Carlos y Diego son los dos policías de Playas de Rosarito recientemente suspendidos, luego de que fueron grabados el pasado 26 de mayo protagonizando una presunta extorsión contra un turista sobre el bulevar Benito Juárez. Ambos están bajo proceso de cese, con el derecho a 30 por ciento de su sueldo, por incumplimiento de las obligaciones como servidor público, tal y como están otros 28 de sus compañeros, es decir: 11 por ciento de la corporación.
En 18 meses, la Sindicatura ha recibido y procesado 200 denuncias contra la Policía Municipal, que se concentran en el 30 por ciento de la corporación. Las quejas van desde el malentendido cotidiano hasta las extorsiones, que oscilan entre los 20 dólares por pasarse un alto hasta los 600 dólares por estacionarse en franja azul para personas con discapacidad. Quienes más acuden a denunciar son turistas locales que conocen Baja California.
“Los esposan para asustarlos; si es en la tarde o noche se los llevan a lugares más oscuritos, por ejemplo el video que está circulando. Los asustan tanto de que van a ir a la cárcel, que los van a detener y les van a remolcar el vehículo, que mejor prefieren dar el dinero”, explicó Gustavo Torres, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Rosarito
“En lo que se ve y oye en los videos es que les piden dinero. ¿En qué se basan para poder pararlos, bajarlos y ese tipo de cosas? Hay un protocolo para la policía cuando sea una falta administrativa o una infracción. Entonces hay veces que la fuerza ha sido excesiva”, abundó Jaime Ibarra, Síndico procurador de Playas de Rosarito.
“Claro que se exagera, es parte de su estrategia… Muchos de ellos son mis adversarios políticos, varios de ellos estuvieron en el gobierno y estaban acostumbrados a ellos manejar las situaciones. Pero la policía municipal de Rosarito cada día es mejor”, respondió Aracely Brown Figueredo, alcaldesa de Playas de Rosarito.
Considerando que Playas de Rosarito cuenta con 250 agentes policíacos y 30 están suspendidos o en procesos internos, la policía cuenta con 10 por ciento menos de su fuerza de cobertura. El síndico reconoce que es grave la falta de policías y las denuncias por extorsiones.
“Es grave en la medida en la que lo dejemos pasar porque al final de cuentas Rosarito vive del turismo, entonces no puede estar pasando que cada vez pudiera haber más extorsiones. La Sindicatura hace su parte y a veces el procedimiento es largo, pero nosotros siempre le pedimos a la ciudadanía que traiga algún elemento para suspender a ese policía”, explicó el síndico Ibarra.
“Los hechos van a la baja. Cada vez la ciudadanía aprendemos a decir más las cosas y a denunciar en la instancia correspondiente porque antes la gente no se atrevía. Claro que yo entiendo que mis adversarios van a insistir en eso porque no tienen nada que decir”, dijo la alcaldesa Brown.
“Pero si la persona que está denunciando al policía no viene a Sindicatura y ratifica su denuncia, no podemos hacer mucho”, complementó el síndico. De los 30 procesos de suspensión, al menos diez ya renunciaron, aunque el proceso de investigación continúa. Si los afectados no ratifican la denuncia, demorará hasta tres años en reincorporar a los policías y el Ayuntamiento está obligado al pago de salarios caídos.
