Es notoria la mayor presencia del crimen organizado en el tráfico de personas que pasan por México, con la esperanza de llegar a la frontera con Estados Unidos y entregarse a las autoridades de Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y ser escuchados para obtener el asilo humanitario. Pese a que sólo 3 de cada 10 lo logran, la renovación del Título 8 podría propiciar el aumento de las vías clandestinas rumbo al sueño americano.
“Más tráfico de personas por el crimen organizado, en condiciones más vulnerables y de mayor riesgo puede generar también lo que tuvimos en 2021 y 2022 con el número de muertes más grande de muchos años. Sólo por el dato de muertes ya nos damos cuenta de lo crudo del escenario”, explicó Tonatiuh Guillén López, profesor universitario de Estudios del Desarrollo UNAM, que promedia tres muertes de migrantes diarios en México.
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El Título 8 obliga a todos los aspirantes de asilo humanitario a tramitar una cita mediante la aplicación CBP One, que exige un dispositivo móvil de reciente generación y conexión a internet, además de conocimientos de internet y manejo de correo electrónico. No obstante, los reportes de fallas en el uso de esta aplicación no se han resuelto desde su lanzamiento en 2020.
De acuerdo a CBP, 4 de cada 10 usuarios son rusos, dos mexicanos; el resto, de Centro y Sudamérica.
“La idea suena muy buena, la realidad no es tan buena, porque son requisitos que las personas difícilmente van a lograr cumplir, que también da pauta a este tema de los patrocinadores. Empezamos a ver páginas de Facebook donde la gente está ofreciendo dinero a personas en Estados Unidos, ofreciendo trabajo para que sean sus patrocinadores. Es decir, vamos a encontrar estos casos de esclavitud moderna, con tal de llegar a Estados Unidos, las personas están exponiéndose a este tipo de situaciones”, explicó Soraya Vázquez Pesqueira, subdirectora de Al Otro Lado.
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“Esa estrategia, junto con la de México de los retornos y la declaratoria que no fue muy positiva, sino muy hostil para las poblaciones en tránsito del Instituto de Migración de ya no dar alternativas a quienes estén aquí, genera un entorno de mayor vulnerabilidad en la población”, explicó el investigador Guillén.
“Vamos a empezar a ver a personas enfrentarse a esta entrevista del miedo creíble y, si no están preparadas, es muy difícil que alguien pase esa entrevista, vamos a ver más devoluciones o más bien deportaciones a sus lugares de origen o a México, de estas nacionalidades que se ha acordado: Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela”, enfatizó por su parte Soraya Vázquez, defensora de derechos humanos.
“No van a cumplir con este requisito de transit ban, que tienen que pedir asilo y se los tienen que haber negado en alguno de los países de tránsito. Esa es una nueva regla que va a generar que las personas que llegan a México o a la frontera se queden o la piensen, porque la consecuencia es la deportación y una sanción de prohibición de cruzar legalmente a Estados Unidos”, advirtió la subdirectora de Al Otro Lado.
Dentro de la estrategia que arropa al Título 8 está la instalación de dos módulos de atención en Guatemala y Colombia, y aunque pudiera funcionar para la reunificación familiar, el trato que el Presidente Joe Biden ha tenido hacia los latinos y con los ucranianos es notorio.
“Tienen el lado positivo, que van a ser espacios de evaluación para solicitar asilo y de reunificación familiar, lo cual es positivo. Pero en el saldo de esos mecanismos hay más rechazos y más vulnerabilidad de las personas en tránsito”, reiteró el investigador Guillén.
“La diferencia en mi opinión es la disposición del gobierno y los recursos que el Gobierno de Estados Unidos está dispuesto a poner para facilitar ese acceso y la recepción de las personas. Eso es lo que para mí define la diferencia en el trato de los ucranianos y el trato por ejemplo de los haitianos, de los mexicanos u otros países. Es lo que está dispuesto a hacer Estados Unidos”, reflexionó Monika Langarica, abogada del Centro de Litigio en Política y Migración de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
En el caso de los 300 migrantes que vivieron por varios días entre los muros que separan a Tijuana de San Diego, su caso podría verse beneficiado ante el juez de migración, debido a la negligencia de Protección Fronteriza de negar la atención humana ante su custodia por encontrarse en territorio estadounidense.
“El trato inhumano, el negar el acceso a los baños, a la comida, alojamiento muy básico, para mí no está de acuerdo con los derechos que tiene la gente”, puntualizó la abogada de la UCLA.
