Mientras Luis Edgar Herrera “El Tolín Infante” y/o “El T”, pretendía salir pronto de prisión y no ser deportado a Estados Unidos, su país de nacimiento, pues sólo se encontraba procesado por portación de arma de fuego de uso de las Fuerzas Armadas, el Gobierno de la Unión Americana solicitó formalmente su extradición para juzgarle por delitos cometidos del otro lado de la frontera; sin embargo, el presunto narcotraficante obtuvo la suspensión provisional de un juicio de amparo para no ser entregado sin antes ser oído y vencido legalmente.
En el interior del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 13 CPS Oaxaca, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, “El Tolín”, que también utiliza los nombres de Héctor Eduardo Infante, Luis Héctor Herrera y/o Luis Sánchez Sánchez, fue notificado de la petición formal de extradición internacional por parte de autoridades norteamericanas mediante nota diplomática 23-0693 formulada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), misma que fue retransmitida al director general de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República (FGR), para que por su conducto se hiciera Ilegal al juez de Control.
Calificada y admitida la petición del gobierno extranjero, en la Sala Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el juez de Control desahogó la audiencia correspondiente y decretó la detención formal de extradición internacional y la medida cautelar de prisión preventiva en contra del hombre originario de Chicago. De inmediato, en su calidad de imputado, Luis Edgar Herrera presentó una demanda de amparo y obtuvo la suspensión provisional que previene cualquier extradición prematura.
El juicio de amparo iniciado en un Juzgado de Distrito de Oaxaca tiene como autoridades señaladas como responsables al Presidente de México; a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; al secretario de Relaciones Exteriores; al secretario de Gobernación; al director general de Procedimientos Internacionales de la FGR; al director del Diario Oficial de la Federación; y al juez de Distrito Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de juez de Control. Como tercer interesado se menciona a los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a las direcciones de Procedimientos Internacionales y de Extradiciones de la FGR.
En el caso del Presidente se le reclama la suscripción del Tratado Internacional de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América, firmado el 4 de mayo de 1978 y la orden de publicación. Del Senado, secretario de Gobernación y director del DOF, se alega la aprobación, ratificación, promulgación y publicación de dicho tratado el 23 de enero de 1979. De la cancillería, el acto de promulgar el tratado mediante decreto publicado el 26 de febrero de 1980 y la calificación y admisión de la petición formal de extradición de “Tolín Infante”. Del resto de autoridades, la detención formal de extradición internacional.
Sobre la solicitud de suspensión provisional del quejoso, el juzgador resolvió negar la medida por lo que hace a la emisión del acto, pues este se encuentra consumado; y con relación la ejecución del acto reclamado, la protección parcial le fue concedida a Luis Edgar Herrera “para el efecto de que no se ejecute la orden de extradición y mientras se falle el amparo en lo principal, el quejoso quede a disposición de este Juzgado, en donde se encuentra recluido, en lo que se refiere a su libertad personal y a disposición del juez responsable para la continuación del procedimiento de extradición”. Al menos hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva en audiencia incidental reprogramada para el 24 de abril.
Considerado un importante narcotraficante que operaba para “Los Rusos”, Héctor Eduardo Infante fue detenido el 2 de julio de 2022 tras ser agredido a balazos al salir de un centro comercial en Rosarito. Uno de sus hijos menores que le acompañaba resultó herido de un tiro. En Baja California fue vinculado a proceso sólo por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y no existe otro cargo. El 7 de julio siguiente, el Gobierno de Estados Unidos informó que tenía orden de captura contra “El Tolín Infante” por conspiración por distribución de metanfetamina, pero no se había solicitado la extradición.
El 17 de octubre del año pasado, el hombre, que se encontraba recluido en la Penitenciaría de Tijuana fue trasladado al penal federal de máxima seguridad en Oaxaca, donde Josefina Herrera, familiar de “Tolín”, tramitó de inmediato dos demandas de amparo en favor de Luis Edgar Herrera, al parecer nombre verdadero del quejoso: una en contra de una posible orden de extradición, destierro o deportación; y la otra, por supuestos actos de incomunicación, segregación y malos tratos en el Cefereso Número 13.
A su arribo al penal federal oaxaqueño, Herrera no la pasó nada bien, pues, según uno de los juicios de garantías, resultó positivo a COVID-19, por lo que ameritó ser trasladado a la Unidad de Ingreso Uno (UI1), a donde son remitidos los enfermos de coronavirus por protocolo de seguridad de ese centro penitenciario. El reclamo del presunto matarife era en el sentido de que sufría ataques a la integridad física, incomunicación, tormento, segregación y malos tratos por carecer de atención médica y de medicamentos. También se quejaba de que las autoridades penitenciarias negaron acceso a personal médico externo para que certificara su estado de salud. Ambos amparos sobreseyeron.
