En medio de la cruzada contra la violencia de género que lleva el Gobierno del Estado, una mujer que se identificó como Mariana acusó que fue víctima del desamparo de autoridades judiciales, luego de denunciar amenazas por parte de un vecino. Expone que la situación escaló al grado en el que le destruyeron sus dos vehículos y ahora recibe advertencias de agresiones sexuales.
Mariana acudió ante medios de comunicación; llegó en una camioneta Jeep línea Liberty, con cartulinas que exhiben el nombre de su presunto agresor, al cual identifica como Manuel Salvador “N”.
Los vidrios de su vehículo estaban totalmente destrozados y parte de la carrocería presentaba múltiples daños. Ahí aseguró que esta agresión en contra de sus bienes materiales es resultado de no haber recibido ningún tipo de protocolo de protección por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS).
Todo inició hace cuatro meses, luego de haber denunciado a Manuel Salvador “N” por dañar su propiedad, esto debido a que su vivienda sufrió daños por una construcción ilegal que, presuntamente, este sujeto llevó a cabo en el poblado de San Pablo en municipio de La Paz
“Estoy indignada porque yo levanté una denuncia hace casi cuatro meses; las amenazas siguieron y llegaron a este extremo. Ni siquiera han integrado la carpeta, no tengo medidas de protección; he estado solicitando ayuda y no se me da”, expresó.
Mariana mencionó en su narrativa que, tras denunciar a su vecino, llegaron las amenazas y agresiones en su contra.
“Entonces él en venganza toma este tipo de represalias; es cuando me manda tres sujetos, aquí tengo sus fotos, donde me dice que me van a violar él y todos sus trabajadores. ¿Por qué me desprotege el Estado así?”, señaló.
De acuerdo con su declaración, el 19 de mayo interpuso una última denuncia por la destrucción de sus vehículos. Con esta suma tres querellas en contra de Manuel Salvador “N”, sin embargo, teme a la posibilidad de que sea enviada a Conciliación.
Recalcó que las autoridades no han integrado su carpeta de investigación y se mostró indignada ante la propuesta de ir al área de conciliación, “como si se pudieran conciliar las agresiones que ha vivido”.
Acusó que también recibió amenazas de agresiones sexuales en su contra, pero tampoco hubo un protocolo de protección por parte de autoridades judiciales.
“Amenazas de violarme, que me iban a violar él y todos sus trabajadores. Todavía fueron unos policías ministeriales escoltando a mi agresor, tengo videos y pruebas de todo”, subrayó.
La víctima agregó a la lista de omisiones la ausencia de trabajo pericial en su domicilio, señalando que, hasta el momento de la denuncia ante medios de comunicación, los elementos de la PGJEBCS no acudieron a iniciar las indagatorias en el lugar de los hechos.
“Los peritos ni siquiera han acudido a mi domicilio. Arrancaron las cámaras de circuito cerrado, empezaron a destruir dos autos; en la mañana llega mi agresor, acompañado de dos ministeriales y todavía me dice que eso me pasa por haberlo denunciado”, añadió.
Por último, se mostró desesperanzada y dijo estar desprotegida, asumiendo que es una consecuencia de haber decidido denunciar a su presunto agresor.
Sí hubo medidas de protección: PGJEBCS
Ante la denuncia pública, luego de que el caso de Mariana se viralizó en redes sociales, las autoridades de la PGJEBCS dieron réplica a los señalamientos de la víctima.
Rubén Omar González Rubio Núñez, coordinador regional de Procedimientos Penales, aseguró que sí instalaron protocolos de protección para Mariana en cuanto acudió a denunciar estos hechos en las oficinas del Centro de Justicia Penal.
Expuso que, cuando son denuncias de amenazas o que esté en peligro la integridad física del denunciante, se aplican medidas de protección con sustento en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Se le atendió de la manera en cuanto se presentó su denuncia en su momento; cuando ella vino y la hizo del conocimiento, inmediatamente se le pusieron sus medidas de protección”, reiteró.
Explicó que en un inicio se instaló por medio de actuación de la Policía Municipal, con rondines y vigilancia cerca de su domicilio, sin embargo, la víctima también denunció a la corporación y por otro requerimiento los agentes de esta instancia no pueden acercarse a ella.
“Desgraciadamente por un tema anterior, la medida de protección no puedo ponerla por medio de la Policía Municipal. Es por ello que se corre en colaboración con la Policía Estatal, que a su vez asumen esa medida de protección”, prosiguió.
Ante la denuncia por amenazas y daños, se notificó al imputado que se le prohíbe realizar actos de intimidación hacia la hoy víctima.
Por último, afirmó que los elementos de investigación ya están trabajando en el domicilio y que ya dictaminaron los daños de los vehículos.
“Ya se hicieron los avalúos, ya se hicieron los periciales correspondientes, ya se tomaron fotografías… ella traía los elementos que nos tenía que aportar a través de una cadena de custodia pertinente”, finalizó.
