El Congreso de Baja California no podrá designar al titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no emita un posicionamiento sobre la posible violación a la autonomía del órgano jurisdiccional.
Lo anterior puede referirse luego que ministros otorgaran la suspensión provisional solicitada en la controversia constitucional con número 356/2023, promovida por el presidente del TEJA, Carlos Rodolfo Montero Vázquez, ante el intento del Poder Legislativo de definir a quien prácticamente será designado como contralor del tribunal, un acto considerado -para los magistrados administrativos- una violación a su autonomía.
“a las características particulares del caso y a la naturaleza de los actos en él impugnados, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio de la sentencia que en su oportunidad se dicte, resulta procedente conceder la suspensión solicitada para el efecto de que, aunque se siga con el proceso de selección, no se materialice la designación, es decir, no se ejecute la toma de protesta, instalación y/o, adscripción de la persona que sea designada como Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California”, refiere el documento en poder de ZETA.
El documento signado por el Ministro instructor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, indica que por la trascendencia del asunto debe suspenderse el proceso de selección. Mientras tanto, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, no pueden avalar ni designar al representante de dicha institución.
En la pasada edición de ZETA, se dio a conocer que el TEJA se inconformó por las acciones de diputados, los cuales pretendían designar a los titulares de los OIC de varios órganos autónomos, entre ellos el TEJA, puesto que -según el magistrado Presidente, Carlos Montero Vázquez, existen antecedentes -como en Oaxaca- donde la Suprema ha confirmado que el esquema de selección es violatorio a la Constitución, algo que hicieron de conocimiento a legisladores cuando iniciaron con el proceso de selección.
Será hasta que la SCJN defina sí es legal o no la designación del OIC por parte del Poder Legislativo, lo cual no tiene un plazo determinado.
En caso de declararlo una violación a la autonomía, el resto de los nombramientos del Poder Legislativo podrían ponerse en riesgo.
