Benito Hernández Juárico, comerciante de Tijuana, denunció actos de extorsión por parte de funcionarios públicos de la Secretaría del Medio Ambiente de Tijuana, ya que le pedían 30 mil pesos para quitarle los sellos de clausura a su negocio.
En entrevista con ZETA, el afectado señaló que en abril se le clausuró su negocio de taller de reparación de línea blanca, así como venta de esos productos, por falta de algunos permisos.
Admitió que lo de la falta de permisos era cierto, por lo que acudió al día siguiente a pagar sus respectivas multas, en donde le comentaron que una vez cumplido el pago, podía acudir a las oficinas de Desarrollo Urbano, y posteriormente, Medio Ambiente, en donde tendrían de 9 a 30 días para quitarle los sellos, a fin de poder cumplir con los requerimientos que le solicitaban.
Sin embargo, a partir de ahí comenzaron los problemas, pues acudió a Desarrollo Urbano y le negaron el acceso; posteriormente a la Dirección de Medio Ambiente, en donde indicó que una persona -de nombre Efraín- le pidió 30 mil pesos para quitarle los sellos a su comercio.
En su denuncia hecha ante la Fiscalía General del Estado, con el número único de caso 0204-2023-24278, Hernández Juárico relató lo sucedido:
“Al momento de encontrarme realizando un pago, se me aproximó un sujeto de sexo masculino, quien dijo ser inspector del Ayuntamiento, de nombre Efraín… quien me dijo que me trataría de ayudar en el asunto de la clausura, acompañándome a las oficinas del Departamento de Protección al Ambiente…”.
“Una vez ahí me pidió que lo esperara afuera de las oficinas, ingresando él a hablar con alguien de dicho departamento y aproximadamente a los 10 minutos salió y se le apreciaba molesto y me comentó ‘se pasan, quieren 30 mil pesos para retirarte los sellos y desaparecerte el expediente y dejarte trabajar todo el año sin molestarte, porque dicen que traes una Bronco bien grande’”, señala la denuncia.
Tras la petición del dinero, ingresó a las oficinas y contó lo relatado a otro funcionario; éste le pidió que salieran y le dijo “burlonamente” que le hiciera un escrito contando lo ocurrido. Al día siguiente le llaman de un número de teléfono desconocido, para decirle que aceptaban que 30 mil pesos era mucho, pero podía darles 15 mil.
Desde entonces, no ha podido reabrir su negocio para poder cumplir con los requerimientos que le pidieron; durante todo mayo y lo que va de junio, acudió a Presidencia y a Sindicatura, pero no sólo no le han resuelto nada, sino que le han impedido el paso a Palacio Municipal. Y si logra entrar, andan policías “escoltándolo”.
De acuerdo con información obtenida por ZETA, empleados del Ayuntamiento señalaron que al afectado no se le negó la atención, sin embargo, debía obtener primero el permiso de uso de suelo y después ir a Medio Ambiente por el manifiesto de impacto ambiental, y posteriormente, la licencia de operación, acciones que él se negaba a realizar, además de que rompió los sellos de clausura de su negocio.
Comentaron que por el giro de su negocio debe tener una licencia de descarga de aguas residuales, así como trampa de sólidos, por el aceite que se desecha de los refrigeradores y lavadoras que arregla.
Asimismo, dieron a conocer que el único avance que ha hecho el afectado es la solicitud del trámite para uso de suelo, pero éste no ha sido aprobado; mientras tanto, Benito Hernández sigue sin poder trabajar, e incluso ya ha tenido problemas de salud que no ha podido atender por falta de dinero, sin que las autoridades le resuelvan su caso.