Ante la crisis hídrica que enfrenta la cuenca del Río Colorado, en Baja California es urgente y necesario que se reduzca la demanda del líquido en el corto plazo mediante una gestión “inteligente”. De otro modo “no va a haber recurso que alcance, ni planta desalinizadora que alcance, ni planta de tratamiento de agua residual que alcance”, advirtió Alfonso Cortez Lara, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) de Mexicali.
Antes de considerar crear una planta desalinizadora de agua del mar para abastecer la demanda para Tijuana, cuyo costo es cuatro veces superior que todas las alternativas, es necesario reducir la demanda de agua limpia mediante la reutilización de agua tratada. “En Tijuana se aprovecha solamente 7 por ciento de agua residual tratada”, apuntó.
Durante su participación en el Encuentro Colectivo Baja California “Mexicolectivo”, celebrado este 19 de junio de 2023, el especialista refirió que recientemente se han comentado proyectos para que se use el agua residual tratada fuera de Tijuana, pero aquí la propuesta es que sea aprovechada el agua residual tratada para que se quede en la ciudad de Tijuana.
“En el Valle de Guadalupe se tienen que hacer otras medidas” que tienen que ver con regular y autorregular la extracción de agua subterránea, afirmó.
El investigador recordó que las tres principales fuentes de abastecimiento de agua en Baja California son: el agua del río Colorado que está en sequía prolongada desde el invierno de 1999; y el agua subterránea que depende de la cuenca del río Colorado.
Baja California es una de las entidades que más recursos estatales y federales ha adquirido para los principales proyectos de agua; sin embargo, se registran fugas en las colonias, y falta de aprovechamiento de agua residual tratada, entre otro, agregó.
En materia energética, David Muñoz integrante de la Comisión de Energía de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), pugnó por la descarbonización, descentralización y digitalización. En el primer rubro se busca que centrales eléctricas como la de Rosarito utilice gas natural para generar electricidad, para poco a poco ir sustituyéndola con las energías eólica y solar; recursos que tiene en abundancia Baja California.
La descentralización se refiere a procesos pequeños de generación y almacenamiento de energía eléctrica que pueden hacerse en las viviendas y negocios, a diferencia de lo que ocurría anteriormente que sólo las centrales eléctricas generaban y almacenaban la energía.
La digitalización está encaminada a hacer eficiente la energía, para usar mejor los recursos, mediante dispositivos que regulen la temperatura con sensores, durante las horas en que hay más electricidad generada por energías limpias, lo que también se ve traducido en el costo.
El especialista también destacó las medidas de las empresas para reducir la producción de gases invernadero y la implementación de la electromovilidad. “La transición energética, ya está aquí, no es opcional y la tenemos que implementar”, afirmó.
En su oportunidad, Manuel Guevara Morales exsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y ex director del IMPLAN de Tijuana, destacó la necesidad de que haya más inversión en infraestructura en Baja California y en México, pues en el país se requiere un gasto del 5% del Producto Interno Bruto (PIB), pero éste es de alrededor del 2.1% actualmente.
Si se tuviera que construir en Baja California la infraestructura que se necesita para los próximos 20 años se requerirían 6 mil millones de pesos al año. “¿Si tenemos un presupuesto de mil 500 y ocupamos 6 mil, por qué no participa más la IP (iniciativa privada)?”, cuestionó y propuso que el país se construya también con participación privada pues “no vamos a poder” si solo se utiliza el recurso público del presupuesto estatal.
El país tiene 27 mil kilómetros, “20 mil los construyó Porfirio Díaz y 7 mil hemos construido en cien años”, aseguró Guevara Morales, quien señaló que todos los puertos mexicanos mueven menos carga que el de Long Beach, en Estados Unidos.
Ante ello propuso subir la inversión de infraestructura, para tener por lo menos 4% del PIB en 20 años; fortalecer la banca de desarrollo; aplicar el Fondo Metropolitano; fortalecer los institutos de planeación; y replantear el federalismo en cuanto a las responsabilidades y fondos que corresponden a los municipios, estados y la federación. Además, dijo, se requiere una agenda de infraestructura que “no esté cambiando” cada seis años.
En tanto, Ismael Plascencia López, director de la facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) consideró necesario revisar el contrato social en el país, para saber qué estamos recibiendo los ciudadanos del gobierno, habida cuenta que debe haber Estado de derecho y seguridad.
Consideró que la llegada de empresas, como parte del fenómeno de nearshoring (reolocalización) está siendo por “rebote”, y cuestionó cuántas llegarían de haberse invertido en carreteras y otras infraestructura. En cambio, otros gobiernos como el de Vietnam hizo tales inversiones y está recibiendo la mayor parte del nearshoring a pesar de encontrarse lejos de Estados Unidos.
