos a aceptar ya ninguna prórroga la privación ilegal de la libertad ilegítima en agravio de Emilio Lozoya Austin, Las condiciones ilegítimas en las que se encuentra su señora madre, su hermana, su esposa, ya no aguanta más tiempo, entonces nosotros no solamente no vamos a solicitar ninguna prórroga, sino que tampoco vamos a aceptar ninguna solicitud, vamos ánimo de proceder a la firma en los términos aprobados por el Consejo de administración de PEMEX”, insistió el abogado.
TRIBUNAL FEDERAL RECHAZA SUSPENDER PRISIÓN A LOZOYA POR CASO ODEBRECHT
El 6 de julio de 2023, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación rechazó suspender la prisión preventiva justificada dictada a Lozoya Austin por el caso Odebrecht, al estimar que la medida cautelar era un asunto que debía someterse a debate entre las partes.
“De concederse la suspensión de los actos reclamados para los efectos que pretende el promovente, se vulneraría el principio de contradicción que rige en el Proceso Penal Acusatorio, pues las demás partes no estarían en condiciones de controvertir y confrontar los argumentos de la parte quejosa ni las pruebas ofrecidas en esta incidencia, por lo que se contravendrían disposiciones de orden público”, señaló el Tribunal en su fallo.
En el caso de los supuestos sobornos de la constructora brasileña, la FGR pidió a un tribunal de enjuiciamiento condenar a Lozoya Austin a 46 años con 6 meses de prisión, por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.
La FGR también pidió a la justicia decretar el decomiso de la residencia de Ixtapa, Guerrero, comprada a nombre de su esposa, Marielle Helene Eckes. La acusación, presentada en enero del año de 2022, sostiene que directivos de Odebrecht sobornaron a Lozoya Austin con al menos 10.5 millones de dólares, para conseguir los contratos de obra en la refinería de Tula, Hidalgo.
