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miércoles, octubre 2, 2024
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Buscará Congreso quitar Comisión de Búsqueda a General de Gobierno

La creación de un ente independiente con una independencia financiera, la simplificación del proceso para la declaratoria de ausencia y la capacitación de un grupo especial similar al del equipo Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la reacción e investigación inmediata ante casos de probable desaparición forzada, son algunas de las exigencias de colectivos conformados por familiares de personas ausentes en Baja California.

Las propuestas ya fueron presentadas y, aunque falta un gran trabajo de parlamento abierto como el que pretende llevar a cabo el Poder Legislativo, a través de la diputada Rocío Adame se tiene claro que es necesario crear un ente o instituto independiente especializado en atender los casos de personas desaparecidas y las búsquedas de campo que diariamente son ejecutadas por víctimas mal llamadas “indirectas” de un crimen considerado de lesa humanidad.

La agrupación Elementa documenta más de 14 mil personas desaparecidas en Baja California y más de 270 fosas clandestinas halladas. En discordancia, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas sólo identifica en BC aproximadamente mil personas declaradas “desaparecidas”.

Desde este punto se identifica la irregularidad o falta de coordinación por parte de autoridades locales y federales para visibilizar la problemática que se vive en la entidad. La realidad es abrumadora, pero pareciera que la autoridad identifica la crisis a partir de los actos reactivos cometidos en la Zona de Antros de Mexicali, donde un grupo de personas causó daños e incendió un conocido bar (Shots), donde en sólo un año desaparecieron cinco jóvenes. Sin embargo, en el mismo periodo desaparecieron 12 en toda la zona turística de la Capital bajacaliforniana.

El colectivo Madres Unidas y Fuertes, así como el Comité Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), prepararon un pliego petitorio ante el Congreso del Estado, con el objetivo de plantear las primeras necesidades para reconocer derechos de las víctimas y definir las obligaciones de autoridades ante esta problemática.

A través de Gonzalo Moreno y Soraya Ana Villarreal, padres de Kevin Moreno Ana, desaparecido en 2022 de Bar Shots, donde apenas tenía dos días trabajando, se presentó un documento que fue la conclusión de meses de trabajo y recabado de vivencias diarias cuando realizan búsquedas de campo.

En entrevista, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dijo tener conocimiento del proyecto que se prepara en el Legislativo, adelantando que se hará de la mano de colectivos y sus necesidades directas.

PETICIONES DE LOS COLECTIVOS

Tras el intenso trabajo planteado entre 16 académicos, abogados, especialistas y familiares de personas desaparecidas, se presentó un documento de 24 puntos que tienen como objetivo crear un marco legal ideal y acciones concretas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y fiscalía para atender la crisis de desaparecidos. Los planteamientos resumidos son:

1. Crear una Comisión de la Verdad para los casos de desaparecidos en Mexicali.

2. Crear una Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Baja California, donde se reconozca a las víctimas y se instale una mesa de trabajo con colectivos, asociaciones civiles y especialistas para mejorar proyectos e ideas.

En esta Ley debe plantearse la incorporación de una Declaratoria de Alerta de

Violencia y Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida

por Particulares y Personas No Localizadas en el Estado de Baja California, que contemple un conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia, extraordinarias y temporales para prevenir, enfrentar y erradicar el fenómeno de desaparición de personas en BC; así como para prevenir, investigar,

sancionar y erradicar los delitos vinculados con este fenómeno.

3. Incluir en materia educativa aspectos de diseño e implementación de campañas para prevenir y concientizar sobre el delito de desaparición de personas.

4. Elaborar protocolos de difusión que contengan mecanismos de identificación y prevención de factores de riesgos en el ámbito social, dirigidos a adolescentes y jóvenes de nivel media superior y superior.

5. Simplificar los procedimientos y tiempos para la declaración especial de ausencia para personas desaparecidas para que se protejan sus bienes en tanto no se determine su localización.

6. Implementación de mecanismos coordinados de vigilancia en zonas estratégicas de la ciudad, especialmente entre las delimitaciones territoriales de la ciudad, como lo son fronteras con otros municipios y estados.

7. Auditorías constantes, transparentes y de rendición de cuentas en el manejo de recurso de la CLBP.

8. Destinar presupuesto suficiente para atender de forma ágil los casos de personas desaparecidas.

9. Incluir incentivos y/o estímulos fiscales para apoyar a las familiares y personas que dedican tiempo en la búsqueda de personas desaparecidas.

10. Implementación de mecanismos para analizar con perspectiva de género, para investigar la desaparición de una persona en el Estado.

11. Revisar la normatividad en materia de Impuesto sobre Nómina, que permita que las entidades patronales otorguen beneficios o facilidades a colaboradores de familiares y personas que se dedican a la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada. 

