Los temores de un levantamiento similar al de hace ocho años en San Quintín se avivaron la madrugada del martes 2 de mayo en Maneadero, con un bloqueo de la Carretera Transpeninsular que provocó caos, violencia y hartazgo de miles de ciudadanos que vieron afectadas sus actividades.
Las demandas de los 70 jornaleros: pago de 500 pesos por jornal, pago de vacaciones, prestaciones, utilidades; en general, mejores condiciones laborales en ranchos agrícolas, principalmente de Maneadero.
El cierre de la vía que comunica el norte de Baja California con el resto de la Península duró alrededor de cuatro horas, tiempo en que la autoridad fue omisa al permitir la quema de señalamientos, llantas y agresiones contra automóviles, entre ellas un microbús apedreado con varios pasajeros a bordo.
Los agentes municipales se limitaron a observar el actuar de los manifestantes y montar un operativo de tránsito en los semáforos cercanos para tratar de desahogar Avenida Reforma. Hasta la tarde del martes, la Fiscalía General del Estado no tenía denuncias por estos hechos.
Desesperados por el bloqueo, un grupo de automovilistas y vecinos de la zona confrontaron a los manifestantes para exigirles liberar la vía o retarlos a golpes, ante la mirada de las autoridades; “Pueblo contra pueblo no”, lanzó el líder de los jornaleros al ver que la situación se estaba saliendo de control.
La movilización de inconformes inició el lunes 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo; esa fecha se registró un primer bloqueo en la “Y” de Maneadero, pero transcurrió de manera pacífica.
De acuerdo con los manifestantes, el secretario del Trabajo, Alejandro Arregui, los atendería a las 05:00 horas del martes 3 de mayo.
No obstante, la legitimidad del movimiento fue puesta en duda cuando apareció en escena el regidor independiente Miguel Orea Santiago, quien durante los momentos más álgidos no figuró, sino hasta que llegó el secretario del Trabajo y la carretera se había liberado.
PROFESOR FEDERAL ENCABEZA PROTESTA
Abraham Alvarado, profesor federal perteneciente a la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fue uno de los liderazgos más visibles durante la protesta, haciendo uso de la voz con micrófono y bocina a bordo de un vehículo.
Según su versión, el acuerdo era que el secretario del Trabajo los atendiera personalmente a las cinco de la mañana en Maneadero, por lo que decidieron hacer el bloqueo al no tener respuesta; en entrevista, Arregui negó este acuerdo.
Entre los manifestantes exigieron que el pago para los trabajadores que son recogidos en el lugar conocido como “El Control” sea de 500 pesos diarios.
“El Control” es un lugar donde todos los días se juntan jornaleros para salir a trabajar en la madrugada a diferentes ranchos, pero sin ser propiamente eventuales, ya que no median contratos ni nóminas; es decir, trabajan bajo la figura conocida como “saliendo y pagando”.
CIUDADANOS ABRIERON CARRETERA A LA FUERZA
Poco antes de las diez de la mañana, tras casi cuatro horas de bloqueo, ciudadanos bajaron de sus carros y comenzaron a tratar de llegar a un acuerdo con los manifestantes; la propuesta era que liberaran la carretera durante una hora y, si en ese periodo no llegaba el secretario Arregui, la volvieran a bloquear.
Al no haber acuerdo, los ciudadanos confrontaron al delegado de la Secretaría General de Gobierno en Ensenada, Julio Felipe García Muñoz, quien infructuosamente trataba de solucionar el conflicto mediante el diálogo.
“Ustedes son los culpables”, les espetó a gritos, de frente, una mujer, mientras otra acusaba que le estaban pidiendo 500 pesos por dejarla pasar.
Otro pequeño grupo de automovilistas y un vecino de la zona enfrentaron a los manifestantes y se retaron a golpes.
Raúl Chacón, vecino de la zona, cuestionó la permisividad de las autoridades ante un pequeño grupo de manifestantes, al grado de trastornar la única vialidad que conecta Norte-Sur, así como las actividades de miles de personas.
“De por sí es un tramo complicado por la ampliación de la carretera, nos provoca tráfico pesado todo el día, con esta situación la gente está irritada. Desgraciadamente no entendemos cómo las autoridades permiten esto, en la mañana había autoridades escoltando a la gente manifestante, hicieron vandalismo, dañaron negocios, quebrando vidrios de carros, grafiteando, incendiando llantas”, dijo después de remover barricadas y permitir el paso de los vehículos.
HAY ENGANCHADORES IDENTIFICADOS: ARREGUI
Al llegar al sitio, el secretario del Trabajo, Alejandro Arregui, ofreció a los manifestantes escucharlos y atenderlos uno por uno, con nombres, apellidos y empresas señaladas.
Entre los ranchos que le mencionaron se encuentran Rancho Mendoza, Agrovalle, Los Árabes, Cárdenas, Vegens, Viva Orgánica, El Paso, Rancho Silva, Valle de las Palmas, Rancho Cardozo y Roma Farms.
