La impunidad empodera a los criminales. La impericia, corrupción y discapacidad de las fiscalías que permiten la liberación de delincuentes con expedientes, investigaciones o defensas mal integradas, deja a decenas de víctimas inocentes con derechos violentados.
Ciudadanos comunes, expuestos al poder económico y bélico del crimen, aterrados ante delincuentes y abogados que ya conocen sus identidades, sus direcciones y las de sus familias.
En su edición 2566 (del 2 al 8 de junio), ZETA reportó dos de esas liberaciones recientes.
En septiembre de 2017, Óscar Parra Aispuro fue detenido e identificado por las autoridades como operador del Cártel del Mar en San Felipe y presunto responsable del asesinato del militar Emmanuel Esaú Saldaña Ramos, ocurrido la madrugada del 31 de diciembre de 2017.
Ahora, cinco años después, la misma fiscalía que lo acusó decidió desistirse y solicitó “un sobreseimiento del caso”, porque de acuerdo al actual fiscal Ricardo Carpio, no tienen pruebas para procesarlo, “la ausencia de testigos que en su momento existieron, y que ya no son localizables, ya no laboran en las instituciones”, de lo que se infiere que, en tiempo y forma, el Ministerio Público no hizo el trabajo necesario para fortalecer la carpeta y la acusación se fue por el sumidero.
También obtuvo su libertad Jesús Villavicencio el Rayder, uno de los tres hermanos que encabezan la célula delictiva identificada como Los Venados, que controla criminalmente Isla de Cedros en Ensenada, de acuerdo a información de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California.
Villavicencio fue detenido tras ser identificado por testigos como uno de los homicidas de Hiram Rivera Lizárraga, ministerio público de la Fiscalía General del Estado asesinado en abril de 2020, tras evadir dos amenazas y connatos de ataques previos del mismo grupo.
La defensa presentó un testigo y un documento en lo que se asegura que el Rayder estaba detenido en otra entidad federativa el día del crimen, información que la FGE no se molestó -de nuevo, en tiempo y forma- en refutar su autenticidad, situación que incluso el juez les recriminó antes de dictar la libertad.
Con razón justificada, la viuda de Rivera, ex investigadora de la FGE, reprocha el actuar de sus ex compañeros y manifiesta temer por su seguridad y la de su familia. Al tiempo que la fiscalía anuncia que va apelar, pero mientras ya lo dejaron ir y las posibilidades de que se quede esperando sentado que regresen por él, ni siquiera existe.
“Si esto me lo están haciendo a mí, que soy su compañera, imaginen a cualquier persona”, reclamó la viuda, frase que da un panorama claro y trágico de los hechos.
“En México, de cada 100 delitos que se cometen, sólo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, sólo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan sólo de 0.9%”, consignó en su más reciente informe la organización Impunidad Cero.
Desde el Gobierno de México, el ex subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, habló del tema con las mismas palabras, asegurando que con la política Cero Impunidad, se logró detener y procesar a líderes criminales y que se interpondrían denuncias contra jueces que ordenen liberarlos, pero los operadores de los cárteles siguen siendo liberados.
En Baja California esa impunidad no es reciente y los casos abundan, por ejemplo, David López Jiménez Cabo 20 fue detenido y liberado en tres ocasiones antes de ser aprehendido en agosto de 2022, por el homicidio de uno de sus cómplices e identificado como principal sospechoso de la autoría intelectual en los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado a principios del año pasado.
Antes que él, Filiberto Parra Ramos la Perra, detenido en junio de 2009 como cabecilla de sicarios del Cártel de Sinaloa, fue liberado en junio de 2017. Las autoridades reportaron su regreso a las viejas actividades sin que se iniciara expediente en su contra, hasta que fue asesinado a balazos en mayo de 2021.
Caso similar el de Alfonso Lira Sotelo, a quien además de homicidios, lo ligaban con lavado de dinero; fue detenido en septiembre de 2014, quedó libre en noviembre de 2017 y lo mataron en septiembre de 2018.
La lista continúa y muchos siguen vivos, paseándose por Baja California sin una carpeta de investigación abierta, lo mismo que la mayoría de los líderes criminales que llevan más de 13 años identificados por Grupo Coordinación, delinquiendo sin órdenes de aprehensión en su contra.
El contexto obliga a la sociedad bajacaliforniana a vivir en estado de alerta y amenaza permanente, que deja a las autoridades representadas en la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad del Estado sin calidad moral para pedir la confianza ciudadana. Si la quieren, deben ganársela con resultados reales, con detenciones que terminen en sentencias, no en las ya comunes liberaciones.
