Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado, advirtió, el 9 de mayo de 2023, con realizar un juicio político a los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que votaron a favor de invalidar la primera parte del llamado “plan B” electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena.
De un total de 11 ministros que integran el Pleno de la SCJN, los que votaron a favor de la invalidez fueron de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar Morales. Mientras que los sufragios en contra son de: Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
El coordinador del grupo legislativo de Morena dijo, durante su intervención en la Comisión Permanente, que las facultades de control parlamentario que ejerció la SCJN y que alegó Norma Lucía Piña Hernández, eran indebidas, y reiteró que estaba en contra de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituyera al Poder Legislativo, el cual, según afirmó, tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros.
“El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte, lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este Senado o el Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultades de citarlos a comparecer. Y tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político, en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes”, insistió Monreal Ávila.
“Yo les pido mesura a quienes defienden a los ministros de la Corte, soy partidario de la división de poderes, que quede claro, pero no aplaudo los excesos, el derroche, tampoco aplaudo el abuso y los privilegios excesivos”, señaló el ex gobernador de Zacatecas, quien, en diciembre de 2022, durante la discusión de la reforma electoral en el Senado, presentó un voto particular contra el “plan B”, tras advertir que no podía permitir que la Constitución fuera burlada.
Entre los supuestos excesos, mencionó que los ministros de la SCJN ganan sueldos de 300 mil pesos por mes, aguinaldos de casi 600 mil pesos; primas vacacionales de casi 100 mil pesos; un fondo para comer en restaurantes de lujo, de casi 80 mil pesos por mes; un comedor especial en donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas; así como un presupuesto de 5.5 millones mensuales para contratar personal y dos vehículos blindados, con valor acumulado de 6 millones de pesos, que se renuevan cada dos años, y pueden llevarse a sus domicilios particulares.
Cuestionado por Carolina Viggiano Austria, diputada del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), respecto a qué tenían que ver los privilegios de los ministros con la resolución de invalidar la primera parte del llamado “plan B”, Monreal Ávila aseguró que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) estaba instalada una “casta llena de privilegios”, que van en contra de la austeridad
“¿No les ofende esto? Les pregunto. Es increíble que no tengan la sensibilidad hacia afuera, hacia la gente que sufre, que no tiene salud, que no tiene para comer, que no tiene salud suficiente. ¿Cómo pueden seguir aplaudiendo como focas una decisión del Poder Judicial, que afecta la credibilidad de un pueblo y que aleja a un poder fuera de la realidad?”, respondió el coordinador del grupo legislativo de Morena en el Senado.
El también ex delegado de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, aseguró que en Morena velaban por la austeridad, mientras que la oposición aplaudía los lujos y los privilegios de “mafias y élites del poder”. También se dijo a favor de modificar el método de elección de los ministros, para que sean designados mediante elección directa y anunció que tiene lista una iniciativa que propone que quien preside la SCJN, no lidere, al mismo tiempo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
