Con gran opacidad en las investigaciones y sin detenciones, autoridades del Estado de Jalisco confirmaron a familiares de los ocho jóvenes privados de su libertad en un call center de Zapopan, que los restos humanos localizados en un barranco en la salida hacia Zacatecas, corresponden a los desaparecidos; sin embargo, hasta el momento no se ha revelado el móvil del multiasesinato.
Al análisis de las necropsias de Ley y una serie de pruebas periciales, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) confirmó la información. Los cuerpos segmentados extraídos el miércoles 31 de mayo del fondo de un hoyanco de la colonia Mirador Escondido a las afueras de Zapopan, corresponden a los de los seis hombres y dos mujeres, cuyas desapariciones ocurrieron los días 20 y 22 anteriores.
Con ello queda en claro que los hermanos Itzel y Carlos David Valladolid, de 27 y 23 años; Carlos Benjamín García Cuevas, de 31; Arturo Robles Corona, de 30; Jesús Alfredo Salazar Ventura, de 37; Mayra Karina Velázquez Duran, de 37; Jorge Miguel Moreno Morales, de 28; y Juan Antonio “N”, de 33, fueron victimados por sus captores, sin que tampoco se hayan revelado las causas de muerte o el tipo de agente empleado en los homicidios.
Las autoridades de Jalisco se justifican en el sigilo de las investigaciones y el respeto a las familias de las víctimas, quienes también han recibido información a cuentagotas y personal de la Fiscalía de Jalisco les ha solicitado no hablar con representantes de los medios de comunicación, según el dicho de estas.
En su último comunicado, el gobierno estatal informó que integró los resultados de las pruebas periciales y demás estudios forenses a la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.
El operativo de búsqueda y recuperación de indicios aún no concluye en la zona del hallazgo, pues hasta el cierre de edición, aún se localizaban fragmentos de cuerpos en la profundidad del barranco, donde más de 200 elementos policiales de diferentes corporaciones, peritos, agentes del Ministerio Público y de la Comisión Estatal de Búsqueda, se encuentran desplegados. Hasta el momento se conoce del rescate de unas 50 bolsas con restos humanos que pertenecen a más de las ocho personas del call center.
Las desapariciones fueron denunciadas paulatinamente, primero las de los dos hermanos Valladolid el 23 de mayo, luego la de Carlos Benjamín, el día 24 la de Arturo y Jesús Alfredo. Dos días más tarde se reportó la ausencia de Mayra Karina, el día 27 la desaparición de Jorge Miguel; y por último, el 1 de junio, la falta de Juan Antonio. Todos, con excepción de Benjamín (día 20), desaparecieron el 22 de mayo.
Presuntamente desde el centro de operaciones donde laboraban los hoy fallecidos, se realizaban actividades delictivas relacionadas con fraudes inmobiliarios en agravio de personas extranjeras de Estados Unidos y Canadá, sin que hasta el momento la Fiscalía de Jalisco deslinde si había o no participación de los jóvenes victimados. La información coincide con las alertas realizadas el 2 de marzo y 27 de abril de este año por el gobierno estadounidense sobre estas prácticas ilícitas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incorporó a su lista negra a diez individuos y 27 empresas ligadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación y a fraudes en la compraventa de tiempos compartidos vacacionales cometidos principalmente a adultos mayores, quienes desapoderaban de sus ahorros a través de ofertas ficticias de presuntos negocios.
Una hipótesis del caso advierte que posiblemente los jóvenes asesinados del call center se habrían opuesto a cometer las actividades delictivas encomendadas por el grupo criminal, al hacerse pública la operación del CJNG en ese tipo de estafas y, al pretender renunciar, fueron asesinados. Desafortunadamente las autoridades no han proporcionado datos fidedignos de las investigaciones a la sociedad, generando vacíos de información y especulaciones.
Jalisco es la entidad con más personas desaparecidas en el país, ocupando el deshonroso primer lugar en el rubro. También es el primer lugar en fosas clandestinas con cadáveres. Sólo en el mes de mayo, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), a través de su sitio web, reconoce su intervención en cuatro fosas clandestinas, de las que fueron recuperados los restos de 37 personas fallecidas sin identificar. Entre los hallazgos no se cuentan las más de 50 bolsas con restos humanos del barranco, pues técnicamente no se trata de una inhumación, ya que los cuerpos fueron arrojados en bolsas desde lo alto.
Pese a que desde hace tiempo se habla de que en el Estado del Occidente del país existen más de 16 mil personas desaparecidas, el Sistema de Información sobre Victimas de Desaparición sólo reconoce -al 30 de abril de 2023-14 mil 041, de las cuales 12 mil 210 corresponden al sexo masculino y mil 831 mujeres. La mayoría de las denuncias se concentran en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el resto, en Puerto Vallarta y colindancias con Guanajuato y Aguascalientes.
Colectivos y familiares de personas desaparecidas, como el caso de Sandra Analí, jovencita desaparecida a finales de mayo cerca del centro comercial Plaza Galerías en Zapopan, realizan frecuentes marchas de diversos puntos de partida hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien permanece indiferente ante el fenómeno que agobia a miles de familias.
