En la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Baja California, donde se reúnen todas las autoridades y corporaciones de seguridad federales, Fuerzas Armadas, estatales y municipales, no existe un solo indicio de amenazas contra la vida de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez.
Aunque ella declaró que no presentó denuncias, tampoco hay información que revele cuándo, dónde y cómo recibió las supuestas amenazas en su contra. Otra de las justificaciones de la funcionaria para resguardarse en las instalaciones del 28 Batallón de Infantería, es el atentado que sufrió su escolta Francisco Javier Gallardo el 17 de mayo, investigación de la que refirió no tener conocimiento del proceso y, por lo tanto, sentirse vulnerada.
En realidad, una persona fue vinculada a proceso por el atentado contra el escolta. Se trata de Héctor “N” alias Juan Civaca López, quien declaró cómo él y otros participantes fueron concentrados en un hotel donde les ordenaron realizar el ataque. No a la presidenta municipal, tampoco al escolta Gallardo, sino a una mujer: Rosalva González Molina, que hacía de escolta de avanzada de Caballero.
De hecho, y en eso coincidieron tanto el detenido como el escolta atacado, cuando se dieron cuenta que quien manejaba la unidad oficial del Ayuntamiento no era una mujer sino un hombre, el ataque concluyó y emprendieron la huida. El guardia herido relató que uno de los asesinos lo apuntó con un arma, y cuando lo vio, bajó la misma y se retiró, lo cual coincidió con lo declarado por el aprehendido.
González Molina, la mujer a la que iban a asesinar, tiene historial en la Policía Municipal de Tijuana. En 2008 fue detenida, junto con otros agentes, cuando ella era jefa del Grupo Táctico en la Municipal. La señalaron de tener nexos criminales con la célula de Eduardo García Simental el Teo y con el Cártel de Sinaloa.
Apodada La Puma, Rosalva recuperó su libertad como muchos otros agentes aprehendidos por entonces, por faltas al debido proceso. Entonces inició un litigio contra el Ayuntamiento de Tijuana, pero no regresó a la corporación.
En su calidad de gobernador, Jaime Bonilla Valdez la rescató como parte de su seguridad, pero no la dio de alta en ninguna corporación; la designó coordinador ejecutivo de Logística de la Oficina de la Gubernatura. Lo mismo hizo Montserrat Caballero, quien la sumó a su equipo de escoltas, pero la dio de alta como auxiliar administrativo en Oficialía Mayor, donde oficialmente devengaba un sueldo de 11 mil pesos al mes.
Siete días después del atentado al escolta, Montserrat Caballero “prescindió de los servicios de Rosalva González Molina, la Puma”, según indicó a las autoridades de la Mesa de Seguridad.
Un día después del atentado del 17 de mayo, una narcomanta fue exhibida. Estaba dirigida a la alcaldesa. No vertía ninguna amenaza contra su vida. Decía: “Sra. Montserrat Caballero. Pregúntele a Rosalva González la Puma y a Fernando Zánhez (sic), donde quedaron los desaparecidos levantados por las unidades del UTE bajo el mando del 03 ascorbe”.
Los tres elementos señalados trabajan para la alcaldesa de Tijuana. González era su escolta, Sánchez es el secretario de Seguridad Pública Municipal, y Arturo Ascorbe Ruvalcaba es el subdirector operativo.
Las personas que han sido amenazas son colaboradores de la alcaldesa, todos elementos de seguridad, o en el caso de La Puma, de Oficialía Mayor.
NO FUE ROBO, SINO EXTORSIÓN
Días después, el 29 de mayo, se denunció un robo en el departamento de la alcaldesa Caballero Ramírez. Agentes de la Fiscalía General del Estado y la propia empresa del régimen de condóminos investigaron el caso. Se trató de una extorsión.
Un guardia de seguridad del edificio recibió una llamada, alertando de la necesidad de la ocupante del departamento de entrar y obtener objetos de valor y dinero y entregarlos a una persona.
El hombre confió que se trataba de la alcaldesa de Tijuana y siguió las órdenes. Le dijeron que se apersonara en el departamento y entrara. Cuando les dijo que estaba cerrado, le sugirieron romper una ventana, para lo cual el guardia salió del edificio en busca de una piedra. Pasó al lado de dos unidades de la Guardia Nacional que resguardan la zona de residencia de la alcaldesa y les alertó: “Si escuchan un ruido de ventana, soy yo, la voy a romper”. Los de la Guardia Nacional aceptaron.
Después de romper la ventana, el guardia del edificio entró al departamento y buscó en cajones y otros sitios cosas de valor. Encontró dinero en efectivo por aproximadamente 150 mil pesos, así como joyas. Una vez reunido el botín, le ordenaron vía telefónica que debía entregarlo a la persona que se encontraba en un carro, le proporcionaron las características, a unos metros del edificio residencial hasta donde se dirigió el hombre y, una vez más, pasó frente a una patrulla de la Policía Municipal antes de entregar lo sustraído del departamento de Montserrat Caballero.
