La privación de la libertad de siete jóvenes en un call center clandestino de Zapopan, Jalisco, presuntamente a manos de un grupo de la delincuencia organizada, es sólo una muestra de la forma en que grupos criminales están operando en delitos paralelos al del narcotráfico, como la extorsión y el fraude a través de negocios inmobiliarios, préstamos y cobranza forzada, utilizando en su favor las formas organizacionales de algunas empresas y herramientas tecnológicas como las aplicaciones para comunicarse con sus potenciales víctimas.
Aunque es una práctica ilícita que data por lo menos desde 2014 en México, cuando precisamente en Zapopan se conoció del primer caso, acciones recientes de autoridades capitalinas y del Estado de México han permitido establecer que existen organizaciones delictivas que operan desde este tipo de redes con centros que llegan a disponer de entre 900 hasta mil 200 personas. Algunas redes dirigidas por mexicanos, otras por personas de origen sudamericano y otras más provenientes y desde China.
A través de los falsos call center las bandas de delincuentes cometen delitos como los antes mencionados de extorsión y fraude, pero también robo o usurpación de identidad, falsificación de documentos y venta de drogas. En el caso de los fraudes hay desde los llamados “montadeudas” (cuando una persona no debe nada), los préstamos “gota a gota” con intereses impagables y la compraventa de bienes inmuebles o servicios como tiempos compartidos, como era en este último caso el “centro laboral” de los zapopanos desaparecidos.
En el caso de los préstamos a usuarios de aplicaciones, principalmente amas de casa, pequeños comerciantes y personas que no tienen oportunidad de solicitar crédito en bancos, el modus operandi consistía en amenazar a sus víctimas para exigirles intereses impagables. Estos centros de llamadas recurren a métodos de intimidación, agresión psicológica y amenazas, las cuales consisten en llamadas y mensajes constantes, así como la difamación en redes sociales.
Los call center también operan en los negocios del comercio informal sobre todo de frontera, donde comerciantes compran “a ciegas” contenedores o cajas grandes con mercancías que desconocen y pagan de manera anticipada con la intención de vender los productos en mercados sobre ruedas; sin embargo, en muchas de las ocasiones los “vendedores” desaparecen con el dinero recibido y las cajas contienen frutos u objetos que simulan el peso de lo comprado. También a través de esas llamadas telefónicas se facilita la adquisición y venta de narcóticos.
Recientemente, en marzo y abril, las autoridades estadounidenses, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, dieron a conocer los fraudes de tiempos compartidos y paquetes vacacionales a ciudadanos norteamericanos, principalmente en Puerto Vallarta. Ilícitos detrás de los cuales se encuentran miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El temor de autoridades y familiares de los jóvenes desaparecidos en Zapopan es que los call center donde laboraban sean de los que opera esta organización criminal.
CENTROS DESMANTELADOS
Algunos de los primeros centros clandestinos de atención telefónica para la comisión de fraudes y otras conductas delictivas aparecieron precisamente en Jalisco desde 2014, cuando se conoció del primer caso de un joven privado de su libertad en un inmueble del fraccionamiento Lomas del Valle en Zapopan, donde operaba un call center. La persona fue retenida por un grupo delictivo después que amagó con denunciar el hecho.
En octubre de 2015, la Fiscalía de Jalisco detuvo a 19 personas de entre 19 y 38 años que establecieron una empresa ficticia que ofrecía premios como paquetes vacacionales y tiempos compartidos a meses sin intereses. Los criminales, todos avecindados en Ciudad de México, habían rentado espacios en un hotel de Avenida Mariano Otero en Zapopan, desde donde efectuaban llamadas fraudulentas haciendo los cargos inmediatos en tarjetas de crédito. Algunos imputados dijeron trabajar bajo amenazas. Un año más tarde, en Guadalajara y Tonalá, fue descubierta otra red de estafas que funcionaba en dos inmuebles.
