Durante 15 días, los trigueros del valle de Mexicali han realizado acciones exigiendo la intervención de los tres niveles de gobierno para que les paguen 8 mil pesos por tonelada de trigo producida. Debido a la falta de acuerdos, esta semana tomaron la Plaza de los Tres Poderes en la capital bajacaliforniana.
Durante las protestas, evacuaron los edificios del Poder Ejecutivo, Congreso del Estado de Baja California y el Palacio Municipal de Mexicali, en el caso de los dos últimos, bloquearon todos los accesos.
Entrevistados, el tesorero del Sistema Producto Trigo, Horacio Gómez, y Ricardo Muñoz., presidente del Comité Estatal del Sistema Producto Trigo, explicaron que en 2022 el trigo alcanzó un valor aproximado entre los 9 mil y 10 mil 500 pesos por tonelada, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Sin embargo, a las tres empresas que compran esta producción en Mexicali, apoyado por el Gobierno del Estado, ambos pidieron a los agricultores reducir el precio; la oferta empezó en los 6 mil 400 pesos y cerraron en 7 mil 800 pesos, trato al que accedieron por necesidad.
No sin ates verse obligados a realizar una manifestación el 4 de mayo de 2022, sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, para exigir un pago justo.
Pero este año 2023, tres de las cuatro empresas industriales que compran el trigo de los productores del valle de Mexicali están en Baja California: Molinera del Valle, Agrovizión y La Moderna. Mientras que Bonfil lo adquiere desde San Luis Río Colorado, Sonora. Todas planean pagar menos.
Sólo les ofrecen a los productores entre 4 mil y 4 mil 500 pesos por tonelada, lo que está tres mil pesos por debajo -nada más- de lo que cuesta producir esa tonelada de trigo, aseguró Gómez.
En este contexto, que significaría pérdidas insostenibles, el 19 de abril pasado los trigueros realizaron un plantón en un tramo de la calzada Independencia, justo frente a la Plaza de los Tres Poderes. Ahí exigieron a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, intervenir con la federación -algún tipo de subsidio o negociación- para que los apoyen económicamente y alcanzar por lo menos los 8 mil pesos por tonelada. La cifra mínima que les permitiría obtener ganancias de la producción.
Los productores informaron, que en aquel momento, Ávila Olmeda se comprometió a entregarles el acuerdo por dicho precio la siguiente semana, el 26 de abril. Sin embargo, la titular del Poder Ejecutivo les pospuso la fecha en tres ocasiones, lo que provocó que el 2 de mayo, seis días después de la fecha comprometida, los manifestantes desalojaran el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y el Palacio Municipal, tomando completamente estos dos últimos.
CAMPO ABANDONADO
El pasado viernes 28 de abril, el Senado de la República aprobó en “fast track” un paquete de reformas, entre las cuales dictaminó la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Financiera Rural).
Esta se encargaba de impulsar el desarrollo del campo a través de financiamiento incluyente para productores y Mipymes, según el propio portal de la dependencia.
Al respeto, el presidente del Comité Estatal del Sistema Producto Trigo, Ricardo Muñoz, recalcó que la desaparición de la financiera representa dejar a los trigueros desprotegidos ante los empresarios, razón por la cual “…podrá llegar al punto en que México probablemente tenga que comenzar a importar trigo”, expuso.
Sin embargo, Muñoz recordó que el abandono del gobierno federal inició -y les está afectando- desde el año 2015, año en que la Financiera Rural empezó a reducir los créditos que les otorgaba.
“Estaba bien en un principio, pero de repente se empezaron a cerrar las puertas hasta que se cerraron por completo”, expresó, “…el principal argumento que daba la autoridad para rechazar las solicitudes era la falta de pago de los agricultores”: sin embargo, aseguró que todos pagaban.
El presidente estatal de los trigueros explicó que la ausencia de apoyos de la Financiera Rural los impactó de forma grave: señaló que en 2015 los trigueros cultivaron casi 120 mil hectáreas de trigo y actualmente apenas siembran cerca de 40 mil hectáreas.
El presidente de la Unión Agrícola Regional del Estado de Baja California, Enrique Sánchez León, ofreció más detalles de la crisis, revelando que cuando la Financiera Rural dejó de darles créditos, provocó que recurrieran a las parafinancieras de las empresas industriales, que sí se les otorgaron.
Sin embargo, estas parafinancieras los obligaron a firmar contratos “leoninos” que los condicionaron a comprarles fertilizantes, seguros, y a tratar de obligarlos a que les vendieran a los precios que ellos fijaron.