En entrevista, el funcionario estatal dijo haber escuchado los diversos planteamientos de un grupo de 70 personas para iniciar los procesos de revisión en dichos ranchos, tales como no pago de horas extra, vacaciones, reparto de utilidades y otros.
“También fui claro: hay un grupo identificado de enganchadores que tiene acuerdos con mayordomos y pseudo líderes para llevarlos a determinados campos agrícolas, evitando así el pago de sus prestaciones, saliendo y pagando, una práctica que vulnera la esfera jurídica de los trabajadores” recordó.
“De antemano los trabajadores saben que no pueden hacer exigible sus derechos a la autoridad bajo la figura de saliendo y pagando, saben que es bajo las condiciones de no seguridad social, sin contrato, sin prestaciones, sin documentación ni nóminas formales”, agregaría.
Adelantó que se dará vista a la Fiscalía General del Estado porque esta situación puede configurar la comisión de un delito como trata de personas, delincuencia organizada o lo que resulte.
Puntualizó que, a diferencia de los trabajadores eventuales que tienen contrato bajo la Ley, los jornaleros en modalidad saliendo y pagando consienten esa situación.
De las revisiones a los ranchos, comentó que hay alrededor de 50 carpetas de inspección abiertas en ranchos agrícolas de San Quintín, San Vicente, Punta Colonet y Maneadero.
Una vez al mes, agregó, toda la fuerza de inspección estatal y federal se constituye en ranchos agrícolas para hacer revisiones; reconoció que sigue habiendo algunas violaciones a los derechos de los jornaleros.
Tras reprobar la violencia en la manifestación, pidió “no dejar que los liderazgos construyeran una narrativa a partir de la falsedad”, ya que no se pueden tratar en lo general temas particulares, es decir, sobre trabajadores con nombre y apellido.
Sostuvo que, ya hablando con los manifestantes, muchos acudieron con la promesa de un pago, a la vez de negar haber sido convocado a una reunión a las cinco de la mañana y conocer al representante visible, el profesor Abraham, o haber hablado antes con el regidor Miguel Orea.
CONSEJO AGRÍCOLA DICE TRABAJAR EN LA LEGALIDAD
Walberto Solorio Meza afirmó que tanto las empresas como los empleados que integran al Consejo Agrícola de Baja California (CABC)son auditadas por las autoridades federales y estatales de manera periódica, sustentando la legalidad en que se desarrolla su actividad, donde además tienen libertad sindical; esto es, pueden colaborar con el sindicato que consideren pertinente y que forma parte de la planta productiva de las empresas.
Además de ofrecer todas las prestaciones de Ley, en el CABC se pagan los salarios establecidos por la autoridad, “ni un peso menos”, dijo.
Explicó que en los contratos de empresas que integran el Consejo con empresas del extranjero, por cláusulas específicas, para poder ser proveedores, “tenemos que cumplir con todas leyes establecidas desde la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y los organismos laborales internacionales”, rechazando todo acto de violencia contra los trabajadores agrícolas, así como contra la sociedad en general.
Reconoció el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la manifestación, siempre y cuando no se atente contra los derechos de terceros.
En los últimos años, dijo, la comunidad de Maneadero ha vivido una etapa de altísimo desgaste por los temas de movilidad, incluso algunos han perdido su trabajo por las demoras en los tiempos por los trabajos que se llevan a cabo en ese tramo, por lo que acentuar la problemática con bloqueos ha generado graves complicaciones a miles de familias de la zona.
En el mismo sentido, a través de redes sociales, el Ejido Nacionalista Sánchez Taboada calificó como muy lamentable que un grupo de delincuentes se apodere y secuestre la principal vía que comunica al resto de la Península. “Gente de trabajo que se ve imposibilitada para seguir día a día luchando para salir adelante con el esfuerzo de su trabajo, y un grupo de delincuentes que jamás han trabajado ocasionan un daño tan grande a tantas familias y trabajadores en general”, resume el posicionamiento.
Por su parte, el alcalde Armando Ayala declaró que, si bien se respeta la libre manifestación, son reprobables los actos violentos contra usuarios del transporte público y otros sectores de la población. Las inconformidades del sector agrícola deben ser atendidas, ya que algunas empresas cometen diferentes tipos de abusos contra los trabajadores, entre estos la falta de pagos o prestaciones.
“Los bloqueos son para llamar la atención, pero siempre apostaremos por la paz social y el diálogo abierto”, afirmó el presidente municipal, añadiendo que es necesario instalar una mesa de diálogo entre Federación, Estado y Municipio para que ellos sean escuchados.
Ayala insistió en que la violencia no es la vía correcta, sin embargo, las autoridades competentes harán lo propio contra quien o quienes resulten responsables de los daños a un microbús.
“Estamos trabajando mucho para mejorar la seguridad y no perder la paz social. Quienes promuevan o inciten a la violencia deben ser conscientes de sus actos, y tendrán que asumir las consecuencias”, advirtió el munícipe.