Investigadores corroboraron esta historia a través de las cámaras de seguridad, cuando el guardia sale, platica con la Guardia Nacional, recoge una piedra, entra en el edificio para posteriormente salir, pasar a un lado de una patrulla municipal y entregar lo solicitado. Una investigación digital sobre las llamadas realizadas desde y para la caseta de seguridad del residencial, determinó que la llamada de extorsión provino del penal de Puente Grande en Jalisco.
INSEGURIDAD Y POLÍTICA
Después del hallazgo de siete cuerpos en un pick-up en Tijuana, la alcaldesa sorprendió con una decisión que ya había tomado: por razones de seguridad, se iría a vivir al cuartel militar. Particularmente a las instalaciones residenciales del 28 Batallón de Infantería de la II Región Militar, en la colonia El Rubí, o la zona conocida como Aguaje de la Tuna.
Ahí residen los mandos de la II Zona Militar y otros soldados de rango diverso, además de ser sede de la II Región Militar. De autoridades civiles, el único antecedente que se tenía de residencia en dicho lugar, es la del Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, cuando fue secretario de Seguridad de Tijuana en el trienio del panista Jorge Ramos Hernández.
Leyzaola recibía constantes amenazas sobre su vida, cuando en plena época del calderonismo, en México se libraba la guerra contra las drogas, precisamente el periodo en que fue detenida la apodada Puma.
Lo de la alcaldesa de Tijuana es insólito. Tanto, que ha justificado con distintos argumentos su decisión de residir en instalaciones militares. Una de ellas fue el atentado que, con un vinculado a proceso, ha quedado definido que la intención no era asesinarla a ella, sino a su escolta, Rosalva González Molina.
Otro, que la Policía Municipal de Tijuana es la que más armas ha incautado, y más detenidos ha presentado, lo cual asume, la pondría a ella y no a su secretario de Seguridad, en peligro. “Somos la Policía que más armas ha incautado a nivel nacional, más generadores de violencia; 64 de estos tipos han sido generadores de violencia importantes a nivel nacional, sin mencionar los miles de detenidos que tenemos. Por estas situaciones sufrí un atentado que no pasó a mayores y por estas acciones tendrá su servidora que irse a vivir y a reforzar su seguridad desde el Cuartel”, justificó.
Caballero residirá en el cuartel por las noches porque, asegura, “es cuando me siento más vulnerada”.
De acuerdo a cifras de la Policía Municipal, en el periodo del 1 de octubre de 2021 al 30 de mayo de 2023, se aseguraron más de mil 721 armas de fuego, entre cortas y largas; 16 mil 495 cartuchos y mil 450 cargadores; y se detuvo a 785 generadores de violencia, 56 de ellos de alto impacto, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, a quienes Caballero ha acusado de liberarlos con demasiada facilidad.
“Yo los detengo, ellos verifican -FGE y Poder Judicial del Estado- si pasan a proceso o no, mi función es detenerlos; su función es soltarlos, perdón, no. Su función es continuar con los procesos”, comentó la edil a manera de sarcasmo.
En entrevistas que ha concedido a medios, no descartó la posibilidad de que “las amenazas” sean fuego amigo y “alguien” quiera la silla municipal que ella ocupa. El trasfondo sería evitar que ella se reelija en el cargo.
En el pasado inmediato, responsabilizó al fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez de cualquier cosa que le ocurriera, cuando no tuvo una respuesta inmediata hacia su persona, el día del atentado a su escolta.
También justifica Caballero que la decisión de irse a vivir en el cuartel no fue de ella, sino una sugerencia de la propia Guardia Nacional para mantener su seguridad, medida que espera sea temporal por el sacrificio que le implica tanto a ella como a su familia.
“No fue una decisión porque no cualquiera se puede ir a vivir al Cuartel, fue una sugerencia por parte de la Guardia Nacional en razón de mi seguridad. Espero que sea temporal. Implica un sacrificio de parte de su servidora, no es sencillo, tengo un hijo, tengo familia y el compromiso con mi ciudad”, dijo.
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Por lo pronto, es más vistosa la escolta de la alcaldesa. Llaman la atención las 10 unidades de la Guardia Nacional que se unieron a la avanzada de la funcionaria sólo para su seguridad personal, además de que elementos de la misma corporación custodian los alrededores de Palacio Municipal.
En el contexto de los gobiernos de Morena, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, justificó en una de sus conferencias matutinas la seguridad de la alcaldesa de Tijuana, y de paso metió en el brete de las amenazas al ex gobernador y a la actual mandataria estatal: “Se le está protegiendo, ya desde hace como 15 días porque sí ha recibido amenazas y se decidió protegerla, se habló con ella, se llegó a ese acuerdo de ayudarla y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, siempre tomando en cuenta su opinión. Fue una amenaza para la gobernadora, para la presidenta municipal y para el senador (Jaime) Bonilla, no se tienen muchos elementos, pero es mejor prevenir que lamentar”.
Sin embargo, no ha habido denuncia, indicios o averiguaciones sobre las presuntas amenazas recibidas por Montserrat Caballero Ramírez, cuyo nombre ha aparecido en cartulinas o mantas dejadas por la criminalidad organizada para alertarle de presuntos actos de corrupción o abusos de quienes colaboran en su administración.