El año pasado, el gobierno estatal medió entre los empresarios y los agricultores para acordar una reducción de precio de cerca de 2 mil pesos por debajo del precio por tonelada estimado internacionalmente.
El 22 de marzo de 2023, los trigueros acudieron a exigir una reunión con la gobernadora para plantear una “nivelación” en el precio del trigo, puesto que los precios internacionales oscilan entre los 4 y 4 mil 500 pesos por tonelada, lo que estaba 3 mil 500 mil pesos por debajo de lo que ellos esperaban obtener.
Ese día la gobernadora no los atendió, pero las autoridades estatales les prometieron más reuniones.
Posteriormente, el 4 de abril, Ricardo Muñoz informó que si la falta de acuerdos e información por parte del Estado continuaba, tomarían el Centro Cívico.
Advertencia que cumplieron el 19 de abril, cuando los agricultores llevaron decenas de tractores y remolques frente a la Plaza de los Tres Poderes para bloquear el tránsito en la calzada Independencia.
Los manifestantes colgaron lonas de algunos remolques y tractores. En una de ellas calificaron a la gobernadora como “La Reyna del Tik Tok” (sic) y le exigieron el pago de 8 mil pesos por la tonelada de trigo.
Al día siguiente, la gobernadora difundió en sus redes sociales que se reunió con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien -aseguró- habló sobre el apoyo a los trigueros.
Sin embargo, el 24 de abril el Secretario de Hacienda del Estado, Marco Moreno Mexía, indicó que el acuerdo que la federación ofreció fue para pagarle a los trigueros sólo 7 mil pesos por tonelada. Por lo que no pudieron llevarles la respuesta de los 8 mil por tonelada el 26 de abril, primera fecha pactada por la autoridad estatal.
Tras la falta de acuerdo, la gobernadora aseguró que se reuniría con ellos el 28 de abril, pero Ávila Olmeda volvió a “patear el bote” y posponer la reunión para el 2 de mayo.
Ese día Ávila Olmeda afirmó que se acercaría a las empresas industriales para tratar de llegar a un acuerdo con ellos. Un día antes de la reunión, durante el desfile del Día del Trabajo el 1 de mayo, los trigueros se manifestaron en éste, exigiendo nuevamente el acuerdo.
Pero la gobernadora no acudió a dicho evento y en su lugar envió al secretario General de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, quien aseguró que este martes estaría listo el acuerdo a las dos de la tarde.
Pese a las reiteradas manifestaciones y haber pospuesto la reunión en dos ocasiones, la gobernadora avisó horas antes que no podría asistir, nuevamente, a dicha reunión.
Esto provocó que los trigueros decidieran evacuar los edificios del Poder Ejecutivo, Congreso del Estado y Palacio Municipal. Registrándose incluso una riña, en la que un funcionario de la Sindicatura Municipal resultó golpeado.
Posteriormente, procedieron a bloquear con sus tractores las entradas del Palacio Municipal de Mexicali y las salidas de los estacionamientos de los tres inmuebles.
Durante dicha manifestación, Catalino Zavala les anunció a los manifestantes que la reunión “ahora sí” se llevaría a cabo el jueves 4 de mayo.
EXIGEN A MÁS AUTORIDADES
Tras la toma del Palacio Municipal, la alcaldesa de Mexicali atendió el mismo día a los manifestantes, con quienes se comprometió a apoyarlos económicamente, aunque no especificó cifras.
Debido a esto, los trigueros optaron por liberar el recinto; sin embargo, el Congreso del Estado lo mantuvieron cerrado, ya que ningún legislador se reunió con ellos, incluyendo al presidente de la Comisión de Agricultura, Manuel Guerrero Luna.
La regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural del Cabildo de Mexicali, Edel de la Rosa Anaya, señaló que dichas protestas se debieron a la falta de compromiso por parte de la gobernadora.
Asimismo, comentó que deberían existir programas de apoyo para la agricultura y, en ese sentido, cuestionó dónde estaban la diputada federal Yenni Olua y el diputado local Manuel Guerrero, quienes pertenecen a las comisiones referentes a la agricultura.
Por su parte, Ricardo Muñoz señaló que los créditos federales, como los que otorgaba la Financiera Rural, deben volver.
“Que sea para el agricultor (crédito), directamente para el agricultor. Quitar intermediarios. ¿Por qué? Porque con dinero puedes conseguir fertilizante barato, semilla barata; puedes conseguir todo mucho más barato y sin intereses”, expresó.