El 2 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta del Senado la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a nombre de los Senadores de la Republicade la LXV Legislatura del Congreso de la Unión y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un Acuerdo de la JUCOPO el 27 de abril de 2021 para crear un grupo de trabajo de justicia cotidiana y así redactar el proyecto para la expedición del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Esta nueva legislación consta de diez libros, 1191 artículos y 20 disposiciones transitorias. El mismo previene ajustes de procedimiento para personas que pertenecen a grupos que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad; se incorporan medidas de protección en materia de violencia de género y se incorpora un apartado en materia de procedimiento de adopción; asimismo, en las disposiciones transitorias se establece la creación de una comisión en el ámbito de la Secretaria de Gobernación y una plataforma eléctrica entre otros aspectos.
Dentro de los aspectos a destacar del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se encuentran: a) La implementación de la oralidad y metodología en los procedimientos; b) Aprovechamiento de las tecnologías de la información en los procedimientos; c) Favorecimiento de los medios alternativos para la solución de controversias; d) La incorporación del Juicio Oral Sumario; e) Diseño de un procedimiento para decretar las medidas cautelares en dos fases; y f) Participación de los fedatarios Públicos en diversos procedimientos.
Los títulos de los libros son los siguientes: Libro Primero “Del Sistema de Impartición de Justicia en Materia Civil y Familiar”; Libro Segundo “Procedimiento Oral Civil y Familiar”; otros libros son “De la Justicia Familiar”; “De los Juicios Universales”; “De los Recursos”; “De la Justicia Digital y la Cooperación y Procesos Internacionales”.
Es el caso que dentro de cuatro años -que como plazo máximo establece el decreto- todos los poderes judiciales de las diversas entidades del país se verán obligadas a implantar el nuevo Código Nacional con el traslado a la oralidad, y por supuesto, la digitalización de los conflictos que se susciten entre particulares.
Es bien claro que los juicios civiles y familiares representan la mayor carga de trabajo para todos los poderes judiciales de los diferentes estados, lo interesante es que para la implementación del sistema penal se dieron ocho años de plazo, y tratándose de la implementación en el área civil y familiar el plazo es de solo de cuatro años, lo que representa un gran reto, ya que ninguna entidad del país cuenta con salas apropiadas para llevar a cabo los procedimientos conforme indica la nueva legislación.
Tomemos un botón de muestra: los Juzgados Civiles y Familiares del Estado de Baja California, que en total son 26, y con locales sin espacio, sin orden, sin limpieza, y en donde todavía hoy muchas audiencias se llevan sin que abogados y testigos puedan tener la oportunidad de estar en una Secretaría de Acuerdos, so pretexto de la pandemia; incluso, en los juicios sucesorios, cuando usted solicita una junta de herederos para designar un albacea, hay juzgados civiles que dicen que no se puede llevar a cabo la misma por razón de las condiciones de salubridad y que los herederos deben de emitir su voto por escrito.
Desde luego que como ocurrió en materia penal para la implementación del sistema acusatorio, los jueces y secretarios de acuerdos deberán de recibir una estricta capacitación que les permita tener la calificación óptima para poder desarrollar una audiencia en el sistema oral. No existe una sola sala en el Estado que tenga a este personal calificado, que posea el espacio suficiente para que en la sala de juicio se encuentren actor y demandado, testigos, peritos, dentro de otros; y como una de las características que tendrá el sistema será el de la publicidad, ello implica que deberá haber los espacios suficientes para que cualquier ciudadano o familiares de las partes estén en la sala de juicio viendo cómo se desarrolla la audiencia respectiva.
Benigno Licea González es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
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