El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló este sábado la gira de los aspirantes de Morena para que puedan mantener la gira de promoción rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 a lo largo del país, aunque con algunas restricciones para evitar que se conviertan en campaña anticipada y así violar la ley electoral.
La Comisión de Quejas y Denuncias realizó un nuevo proyecto y lo avaló esta tarde luego de que el Tribunal Electoral revocara su decisión de solicitar medidas cautelares contra los aspirantes presidenciales, que buscan la “coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030”. En éste, concluyeron que sí son actos proselitistas, pero no votaron para suspenderlas, sino apenas para ponerles restricciones.
Las medidas cautelares que tendrán los aspirantes morenistas es que sus eventos, para los que hasta ahora usaban el dinero proporcionado por el partido, deberán ser solamente en lugares cerrados o del mismo partido, como oficinas estatales, municipales o auditorios.
Solamente la Consejera Claudia Zavala se posicionó en favor de que se frenaran por completo los actos de proeselitismo, ya que según su argumentación afectan la equidad electoral.
Sin embargo, tanto los consejeros Rita López como Jorge Montaño argumentaron que la resolución que tenían ante sí, de avalar la promoción pero someterlo a restricciones, era la que acataba perfectamente lo ordenado por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El jueves, el TEPJF revocó, por mayoría de votos, el primer acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. El asunto inició a partir de las denuncias presentadas por el Partido Acción Nacional y Jorge Álvarez Máynez, en contra de la participación de Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco Coello, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y el partido Morena en diversos hechos que estimaron que se tratan de actos anticipados de precampaña y campaña.
En respuesta, el pleno, a propuesta del Magistrado Indalfer Infante Gonzales, con los votos en contra de la Magistrada Janine Otálora Malassis y del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, determinó que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE no cumplió con su deber de realizar un análisis preliminar de los hechos denunciados de manera individualizada para cada persona involucrada, a partir las pruebas ofrecidas por los denunciantes y las recabadas por la propia autoridad administrativa, a fin de establecer si, en apariencia del buen derecho, se justificaba la adopción de medidas cautelares.
En ese sentido, se ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias emitir un nuevo acuerdo, que se tomó este sábado en el INE, en el que tenía que determinar si los hechos denunciados violentan el principio de equidad en la contienda y, de ser así, dicte las medidas necesarias para detener los actos o hechos que podrían constituir una infracción, con el propósito de evitar daños irreparables a los principios que rigen los procesos electorales. ZETA/SinEmbargo