Uno de los asuntos que visibilizó el problema de los call center clandestinos fue el secuestro de 27 jóvenes que laboraban en una casa de Avenida Santa Fe en Cancún el 2 de julio de 2019, quienes fueron sustraídos de la finca por ocho sujetos armados a bordo de varios vehículos. Un día después fueron rescatados por elementos policiales en un domicilio donde estaban amordazados y vendados en dos habitaciones. En el sitio fueron detenidos cinco individuos que poseían cinco armas largas y dos cortas, además de cargadores y cartuchos.
Este tipo de establecimientos se multiplicó a raíz de la pandemia de COVID-19, y a partir de 2022 se volvió una práctica común de grupos criminales en todo el país, con mayor presencia en entidades del Centro y el Occidente. El 28 de abril de ese año, la Fiscalía del Estado de México desmanteló un falso centro de atención telefónica en la colonia Guadalupe Victoria en Ecatepec. Detuvieron a 33 personas, entre ellas 17 mujeres de entre 20 y 30 años, quienes obtenían datos confidenciales de tarjetas bancarias y efectuaban compras en línea. En el lugar aseguraron equipos de telefonía, computadoras y bases de datos de las víctimas.
Autoridades capitalinas dieron el mayor golpe a este tipo de redes el 17 de agosto de 2022, cuando en 12 inmuebles de cuatro alcaldías detuvieron a 19 personas, cinco de ellas asiáticas que telefónicamente se dedicaban a realizar extorsiones derivadas de préstamos por aplicaciones conocidos como “montadeudas”. Fueron asegurados unos 700 celulares, casi 15 mil chips, infinidad de equipos de cómputo, bolsitas con cocaína, tarjetas, credenciales, cinco cartuchos y juegos de placas con engomado. Se estima que ahí laboraban más de 900 personas.
El 19 de diciembre, en la colonia Anzures también en CDMX, autoridades policiales catearon un call center de los “montadeudas”, donde detuvieron a tres hombres y una mujer, dos de ellos de nacionalidad china, relacionados con delitos de extorsión y cobranza por medio de aplicaciones. Para solicitar el pago a los supuestos deudores recurrían a métodos de intimidación, agresión psicológica y amenazas, desde llamadas y mensajes constantes, hasta la difamación en redes sociales.
Durante 2023 se han registrado diversas acciones para frenar este ilícito, entre ellas la del 28 de marzo en tres falsos centros de llamadas en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Capital mexicana, donde fueron detenidos siete individuos -cinco de ellos sudamericanos- que efectuaban extorsiones, falsificaban documentos, distribuían drogas y operaban fraudes “montadeudas”. Les aseguraron celulares, tarjetas bancarias, facturas de vehículos y drogas. El mismo día, en tres alcaldías más fueron detenidos tres miembros de la empresa criminal “gota a gota”, a quienes hallaron 260 mil dólares que utilizarían para realizar préstamos a muy altos réditos y diversas cantidades de droga.
El 21 de abril fueron localizados dos centros de llamadas telefónicas irregulares en la colonia Benito Juárez, municipio de Netzahualcóyotl, y en la calle Valle de Cureño, en Valle de Aragón, en el Estado de México. Ahí fueron detenidos 18 presuntos extorsionadores entre 20 y 39 años de edad, a los cuales se aseguraron 23 computadoras, envoltorios y bolsas con marihuana. El 17 de mayo, también en Neza, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desmanteló un establecimiento para defraudar a cuentahabientes de los bancos HSBC y BBVA. Fueron detenidas 15 personas, diez de ellas mujeres, a quienes confiscaron chips de telefonía celular y marihuana.
JÓVENES DE ZAPOPAN
El caso más reciente fue el de varios call center secretos que operaban en Zapopan y que fueron visibles después de que siete jóvenes de entre 23 y 37 años fueron privados de la libertad por un comando armado en un domicilio de la calle Víctor Hugo, Colonia Jardines Vallarta, el 22 de mayo. Uno de los jóvenes ya había desaparecido desde dos días antes.
Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía de Jalisco por los familiares de manera gradual entre el martes 23 y sábado 27 de mayo. Se trata de cinco varones de 1.74 a 1.80 metros de estatura, y dos mujeres.
