Por segunda ocasión, el legendario recluso Jesús Héctor Palma Salazar “El Güero Palma” tuvo que desempacar su maleta de regreso y quedarse en una celda del penal de máxima seguridad Altiplano, al ser ejecutada en su contra una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado, dictada por un Juzgado del fuero común del Estado de Guerrero, pero supuestamente firmada por un juez de Hidalgo.
El 9 de mayo de 2023, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación, del Tercer Circuito, con sede en el Estado de Jalisco, confirmó la sentencia absolutoria -dictada por el delito de delincuencia organizada- el 30 de abril de 2021 por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Guadalajara, en la causa 6/2018, al resultar infundados, inoperantes e inatendibles los agravios planteados por el Ministerio Público federal.
Sin embargo, a las 02:00 horas del 10 de mayo, el interno, durante muchos años vinculado al Cártel de Sinaloa, fue notificado de la ejecución de una orden de aprehensión en su contra, dictada el 14 de abril de 2023 por un Juzgado de Primera Instancia de Guerrero, presuntamente firmada por un juez de Hidalgo; la cumplimenta materialmente dentro de la prisión personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
La versión es del abogado José Gabriel Hernández Rodríguez, defensor del “Güero Palma”, quien se encontraba desconcertado, pues tras obtener la orden de inmediata libertad de su cliente, que ya lleva casi 28 años tras las rejas en cárceles mexicanas y de Estados Unidos, se enteró a través de los medios de comunicación de la nueva realidad legal del sinaloense originario de Mocorito. El litigante fue entrevistado al concluir una audiencia especial en la que se denunció una supuesta extorsión de autoridades penitenciarias a Héctor Palma.
Durante la audiencia celebrada el 10 de mayo vía remota desde el Centro de Justicia Penal Federal de Altiplano y el interno dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 en Almoloya de Juárez, a través de videoconferencia, el preso Palma Salazar denunció que en 2020, funcionarios del penal de máxima seguridad, concretamente el entonces director Marte Camarena Baena, acompañado de otro sujeto que se identificó como un “fiscal”, entraron a su celda para solicitarle 6 millones de dólares a cambio de su libertad.
La audiencia fue interrumpida por supuesta mala calidad en el audio y video, por lo que el abogado Hernández Rodríguez solicitó fuese diferida para otra fecha. El profesionista tapatío expresó que la denuncia de su cliente por la presunta extorsión fue formulada desde marzo de 2023 por hechos ocurridos en el Cefereso 1 en tiempos de la pandemia y cuando le advirtieron al recluso que, de no pagar, le estarían fabricando delitos.
LA IMPUTACIÓN
La “nueva” imputación contra Jesús Héctor Palma Salazar data de hace más de 30 años, cuando en Guadalajara, Ciudad de México y Toluca, fueron secuestrados familiares y abogados del narcotraficante Miguel Félix Gallardo, ex líder del Cártel de Guadalajara, posteriormente localizados sin vida, esposados y amarrados con cables eléctricos y cuerdas en un paraje de un camino vecinal en el municipio de Iguala, Guerrero.
La alerta inició en Zapopan, Jalisco, cuando el 4 de septiembre de 1992, la señora Liliana Gaxiola Quintero informó del secuestro de su esposo José Félix López, medio hermano de Félix Gallardo, en el fraccionamiento Jardines Universidad. Horas después se conocería que a la casa de la señora Tina Gallardo, madre del capo, en Jardines del Pedregal, llegó un comando armado con unos 15 sujetos que se ostentaron como agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) para privar de la libertad a otros parientes de Miguel, los abogados y el jardinero de la familia.
Los criminales se llevaron a sus víctimas a bordo de un vehículo de carga pesada rumbo a Guerrero, donde el 5 de septiembre siguiente, fueron localizados los cadáveres de nueve personas, todos con impactos de bala y dos de ellos con el llamado “tiro de gracia” de armas de grueso calibre. Entre las personas fallecidas figuraban los abogados Federico Livas Vera y Teodoro Ramírez; así como los identificados con los nombres de José Félix López, Alberto Félix Uribe, Marco Antonio Solórzano Félix, Alfredo Carrillo Solís, Ángel Gil Gamboa, José Manuel Lenin López y Rosendo López Romero.
Las investigaciones del caso llevaron a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a señalar como autores intelectuales del multihomicidio a Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera y Jesús Héctor Palma Salazar “El Güero Palma”, quienes integraban una banda de narcotraficantes sinaloenses y ex integrantes del Cártel de Guadalajara, quienes habrían actuado por una supuesta venganza. Datos que fueron corroborados ministerialmente tras la detención de colaboradores de esos narcos tras el homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo el 24 de mayo de 1993.
En teoría, la múltiple ejecución ya se tenía por juzgada en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, donde “El Güero Palma” fue procesado a finales de los años noventa por los delitos federales de asociación delictuosa usurpación de funciones, uso indebido de insignias y siglas, así como portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, por los delitos de secuestro, homicidio calificado y robo, le fue dictado un auto de libertad.
Por los delitos del fuero federal derivados de la matanza de Iguala, Palma Salazar fue absuelto años después. Y no descartar que, por los delitos de secuestro, homicidio y robo, se haya desglosado la averiguación previa y remitido hacia el Ministerio Público del Fuero Común, por tratarse de delitos de su competencia. Indagatoria que durante más de dos décadas fue olvidada en los archiveros de la ex Procuraduría General del Estado de Guerrero.
CERCA DE SALIR
El 21 de abril del año en curso, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Estado de Jalisco confirmó un amparo anteriormente concedido por el extinto Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito a Jesús Héctor Palma para ponerlo en la antesala de la libertad, en caso de que así lo determinara el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del mismo circuito judicial al dar cumplimiento a la protección federal otorgada.
La confirmación del amparo ordenó que quedara sin efecto la resolución de segunda instancia de otro tribunal, dictada en julio de 2021, tanto por lo que ve a la reposición de procedimiento, como la orden de localizar a los testigos protegidos Javier Burgueño Urías, con nombre clave “César”, así como Marcelo Peña García, con nombre clave “Julio”, quienes declararon en contra de Héctor Palma durante la etapa de averiguación previa.
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Ese fallo de apelación impidió que “El Güero Palma” saliera del Altiplano después de que ya se había dictado sentencia absolutoria en su favor por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco y tuvo que ser reingresado al Cefereso Número 1 Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México el 13 de julio de 2021, al cumplimentarse orden de reaprehensión por personal de la Fiscalía General de la República (FGR).
El amparo concedido el 18 de febrero de 2022 y confirmado el 21 de abril de 2023 fue acatado por el juzgador de la causa, quien resolvió confirmar la sentencia absolutoria y, el 9 de mayo último, ordenó la inmediata libertad del sinaloense, sin que pudiera concretarse por el nuevo mandamiento judicial emitido por un juzgador del fuero común por el multihomicidio descubierto en Iguala, Guerrero aquel 5 de septiembre de 1992.
“El Güero Palma”, de 63 años, fue noticia recientemente el 9 de febrero de 2023, cuando fue trasladado del penal de Altiplano al Hospital General Adolfo López Mateos de Toluca, en una cita programada para una revisión médica autorizada por control judicial. Tras 40 minutos de permanencia en el nosocomio fue devuelto a prisión, en medio de un muy robusto operativo de seguridad de autoridades federales.
