El domingo 23 de julio, Gerardo Wilfrido Trujillo Barraza, licenciado en Derecho, fue hallado muerto al interior de su oficina ubicada dentro de Plaza Patria, sobre Bulevar Gustavo Díaz Ordaz en la delegación La Mesa de Tijuana. Su cuerpo tenía huellas de violencia y un objeto constrictor en el cuello, siendo estrangulamiento la causa de su muerte.
De acuerdo a las primeras indagatorias, Trujillo no ejercía como abogado, trabajaba con seguros, fianzas y compraventa de terrenos.
Según versiones brindadas por personas cercanas a la víctima a la FGE, ocho años atrás había tenido problemas serios y amenazas por una relación afectiva con una mujer comprometida, situación que se habría repetido en fechas recientes, pero sin que aparentemente le provocara conflictos.
Esta línea personal será agotada por los investigadores de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, no es la única que están revisando, ya que en su línea laboral manejaba importantes asuntos de dinero, el cual es uno de los principales móviles en temas de homicidio, y las autoridades señalaron que no lo van a descartar.
Aunque Trujillo sí tenía personal en su oficina, estos indicaron que sólo llevaban temas administrativos y desconocían su agenda, por lo que ignoraban quien había sido su última cita el viernes.
“Lo más probable es que conocía al agresor porque lo dejó entrar sin problemas y le permitió acercarse lo suficiente para agredirlo, además, no hay ningún tipo de evidencia en el local ni en la victima que muestre que haya opuesto resistencia, no lo hizo”, aseguraron.
Aunque dudan que el agresor haya sido mujer por la fuerza que se requirió para someterlo sin lucha. “pudieron ser dos atacantes, aún se están buscando videos en las cámaras de vigilancia de los alrededores”, detallaron los investigadores.
Después de quitarle la vida, el o los homicidas, buscaron y encontraron el DVR -memoria de las cámaras de vigilancia- y se lo llevaron, no obstante, la Fiscalía General del Estado obtuvo algunos videos y están trabajando para depurarlos.
HOMICIDIOS DE ABOGADOS EN TIJUANA: 4 EN 20 MESES
Durante la actual administración de Morena en Baja California, encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda a nivel estatal y por Montserrat Caballero Ramírez a nivel municipal, cuatro abogados han sido asesinados en esta ciudad.
La primera víctima fue Evaristo García Memije, de 53 años, originario de Acapulco, Guerrero y asesinado con nueve tiros en el pecho y cabeza el 26 de mayo de 2022, cuando salía de su domicilio en Calle Cerro Colorado Sur de la colonia José López Portillo.
En 2014, García Memije fue detenido por policías municipales de Tijuana en compañía de la de nombre Yuridia del Rosario por supuestamente detonar armas de fuego en un domicilio y dañar con él un vehículo que se encontraba al interior de un taller mecánico, además de tener en su posesión un rifle con 52 cartuchos útiles.
La segunda víctima fue Óscar Francisco Aguirre Rubio, de 64 años, quien recibió cuatro tiros el 8 de agosto de 2022 mientras se encontraba al interior de su despacho, a unos metros del Cereso Tijuana en la delegación La Mesa.
El ataque ocurrió alrededor de las 12:00 horas, se reportaron detonaciones de arma de fuego al interior de la oficina número 21 ubicada sobre Avenida Los Charros en la colonia Sandoval, donde dos hombres resultaron lesionados, uno de ellos el litigante. Aunque al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja, Óscar ya se encontraba sin vida, pues recibió la lesión de bala en el rostro.
Víctor Hugo López Ramírez, quien contaba con más de 20 años de experiencia en Derecho Penal, fue asesinado de un tiro en la cabeza el 15 de febrero de 2023 en Avenida Paseo de los Héroes en Zona Río. Fungía como representante legal de David López Jiménez, alias Cabo 20. Lo asesinó Julián Armando Salazar Ramírez, de 19 años, vinculado a proceso el 22 de febrero por homicidio calificado y lesiones, pues durante su crimen hirió también a una joven.
EXIGEN RESPUESTAS A FISCAL GENERAL DE BC
José Emmanuel Hernández Sánchez, vicepresidente regional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), lanzó un llamado al fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, para que los atentados, amenazas y homicidios contra abogados no se sigan dando, y aquellos que ya se dieron, sean resueltos y no queden en la impunidad.
“Confiamos en el trabajo que está haciendo el fiscal Iván Carpio; sin embargo, queremos resultados rápido, aquí lo que cuenta son los resultados. Lamentablemente esas carpetas -73- están avanzando un poco lentas, le pedimos al fiscal que tome cartas en el asunto, que se investiguen y den resultados. Le solicito al fiscal en representación de la organización y de todos los abogados, que esperamos justicia. Ha habido otros temas de abogados que han sido lamentablemente asesinados y no hemos tenido un resultado real”, señaló.
Para concluir, Hernández Sánchez dejó claro que no basta tener buena comunicación con el fiscal general, lo que quieren son resultados reales: “Exigimos a todas las autoridades que realmente nos garanticen ese derecho a la seguridad, es un derecho humano”.