La primera denuncia fue formulada el día 23 por la desaparición de los hermanos Itzel y Carlos David Valladolid, de 27 y 23 años, quienes no volvieron a casa después de ir a trabajar al call center. Esa noche, familiares de Carlos Benjamín García Cuevas, de 31 años, reportaron que tampoco sabían nada del joven, pero que su ausencia ocurrió desde el día 20, sin relacionarlo con el trabajo de operador de línea, pues dijeron que se dedicaba a una empresa familiar. El día 24 trascendió la desaparición de Arturo Robles Corona, de 30 años, y de Jesús Alfredo Salazar Ventura, de 37.
El 26 de mayo fue formulada la denuncia por desconocerse el paradero de Mayra Karina Velázquez Durán, de 37 años, quien, según la fiscalía estatal, estuvo vinculada a un asunto de fraude durante 2016, sin especificar más al respecto. Un día después, parientes de Jorge Miguel Moreno Morales, de 28 años, también acudieron ante el Ministerio Público para informar de su desaparición. En todos los casos, los familiares sólo sabían que trabajaban en un call center donde se dedicaban -desde tres meses atrás- a la compraventa de tiempos compartidos y al cobro de hipotecas vencidas. Incluso, en el caso de uno de ellos, era su primer día de trabajo.
Con el paso de los días y ante la falta de información de la fiscalía hacia los padres de las víctimas sobre la investigación y búsqueda de los jóvenes, familiares y amigos realizaron manifestaciones en Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, los días 26 y 27 sin encontrar respuesta alguna; mientras que la noche del 28, la manifestación con altavoces tuvo lugar en la Glorieta de La Minerva, previo a la final de la Liga MX de futbol entre Chivas y Tigres, donde había congregados miles de aficionados, a quienes trataban de sensibilizar con su tragedia.
El mismo sábado 28 de mayo, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, informó ante los medios de comunicación de la ejecución de dos cateos en fincas que funcionaron como call center, una de ellas, la de Jardines Vallarta, y otra en la colonia La Estancia, ambas en Zapopan y habilitadas como oficinas. Producto del cateo se localizó marihuana, un pedazo de tela con una mancha rojiza (sic), cinchos de plástico, un trapeador con manchas rojizas, documentos diversos, un pizarrón con nombres de nacionalidad extranjera, anotaciones de membresías o tiempos compartidos y metas económicas a lograr.
El fiscal señaló que ambos inmuebles carecían de licencias para operar en la forma que lo hacían y que la finca de la calle Víctor Hugo fue rentada por su propietario a un sujeto de nombre Luis Enrique “N”, además de que en el sitio había huellas de que fueron sustraídos equipos de cómputo y arrancadas líneas telefónicas. Ahí trascendió que detrás de estas acciones criminales estaba la delincuencia organizada, al parecer relacionada con un par de informaciones de alerta difundidas por el gobierno estadounidense sobre fraudes con tiempos compartidos a sus connacionales.
Sobre el tema, el martes 30 de mayo, la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, apuntó que por el cruce de información que sostuvo con autoridades locales, se trata de “personas que estaban realizando algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo de extorsiones telefónicas, de acuerdo al seguimiento de las primeras investigaciones”, sin comprometerse a asegurar que grupo delictivo que había participado en los hechos era el CJNG.
Las pesquisas de los jóvenes privados de libertad condujeron a las autoridades jaliscienses la noche del martes 30 hasta un barranco en la colonia Mirador Escondido, en Zapopan, en cuyo fondo fueron reportadas bolsas de plástico con restos humanos, al parecer de hombres y de mujeres. Debido a la dificultad del terreno, miércoles 31, con apoyo de un helicóptero, fueron recuperados algunos de los bultos. El fiscal Méndez Ruiz llamó a la responsabilidad de los medios a no informar que se trataba de los desaparecidos del call center, ya que apenas se realizaran los peritajes correspondientes.
FRAUDES DEL CJNG
Autoridades estatales y federales presumen que los centros de atención telefónica clandestinos de donde fueron sustraídos los jóvenes de Zapopan estarían vinculados a las designaciones recientemente formuladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en fechas 2 de marzo y 27 de abril, cuando incorporaron a su lista negra, en ambas acciones, a diez personas físicas y 27 empresas presuntamente ligadas al CJNG relacionadas con fraudes de tiempos compartidos a ciudadanos estadounidenses, principalmente personas mayores.
