Los trabajos de pavimentación a cargo de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM) que se ejecutan en la calle Manuel Márquez de León, sacaron a la luz sistemas de almacenamiento de agua que fueron colocados bajo tierra en la vía pública, situación que ha desencadenado una serie de investigaciones en contra de un negocio de venta de uniformes en la zona.
De acuerdo con la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, las cisternas se descubrieron cuando los trabajadores se percataron que se reducía el espacio de maniobra para la remodelación de banquetas.
Estaban en espacios que se tienen considerados para peatones, sin embargo, no se ha confirmado desde cuándo fueron enterrados en la vía pública, a un lado del establecimiento comercial.
En este sentido, la presidenta municipal recalcó que la infraestructura hidráulica instalada en vía pública lacera el ordenamiento del territorio por lo que ordenó las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.
Sobre este tema, el director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS), Mario Gálvez Gámez, mencionó que, tras la exhibición del caso, llevaron a cabo una serie de revisiones constatando que, además de las cisternas clandestinas, había dos tomas instaladas.
Con respecto a lo que compete a Agua Potable, se tiene que revisar la situación de las tomas para corroborar si han estado pagando regularmente los derechos que les corresponden de acuerdo a sus consumos.
“Yo quiero precisar que hasta el día de hoy yo tengo conocimiento sólo de dos cisternas. Obviamente no es menor el tema, no es que yo quiera disminuirlo; es un tema que debe esclarecerse y debe resolverse”, dijo.
Hizo hincapié en que la irregularidad principal parte del hecho de que estas instalaciones hidráulicas se encontraban invadiendo la vía pública cuando deben estar dentro de los predios.
“No podemos extender ni las construcciones ni las instalaciones de una edificación hacia la vía pública; desde ahí hay una situación irregular”, reiteró.
Señaló que, de acuerdo al artículo 139 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, existen dos faltas que pueden atribuirse al comercio en cuestión si se comprueba su responsabilidad: una el tener cisternas clandestinas y el otro sería alterar las instalaciones de una toma de agua potable.
La ley establece multas económicas de entre 5 a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por alteración de instalaciones hidráulicas.
“Hasta ahorita yo no pudiera decir… yo presumo que es agua que utilizan en los negocios. No veo que haya alguna actividad diferente, al menos a simple vista no se aprecia una actividad distinta. Supongo que es agua que usan; esto es un supuesto y que lo aclararán en los procesos que lleva el personal”, enfatizó.
Aclaró que el negocio sí está al corriente con los pagos del servicio de agua potable, por lo que deberán esclarecer si en realidad pagaban por todo el volumen del vital líquido que se les ha suministrado.
Con respecto a cómo se logró instalar estas cisternas debajo de espacio para peatones sin que las autoridades hayan tenido un registro previo, expuso que eso se definirá en las investigaciones.
Por último, aseguró a la ciudadanía de La Paz que la investigación será expedita y garantiza que no habrá impunidad.