Como si estuviese en una escena de la película “La Ley de Herodes”, Eric Garibo se encuentra compitiendo, otra vez, para repetir como líder del sindicato del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California. Como es sabido, en próximos días se llevará a cabo la votación para elegir al próximo secretario general del COBACH para un periodo de cuatro años, con los que prácticamente cerraría la actual administración estatal. Resulta que debido a su relación sumamente dócil y oficialista hacia el gobierno -porque evidentemente obtiene beneficios de ello-, Garibo decidió aplicar la de la célebre película de Luis Estrada, donde el personaje principal, Juan Vargas, decide modificar la Ley del pueblo para reelegirse el tiempo que le venga en gana de forma directa. Ahora se vistió de Juan Vargas y sometió al Sindicato del COBACH a la posibilidad de reelegirse de manera directa, en un hecho sin precedentes y con la intención de repetir en el cargo mediante una votación más que coaccionada, ya que él se mantiene en el poder y lo utiliza para comprar conciencias. No lo ha hecho solo. Ha contado con el respaldo del gobierno para modificar los estatutos y poder quedarse ocho años -en caso de ganar una elección a modo-. Vale recordar que en 2019, Elena Montañez Rivera, de la Planilla Guinda; Felipe de Jesús Moya, de la Planilla Magenta y Enrique Ochoa Ávila, de la Planilla Ámbar del COBACH, denunciaron públicamente que el Poder Ejecutivo -entonces dirigido por Francisco Vega de Lamadrid, pero donde ya tomaba decisiones Jaime Bonilla Valdez- se cargó en favor de Eric Garibo, y ahora, la gobernadora Marina Ávila lo volvió a hacer. Con ese respaldo pretenden quedarse ocho años en el cargo como en la “Ley de Herodes”, o…
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Violación impropia
Sotero Galaviz Rodríguez es agente estatal en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. Está clasificado como agente de la Policía Estatal Preventiva con un salario mensual de 23 mil 441 pesos con 17 centavos. En la Fiscalía General del Estado, tiene una investigación en proceso por violación impropia (sin consentimiento de persona) y abuso sexual de menor de catorce años (ejecutar actos sexuales). El caso no ha prosperado porque en la FGE seguramente tienen mucho trabajo como para atender a la víctima y cumplir las medidas cautelares para salvaguardar su integridad. La violación a menor de edad de la que es acusado Galaviz Rodríguez, ocurrió cuando estaba destacado en Mexicali e incluyó algún territorio sonorense como escenario del delito. Después de presentar la denuncia, la víctima y su madre cambiaron su residencia a Tijuana para evitar contacto con el agresor. Pero ante el abandono y desatención de la autoridad, hasta marzo de 2023, Sotero aún aparecía como activo en la corporación del Gobierno del Estado de Baja California y continúa con el acoso. El hombre decidió mudarse de ciudad también, y eligió una casa a unos 15 metros de distancia de donde residen la víctima violentada y su madre. Hecho que es considerado parte del acoso, pero que ninguna autoridad ha evitado. Hace unos días, cuatro patrullas de la policía municipal de Tijuana acudieron a la vivienda de la víctima. Una llamada “anónima” les había alertado de disparo de arma de fuego en ese lugar. No era verdad. Una vez enterados del contexto, los policías presumen que podría haber sido el agente quien hiciera la llamada para hostigar a la víctima y a su madre. El tema no pasó a mayores, pero la joven sigue sin medidas cautelares pese a tener a su denunciado agresor a corta distancia. A ver si la FGE acelera el caso, antes de que pase a mayores, y pues, la Secretaría de Seguridad es facultad de la gobernadora Marina Ávila, defensora de mujeres…
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En primera fila
En la carrera de Morena por la candidatura a la Presidencia de la República, hay quienes no terminan de definirse o apoyar por institucionalidad a varios, y quienes ya tomaron su camino. Así, mientras la gobernadora de Baja California promociona en pintas a Claudia Sheinbaum Pardo, pero le realiza actos evidentemente proselitistas a Adán Augusto López, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, se definió en firme por el grupo de apoyo de Marcelo Ebrard Casaubón. Aun cuando están pendientes las renuncias de Sheinbaum a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México y de López a la Secretaría de Gobernación, en sus actos de arranque se conocerán las definiciones locales, como efectivamente sucedió con Caballero, quien apareció a la derecha de Ebrard cuando este, desde la Capital del país, renunció a la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores para dedicarse de lleno a la contienda interna de Morena en busca de ser el ganador de la encuesta que definirá a quien ondeará la bandera morenista para suceder a Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República. Montserrat -dicen en su oficina- pagó los gastos del viaje de su propio bolsillo y no del erario, aunque su presencia en CDMX se debía a que recibió un reconocimiento del Instituto Nacional de Transparencia a nombre del Ayuntamiento de Tijuana. Falta ver hacia dónde se inclinan en la interna morenista tanto el resto de los alcaldes de los municipios bajacalifornianos como la propia Marina del Pilar Ávila, que igual, dejará heridos y ganadores. Total, si entre la alcaldesa de Tijuana y la gobernadora de BC el clima no es ni de amistad ni de entendimiento, el apoyo de Caballero a Ebrard, a quien Ávila recibió en privado, es una rayita más al tigre.
Autoliquidación
Al ex tesorero del XXI Ayuntamiento de Ensenada, Samuel Jaime Aguilar, le salió cara la indemnización, y es que se ha convertido en el servidor público con más sanciones administrativas y penales en la historia política del puerto, junto al entonces alcalde priista, Gilberto Hirata Chico. La última penalidad que recibió fue el martes 6 junio, cuando Sindicatura Municipal lo notificó sobre otra inhabilitación -que se suma a las anteriores-, por emitir veinte cheques por concepto de indemnizaciones a ex funcionarios públicos de Ensenada, lo que resultó en un daño al erario público por 3 millones 860 mil 470.17 pesos. La lista de ex políticos beneficiados es amplia y en su momento fue expuesta por ZETA: en total pagarán 28 millones 38 mil 317 pesos. Entre las indemnizaciones más altas que sobrepasan el medio millón de pesos, la del ex oficial mayor, José Guadalupe Ríos Vela: 533 mil 385 pesos; el secretario del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, 533 mil 385 pesos; y con poco menos, el entonces director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Javier Shields Galindo, 422 mil 943 pesos. En el caso del ex tesorero Aguilar, fueron 533 mil 385 pesos con los que se autoliquidó.