En la primera de las acciones, la OFAC estableció que los fraudes se hacían a través de estafadores que afirmaban a dueños de tiempo compartido “tener compradores listos”. De aceptar las víctimas, los estafadores solicitan a estas el pago de tarifas e impuestos por adelantado para facilitar o acelerar la venta con garantías de reembolso al momento del cierre. Una vez que caen en el engaño y realizan múltiples pagos a los estafadores, los propietarios se dan cuenta de que las ofertas eran ficticias, que no hay compradores y que su dinero se ha esfumado.
Aunque pareciera una forma poco ortodoxa de grupos de narcotraficantes, Andrea M. Gacki, directora de la OFAC, señalo que “a medida que el CJNG ha consolidado territorio durante la última década, ha agregado otros delitos a su actividad principal de narcotráfico (…) En destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG se ha involucrado mucho en el fraude de tiempos compartidos, que a menudo tiene como objetivo a los ciudadanos estadounidenses”. Los hombres designados nuevamente, ahora por fraude, son los presuntos capos Carlos Andrés Rivera Varela “La Firma”, Francisco Javier Gudiño Haro “La Gallina” y Julio César Montero Pinzón “El Tarjetas”. Las empresas son de Puerto Vallarta y Guadalajara.
En la acción de abril, el Departamento del Tesoro norteamericano agregó a siete personas más: Eduardo Pardo Espino, Brayan Moisés Luquín Ramírez, Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla, Luis Lorenzo Gómez Arias, Clemente Padilla Zarate, Pedro Rivas Sánchez e Ian Jassiel González Villegas. De ellos, se dijo que Pardo Espino es quien dirige las células para defraudar a los norteamericanos con los tiempos compartidos y fue señalado de ser un operador en el tráfico de metanfetamina para el CJNG, pues es investigado desde 2019 por las agencias del vecino país del Norte.
A las primeras ocho compañías designadas en la lista de activos del narcotráfico en marzo, se agregaron otras 19 que en las ciudades antes mencionadas operaban los fraudes. El Buró Federal de Investigación estadounidense afirmó que los estafadores se ponían en contacto vía correo electrónico con los potenciales vendedores de propiedades de tiempo compartido en Puerto Vallarta para implementar el modus operandi ya descrito y lograr sus ilícitos propósitos. Según el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del Departamento de Justicia de EU, en 2022 recibió más de 600 denuncias con pérdidas de unos 39.6 millones de dólares de víctimas.
Tras conocer esta información, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyó a los designados por Estados Unidos en la lista de personas bloqueadas mediante Acuerdo 82/2023, ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias y negar la apertura de nuevas actividades en el sistema financiero mexicano. Así ocurrió con Eduardo Pardo Espino, a quien en los primeros meses del año le fue congelada su cuenta de la institución bancaria denominada Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima.
Sin embargo, Pardo Espino presentó una demanda de garantías (596/2023) ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, reclamando el congelamiento de sus recursos económicos por parte de la autoridad hacendaria y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): el 15 de mayo reciente, el juez Carlos Calderón Espíndola le concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión para efectos de que sea eliminado de la lista de personas bloqueadas y tenga acceso a su cuenta de banco.
“Es fundado y suficiente para conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, el concepto de violación en el que, en su ampliación de demanda señala que se vulnera en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que su inclusión en la lista de personas bloqueadas y la orden de bloquear sus cuentas, no derivó de una solicitud de cooperación internacional”, argumentó el juzgador.
Por su parte, el también designado por el Departamento del Tesoro, Brayan Moisés Luquín Rodríguez, presento demanda de amparo el 19 de mayo, antes de que iniciaran las desapariciones de los jóvenes de Zapopan, ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco. El presunto defraudador ligado al CJNG reclama las posibles órdenes de aprehensión, presentación y comparecencia en su contra, así como su correspondiente ejecución. Señala como autoridades responsables a jueces y fiscales de Puerto Vallarta. En el juicio de amparo 402/2023 le fue concedida la suspensión provisional a cambio de la exhibición de una garantía de 5 mil pesos.
