El arribo de Morena al poder en Baja California representó un total rechazo a la construcción de instituciones para el combate a la corrupción. Es considerado el Estado más rezagado
Luego que en mayo, el Gobierno de Baja California Sur nombrara a su fiscal Anticorrupción, Baja California se volvió la entidad más rezagada en la constitución de un sistema independiente que defina políticas públicas para impedir la corrupción, pero que además tenga facultades para emitir recomendaciones y exigir cuentas ante la falta de resultados en algún señalamiento.
De ser en 2018 y 2019 una de las entidades que pretendía ser la más vanguardista en la constitución de un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ciudadanizado, durante cuatro años se abandonó un proyecto impulsado -principalmente- por representantes empresariales, tras los lamentables episodios de tráfico de influencias y posibles actos de peculado durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Por más de cuatro años, el Congreso de Baja California de mayoría morenista congeló el SEA, e incluso operó jurídica, financiera y políticamente para desarticular lo poco que se había construido, hasta que finalmente dejaron al organismo sin presencia ciudadana.
La semana pasada, la actual Legislatura eligió a cinco de nueve aspirantes para cubrir los perfiles que conformarán el Comité de Selección del SEA, es decir, los ciudadanos ajenos a partidos políticos que preferentemente deben ser académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil, que tienen en sus manos evaluar y definir a los integrantes del Consejo del SEA durante uno, tres y cinco años.
La responsabilidad recae en cinco ciudadanos, de los cuales tres son académicos y dos de la sociedad civil:
– Carlos Alberto García Espinoza, secretario de la Universidad Xochicalco
– Raúl Castellanos Muñoz, del Instituto Internacional para el Desarrollo Empresarial. Quien participara en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno de Tijuana en 2017
– Fabián Martínez Escalante, nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, además de director de Posgrado en Xochicalco
– Daniela Ramírez Cuevas, de Vigilancia Ciudadana, quien ha participado en colectivos como Gente Diversa, Tierra Colectiva: Ciudadanía, Género y Medio Ambiente
– Humberto Rodríguez Romero, representante del Colegio de Abogados Constitucionalistas.
Cabe señalar que no existe ni un perfil surgido de la Universidad Autónoma de Baja California ni de CETYS Universidad, consideradas las dos instituciones más grandes del Estado.
Además, el Congreso de Baja California reactivó las determinaciones para ocupar los espacios de los órganos internos de control de la CEDH, ITAIP, TEJA y el SEA, los cuales son pieza clave para investigar y sancionar las faltas administrativas y delitos que puedan cometerse dentro del servicio público.
Casi cinco años le tomó a Morena en BC, iniciar un procedimiento para estructurar instituciones que pretendan combatir la corrupción, la gran bandera con la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador arribó al poder en 2018.
Durante este tiempo se exhibieron múltiples actos de corrupción como los moches de Jaime Bonilla, Fisamex, los mil 200 millones de pesos a empresas fantasma de Francisco Vega de Lamadrid, el favoritismo a la empresa Urbaca, de Fernando Beltrán; además de La Cosmopolitana, las notarías “regaladas” de ambos gobernantes, entre otras acusaciones que parece fueron olvidadas por el actual gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien por cierto, no modificó la Ley para abrir convocatorias pública para designar fiscal ni magistrado Anticorrupción, lo que quiere decir que aplica la Ley vigente donde se determinaría mediante una terna enviada por el Poder Ejecutivo.
Sin duda, esto pone en duda la independencia de dos piezas clave dentro del engranaje del SEA.
