Ha pasado un año y medio desde que se presentaron las primeras denuncias por el desfalco de la caja de ahorro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Baja California Sur, sin embargo, hasta el momento la justicia no ha llegado para las decenas de docentes jubilados que fueron víctimas de este robo.
Es por este motivo que se vieron obligados a manifestarse una vez más, pacíficamente, en las instalaciones del Centro de Justicia Penal de la ciudad de La Paz para exigir celeridad en las investigaciones.
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El asesor jurídico de los afectados, Iván Antonio Castro Beltrán, precisó que las estrategias dilatorias de la defensa de uno de los imputados por el desfalco, han ocasionado que se retrasen las audiencias.
Expuso que entre las denuncias presentadas se calcula que hay cerca de 160 personas afectadas por el robo de la caja de ahorro; sin embargo, aclaró que no todas las víctimas del atraco se han acercado a presentar su querella ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS).
“Estamos buscando justicia, estamos buscando el derecho humano de las aquí víctimas, que es el derecho a conocer la verdad, porque son varias las personas que están involucradas; el derecho a la reparación del daño integral; y a que se realice una justicia pronta y expedita, que es lo que estamos batallando actualmente”, subrayó.
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Expuso que hay alrededor de seis personas señaladas como presuntos responsables en las denuncias de las víctimas; dos de los casos ya llegaron ante el juez y tienen 11 pendientes de avances en las investigaciones.
“No hay un monto global porque cada uno está individualizado. El desfalco total no lo conocemos porque realmente ahorita lo que estamos arañando es la punta del iceberg; realmente no sabemos cuánto dinero fue y a dónde se fue”, dijo el representante legal.
En protestas anteriores, los profesores jubilados expusieron que el robo de sus ahorros se registró durante la gestión del exlíder sindical, Nicolás Gutiérrez.
Por último, exhortaron al gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, y al procurador de Justicia de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya, a que den celeridad al caso y cumplan con las sanciones y reparación del daño que prometieron hace año y medio, cuando se interpuso la primera denuncia.