12. Reformar las facultades policiales para obligarlos a realizar análisis de hechos relacionados con el delito de desaparición forzada.

13. Acciones gubernamentales para divulgar casos de personas víctimas de desaparición forzada que propicie la sensibilización e involucramiento de la población en la búsqueda y localización de desaparecidos.

14. Regular el uso e interconexión con las autoridades de seguridad públicas e implementar sistemas de registro y monitoreo para las personas que ingresan a los establecimientos. De esta manera, se busca fortalecer la seguridad y el control de acceso en dichos establecimientos, facilitando la identificación y seguimiento de personas involucradas en situaciones que pudieran afectar la tranquilidad y el orden público mediante la Comisión o participación en hechos ilícitos.

15. Crear un grupo interdisciplinario dentro de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición para incorporar datos y coadyuvar dentro de las carpetas de investigación.

16. Impulsar la especialización de jueces, capacitar a personal y crear Juzgados especializados en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

17. Brindar asesoría jurídica, médica, tanatológica y psicológica de las víctimas a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.

18. Brindar autonomía a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Baja California, otorgándoles personalidad jurídica y patrimonio propio. También es necesario dotarlo de personas capacitadas. 

19. Analizar la inclusión de conductas de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o legislación orgánica de las autoridades responsables en seguridad, procuración de justicia, atención a víctimas y búsqueda de personas, que incorpore acciones y omisiones que transgredan a los afectados.

20. Crear legislativamente la conformación de una red multidisciplinaria de

expertos en materia forense.

21. Diseñar un manual de operaciones para mejorar la eficiencia en el gasto de recursos disponibles en la CLBP.

PROPUESTA LEGISLATIVA, INSUFICIENTE

En opinión de colectivos de familiares desaparecidos, el proyecto propuesto por el Poder Legislativo a través de la diputada Rocío Adame, es insuficiente, pues prácticamente es una copia de la Ley Federal, la cual no ha sido implementada.

En entrevista, Gonzalo Moreno señaló que llevaron a cabo dos reuniones con la diputada morenista, donde -consideró- se mostró receptiva, pero fueron pocas las aportaciones que brindó a sus inconformidades.

Madres unidas y fuertes

Un proyecto de Ley disponible en la página del Congreso del Estado, pretende ser un punto de partida para los colectivos, pero será enriquecido con las propuestas que se presentarán los días 7. 8, 9 y 10 de julio en el parlamento abierto.

Por su parte,  la legisladora comentó estar de acuerdo en crear un ente especial dedicado a la atención de personas desaparecidas y la separación de la CLBP de la Secretaría General de Gobierno para que tenga mayor independencia y especialización en la atención de casos de desaparición forzada.

Cuestionada sobre dos puntos importantes como la declaración de ausencia y la creación de un grupo especial para atender casos de personas desaparecidas, Adame indicó que no se encuentran contemplados dentro de la propuesta.

“Son dos temas que necesitamos integrar y que ya vienen en el proyecto; necesitamos revisarlo. La identificación de personas con una herramienta necesaria con una maquinaria que la fiscalía está trabajando”, refirió Rocío Adame, quien agregó que en la Ley priorizaron mejorar la coordinación entre Fiscalía, Poder Judicial y Servicio Médico Forense, ya que es común que  existan confusiones y no crucen los datos de forma eficiente para la localización de personas.

Argumentó que la prioridad es garantizar recursos para la CLBP, con el objetivo de que se vuelva eficiente y operativa, puesto que existe una gran burocracia en el manejo financiero que retrasa el apoyo a las personas, principalmente en lo relacionado a búsquedas de campo.

Entre los puntos destacados, se encuentra la división especial de casos de desaparición de menores y mayores de 18 años de edad, con el diseño de un protocolo diverso.

Sí bien Rocío Adame asegura que la CLBP deberá ser un ente independiente, la creación del Mecanismo Estatal mantiene a la Secretaría General de Gobierno al frente y está compuesto por funcionarios en su mayoría; sólo permite 3 de 10 puestos ciudadanos que lo integran (Salud, FGE, SSC, SGG, titular de la CLBP, titular de Periciales y Hacienda).

El texto también contempla la creación de una Fiscalía Especializada -que no es lo mismo que un grupo especial- y un protocolo para la atención de búsquedas diarias.

En próximos días se llevarán a cabo una serie de mesas de trabajo en Mexicali, Tijuana y Ensenada para depurar y definir los planteamientos de los colectivos.

Autor(a)

Eduardo Villa
Eduardo Villa
Periodista desde 2011 y corresponsal en Mexicali del Semanario Zeta. Participante del Border Hub del International Center for Journalists y coautor del libro “Periodismo de Investigación en el ámbito local: transparencia, Acceso a la Información y Libertad de Expresión”
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